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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto a la exconsejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente Adela Martínez-Cachá, del Partido Popular, y al ex director general del Agua Andrés Martínez de los delitos de prevaricación administrativa y ambiental por la realización de obras de emergencia en el paraje protegido del Carmolí para derivar aguas desde la rambla del Albujón a la Red Arco Sur Mar Menor. El objetivo era reducir la contaminación del Mar Menor por nitratos.
En una sentencia notificada este jueves a las partes, la Sala concluye que los hechos juzgados no son constitutivos del delito de prevaricación administrativa que postulaban la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por Ecologistas en Acción y que invocaba la modalidad de continuidad delictiva. Tampoco ve delito de prevaricación ambiental, propuesto como alternativa. El Ministerio Público y los ecologistas sostenían que los trabajos fueron realizados por la Comunidad Autónoma sin la obligatoria evaluación ambiental previa. Y solicitaban una pena de inhabilitación para empleo y cargo público de hasta doce años.
La Sala, cuya decisión puede ser recurrida, sostiene que la actuación de los acusados carece de «los necesarios e indiscutidos sesgos de relevancia penal»; que la obra, «como medida para paliar la extrema situación en que se encontraba el Mar Menor, se vislumbraba como perfectamente válida e idónea»; y que «resulta discutible» que las obras «precisaran de una previa evaluación ambiental».
Asimismo, resalta que «resulta plenamente acreditada la previa emisión de un relevante, extenso y nítido informe favorable» de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (Oisma). Sus condicionantes sobre el espacio protegido del humedal del Carmolí se cumplieron.
La exigencia de la evaluación ambiental previa, dice la Audiencia, parte de la premisa cuestionable de que el tratamiento de los caudales sería única y exclusivamente la desalación en la Comunidad de Regantes Arco Sur Mar Menor, en el municipio de Cartagena. Y sobre la exconsejera, asegura que «en modo alguno podría serle atribuida subjetivamente» el delito imputado, pues se limitó a admitir la propuesta de la Dirección General del Agua. Esta iba precedida de los informes de dicho organismo y de la Oisma. Esto exculpa también a Martínez Francés.
Los magistrados recuerdan que en la primavera de 2016, con Pedro Antonio Sánchez como presidente regional, la laguna estaba «en una situación muy complicada», por la eutrofización o exceso de nutrientes. Se «generó una general preocupación» en las administraciones con competencias.
Una de las causas de la llamada 'sopa verde' era «la entrada de nutrientes y agua dulce a través de la rambla de El Albujón», indica la Audiencia. Y agrega que la Consejería requirió a la Confederación Hidrográfica del Segura para que adoptara las medidas precisas para eliminar de inmediato la contaminación de la masa de agua de la rambla y que la Dirección General encargó una memoria valorada de su tubería. Esta costó 1,7 millones de euros y se instaló entre agosto y diciembre de 2016, pero ante el proceso judicial nunca fue puesta en servicio.
En declaraciones a LA VERDAD, Martínez-Cachá resumió así cómo se sentía por la sentencia: «Feliz es poco. Hoy he despertado de una pesadilla». «Andrés y yo, junto a toda la Consejería, solo buscamos soluciones urgentes y viables, nunca caprichosas, ante una situación límite: la 'sopa verde'. Solo nos movió el interés público y aunque todo el mundo tenía dudas, no actuamos a lo loco, sino valorando las actuaciones y basándonos en lo que nos decían los técnicos».
La exconsejera mostró su respeto a la Fiscalía, pero comentó que su acusación «es difícil de comprender». Lamentó que su presencia pública «se cortó de raíz». «Tuve que reinventarme con una empresa de ingeniería agrícola que acredita el cumplimiento de la normativa ambiental [de la cuenca del Mar Menor] en el Campo de Cartagena», dijo. Sobre su posible vuelta a la política, señaló: «No descarto nada».
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