Abren juicio a la alcaldesa de Puerto Lumbreras por la presunta ampliación ilegal de una granja

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, se sentará en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial, como presunta autora de un delito continuado de prevaricación administrativa por haber permitido la ampliación de una granja porcina con unas obras que carecían de licencia urbanística. Tras cuatro años de investigación, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Lorca ha acordado la apertura de juicio oral contra la regidora, del Partido Popular, y contra la empresa Juan Jiménez García S. A. U., procesada por un delito contra la ordenación del territorio y urbanismo por supuestas irregularidades en una explotación situada en el paraje de El Campillo.

En un auto dictado el 26 de febrero, y contra el que no cabe recurso, el titular del juzgado, Pedro José López, ordena el envío de las diligencias a la Audiencia Provincial. Y recuerda que la Fiscalía acusa a la empresa por el citado ilícito y pide que se le imponga una multa de 600.000 euros y la suspensión de su actividad durante dos años. El Ministerio Público no acusa a la alcaldesa, que lleva en el cargo desde 2013; y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se adhiere a esta postura, por lo que también dirige la acción penal solo contra la empresa ganadera.

«Se mantienen incólumes, a entender de este instructor, los indicios racionales de criminalidad que se objetivaron contra los investigados en el Auto de continuación del procedimiento abreviado de fecha 24 de abril de 2024«, expone el magistrado en su resolución, a la que ha accedido LA VERDAD. E insta a las partes presentes en el procedimiento penal a formular en el plazo de cinco días un escrito de conformidad o disconformidad con esta decisión.

En su auto de procesamiento, que ahora se confirma, el juez sostuvo que la alcaldesa «omitió la realización de las inspecciones debidas en la zona donde se llevó a cabo la construcción». El magistrado explicó que la propia arquitecta municipal reconoció, en su declaración, que nadie se encargó de ello. «Era responsabilidad de la alcaldesa», incide el auto, «poner los medios necesarios para que la misma tuviera lugar y no lo hizo».

El instructor hizo hincapié, asimismo, en que consta que Túnez tuvo conocimiento de la construcción, pues existía una denuncia y el expediente se inició a su instancia. Remarca, no obstante, que ese expediente caducó «debido a su pasiva actitud». El juez explicó que el técnico que debía responsabilizarse de ese expediente se marchó por traslado y que, pese a contar con personal suficiente para suplir a este trabajador, esa sustitución no se produjo. «Puede decirse», remarca el juez, «que dicho expediente caduca porque lo deja caducar».

Túnez fue imputada por consentir supuestamente que caducara un expediente sancionador del Ayuntamiento por falta de licencia urbanística contra Juan Jiménez García SAU y que se tuviera que iniciar otro, donde además se rebajó el importe de la multa en 400.000 euros.

En noviembre de 2023, Túnez declaró en el juzgado que cuando los técnicos le informaron de la situación de la granja se pusieron todos los mecanismos en marcha para atajar el problema. Añadió que el expediente sancionador caducó por la salida de un técnico, aunque la persona que lo relevó fue designada cuatro meses antes de expirar el procedimiento.

Las instalaciones, que acogían a unos 10.000 cerdos, fueron agrandadas con el objetivo de albergar 60.000, según los hechos sostenidos por Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular. Es una «alteración sustancial» de las condiciones de la granja y de la licencia con la que podía contar en origen.

En un informe, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil concluyó que las obras de ampliación se llevaron a cabo sin licencia urbanística. Los agentes remarcaron que las instalaciones tienen seis naves y que solo dos de ellas constaban en el registro regional de explotaciones porcinas (REGA). Y apuntaron que la reforma de las balsas de purines se hizo ocupando zonas de protección de un cauce público sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Ecologistas en Acción acusa a Túnez de un delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio por permitir una ampliación irregular. El colectivo naturalista, representado por el abogado José Manuel Muñoz, reclama que se imponga a la regidora doce años de inhabilitación especial para cargo público por un presunto delito continuado de prevaricación, así como una sanción de 600.000 euros a la compañía por un delito contra la ordenación del territorio.

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