El juicio a los policías de Cala Cortina arrancará el 3 de octubre y durará un mes

El comienzo del juicio contra cinco policías nacionales de Cartagena, acusados de la supuesta detención ilegal y homicidio de un vecino del barrio de Las Seiscientas, ya tiene fecha: el próximo 3 de octubre. Ese es el día en que, según acaba de decidir la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, arrancará una vista oral que durará previsiblemente un mes, se celebrará con jurado popular y para la que ya han sido citados, además de los cinco acusados, un total de 63 testigos, entre ellos 31 agentes de las fuerzas y cuerpor de seguridad del Estado, y 33 peritos, repartidos entre agentes de la Policía Científica, forenses, neurocirujanos, técnicos de laboratorios de toxicología y biología, entre otros especialistas que deberá arrojar luz sobre las causas de la muerte de Diego Pérez, cuyo cuerpo fue hallado flotando en Cala Cortina en marzo de 2014.

El Ministerio Público reclama un total de 100 años de prisión (veinte para cada uno) alos cinco policías encausados, como presuntos autores de sendos delitos de detención ilegal y homicidio, mientras la acusación particular eleva la petición hasta los 120 años.

Según el relato de hechos ofrecido por el fiscal en su escrito de calificación provisional, todo comenzó a las 4.35 horas de la madrugada del 11 de marzo de 2014, cuando Diego Pérez, de 43 años, vecino de la calle Estanislao Rolandi de Cartagena, telefoneó al 091 para solicitar auxilio policial, ya que estaba asustado por las supuestas amenazas de unos individuos. Este hombre, que vivía solo, estaba afectado por una esquizofrenia paranoide y un trastorno de afectividad, por lo que se hace difícil establecer si las amenazas eran reales o imaginadas.

A las 4.39 horas siempre según el relato del fiscal, la Sala del 091 envió a los agentes José Carlos Mateos Luján y Gregorio Javier García Miras (fallecido meses después en prisión), a bordo del vehículo policial Z-54, así como a sus compañeros José Antonio Costas Guerrero y José Luis Solano Albaladejo, que patrullaban en el Z-57. Hasta el lugar se desplazaron también los policías Rubén Manuel Forné Navarro y Raúl Aguado Rodríguez, con el patrulla Z-56, pese a que en este caso "ni habían sido comisionados por la Sala ni había causa justificada para su presencia".

El servicio finalizó cuando condujeron a Diego Pérez a Cala Cortina y ya nada volvió a saberse de este hombre hasta que su cadáver fue hallado dos semanas más tarde flotando en la playa. El fiscal considera que los policías, "con ánimo de atentar contra la vida de Diego o asumiendo esta posibilidad, y aprovechándose de su superioridad numérica y física y del aislamiento del lugar a esa hora, que disminuían las posibilidades de defensa o auxilio de Diego, procedieron a propinarle golpes, causándole la muerte por rotura de las vértebras del cuello. A continuación arrojaron el cadáver al mar desde algún punto de la bahía".