El Tribunal Superior de Justicia investiga si el crimen del parricida de Santomera pudo evitarse

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia practicó este jueves una prueba pericial tras la demanda presentada por una hija de la mujer que fue decapitada por otro hijo y que reclama una indemnización de 600.000 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS) por responsabilidad patrimonial.

La prueba, en la que intervinieron dos psiquiatras y varios testigos, se desarrolló ante la magistrada Consuelo Uris, encargada del caso, indicaron fuentes judiciales.

En la demanda, una hija de la fallecida y hermana del autor del crimen, Ángelo C., ocurrido en Santomera (Murcia) en 2008, se reclama esa indemnización al considerar que los servicios sanitarios no actuaron correctamente en evitación de los hechos.

Así, consideran que la propia fallecida había alertado en varias ocasiones que su hijo, debido a la esquizofrenia que padece, no solo había destrozado a la familia, sino que incluso su vida corría peligro.

Esos malos augurios se vieron confirmados cuando el acusado, que se encuentra en un psiquiátrico desde que se celebró el juicio, la decapitó y paseó su cabeza por las calles de la localidad.

A lo largo de la diligencia practicada este jueves, añadieron las fuentes, se ha tratado de aclarar si aquella muerte violenta pudo ser evitada o no.

Igualmente, se debatió sobre la asistencia prestada por los servicios sanitarios y respecto a si la enfermedad mental que padece el autor de los hechos podía haber hecho presumir que sería capaz incluso de acabar con la vida de su madre.

Al tratarse de una demanda en la que se exige la declaración de responsabilidad patrimonial de la administración, será preciso para que prospere que se acredite la necesaria relación de causalidad entre los hechos por los que se reclama y un anormal funcionamiento del servicio público.