El Partido Socialista recurre en el Constitucional la ley de simplificación administrativa

La ley de simplificación administrativa de la Región de Murcia acaba en el Tribunal Constitucional. El PSOE interpuso ayer un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo tercero, dos disposiciones transitorias, así como dos párrafos de la disposición derogatoria de la ley de medidas urgentes para reactivar la actividad empresarial y el empleo mediante la liberalización y supresión de cargas burocráticas. Esta, de carácter transversal, fue impulsada por el Gobierno regional como decreto ley en abril de 2016, fue convalidada en la Asamblea Regional un mes más tarde con el compromiso de convertirla en proyecto de ley y, finalmente, fue aprobada en noviembre del mismo año con los votos a favor del PP y de Cs.

Como avanzó el diputado socialista Alfonso Martínez Baños durante la tramitación en la Asamblea Regional, los asesores legales del PSOE interpretan que la nueva norma supone una «modificación sustancial del régimen jurídico de protección del medio ambiente» al prescindir de informes legales, ambientales y de salud pública que la respalden. Entre otros cambios significativos, el recurso destaca la alteración de 84 artículos de la ley de Protección Ambiental Integrada.

Los letrados del Partido Socialista insisten en que contiene «infracciones manifiestas» constitucionales, fundamentalmente porque no se garantiza el principio de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, establecidos en el artículo 9.3 de la Carta Magna española.

«Lo que cuestionamos es que no se puede establecer por medio de criterios estrictamente políticos cuáles son las actividades que tienen un perjuicio o no para el medio ambiente. Hemos aprobado una ley que no lleva informes del Consejo Jurídico ni tampoco del Consejo Económico y Social, ni de ningún técnico; tampoco recoge en sus anexos cuáles son las actividades que están sujetas a la declaración responsable y cuáles a la licencia de actividad sin más informes», destacó Martínez Baños. El diputado puso como ejemplo de desregulación que un empresario puede abrir una granja porcina de mil cabezas con una simple declaración responsable de que esa actividad no perjudica al medio ambiente. «Y eso debe estar justificado con criterios técnicos», opinó.

Dudas en casos de silencio

El PSOE también cuestiona un apartado del artículo tercero de la ley de simplificación que establece que el silencio administrativo será positivo para el solicitante de una licencia si transcurrido el plazo máximo de seis meses para que una administración resuelva y notifique su resolución no lo haya hecho. Los letrados de Ferraz interpretan que debe ser todo lo contrario cuando se trata de actividades peligrosas para el medio ambiente, según la ley de Procedimiento Administrativo. Esa falta de coincidencia entre la regulación autonómica y la estatal afecta también al principio de seguridad jurídica.

«Evidentemente hay una contradicción importante. Pero lo más preocupante son las modificaciones de la ley de Protección Ambiental porque entendemos que, básicamente, provoca una desregulación en nuestra comunidad: antepone los intereses económicos a los ambientales. Y los recursos naturales no son inagotables», advirtió Martínez Baños.

El parlamentario regional teme que la nueva ley de simplificación administrativa termine amparando «desastres» como el del Mar Menor, que «está como está porque en su día se derogó la ley que lo protegía y no ha habido regulación. Al final cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana y cuando le ha dado la gana. Es lo que ahora pretendemos evitar», aseguró.