Diálogo de sordos entre los peritos

Podría sostenerse que una de las pocas conclusiones a las que ayer se llegó en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a partir de las manifestaciones de cinco peritos, es que los seis millones que la Consejería de Cultura concedió en 2006 para construir el Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras se gastaron en las obras. Pero ni tan siquiera. «Que se hayan facturado seis millones de euros no quiere decir que las obras realizadas valgan ese dinero; dependerá de cuánto se hayan inflado las facturas, del precio al que pongas cada ladrillo...», venía a advertir más tarde uno de los letrados de la acusación particular, Ginés Ruiz Maciá, que representa a Podemos, al término de la comparecencia de los técnicos del 'caso Auditorio' -cuatro contratados por las defensas y otro designado por la Fiscalía- que ayer fueron citados para ratificar sus informes.

Claro que esa era solo la opinión de una de las partes, que en absoluto tenía por qué coincidir -ni por supuesto lo hizo- con la del resto, y mucho menos con las de los abogados de las defensas. «Ha sido una prueba muy intensa y muy interesante y, en mi opinión, claro que se han sacado conclusiones», señaló Francisco Martínez-Escribano, letrado del principal sospechoso de este procedimiento, el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez. No quiso el abogado, sin embargo, entrar en más detalles acerca de lo que se había sacado en claro. «Cada uno obtendrá sus propias ideas. Pero yo parto de la base de que cuando un perito emite un informe es porque está convencido de ello, por lo que es lógico que ratifique sus conclusiones. Creo en la bondad de todos los peritos, vengan de donde vengan», indicó, para añadir que «incluso la comparecencia de Andrés Checa -arquitecto designado por la Fiscalía- me ha parecido muy interesante».

El turno de comparecencia lo abrió precisamente uno de los peritos designados por la defensa de Sánchez: Antonio García Herrero, exdecano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región. Fue la declaración más extensa con diferencia, con más de tres horas de duración. Básicamente, este profesional de la arquitectura sostuvo que las obras que se realizaron en el Auditorio son las que están contempladas en el proyecto modificado. Algo, por otra parte, que nadie pone en duda. En lo que sí discrepan acusaciones y defensas es acerca de si ese modificado tenía algún sentido, o se hizo simplemente para camuflar una evidencia: que el Auditorio se iba a quedar a medio construir.

Según fuentes próximas al caso, García Herrero no quiso entrar, sin embargo, en si el modificado estaba o no justificado o se si redactó cuando ya las obras habían sido realizadas, ya que habría aducido que eso no era motivo de su informe.

El peso del interrogatorio lo llevaron el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, y principalmente el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano. A raíz de las cuestiones que fueron planteando, como más tarde los letrados de las acusaciones particulares, el arquitecto llegó a reconocer que se habían cometido errores en el proceso de construcción, con diferencias entre distintos presupuestos, certificaciones por trabajos que todavía no se habían acometido..., pero que explicó como fallos sin mayor trascendencia. Y en la misma línea señaló que, en todo caso, los números acababan cuadrando conforme transcurría el proyecto.

Careo entre expertos

Las diferentes y hasta contradictorias conclusiones alcanzadas por este técnico frente a las que defiende Andrés Checa, el perito de la Fiscalía, llevaron al magistrado Julián Pérez-Templado a ordenar un careo entre ambos. Pero tampoco fue posible obtener de esa prueba una conclusión irrefutable. El primero defendió que el Auditorio era perfectamente realizable con los seis millones de euros de la subvención, y justificó que no se acabara por las incidencias que fueron surgiendo, mientras Checa sostuvo que ese presupuesto no daba para concluir el proyecto.

El perito de la Fiscalía admitió que no había comprobado los precios establecidos en las certificaciones ni si los seis millones estaban invertidos en el inmueble. «¡Ojalá estén!», llegó a manifestar. «Si se han pagado, pues estarán», afirmó.

Y mientras García Herrero se limita a insistir en que las obras realizadas se corresponden con el proyecto modificado que se acometió, Checa aseguraba que el citado modificado había sido la fórmula concebida 'a posteriori' para justificar que el Auditorio no se acabara. «Cada uno respondía sobre una cuestión diferente, por lo que era imposible que pudieran llegar a un acuerdo», explicaba uno de los letrados asistentes a las comparecencias. «Fue un diálogo de sordos», resumía otro.

Tras esta prueba se celebró la comparecencia de dos técnicos de la firma ACE Edificación, Salvador Aledo y Mariano Alegría, que elaboraron un informe y una reciente propuesta de liquidación a petición del arquitecto Martín Lejarraga. Estos especialistas insistieron en que los seis millones se habían invertido en el centro cultural. La jornada se cerró con la ratificación de su informe por el arquitecto Francisco Ruiz-Gijón y Pérez, también contratado por Lejarraga, quien sostuvo que la causa de que no finalizaran las obras estuvo en las incidencias sobrevenidas y en la crisis económica.

Cada una de las partes, ahora, le otorgará a estos documentos la importancia que considere. Para unos será decisiva y para otros, nula.