Más de la mitad de las consultas al Consejo Jurídico versaron en 2016 sobre sanidad y educación

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia registró el año pasado un aumento de las solicitudes de dictámenes facultativos respecto a años anteriores. Es decir, aquellos que pueden solicitar voluntariamente tanto la Administración regional como los ayuntamientos, mientras que se mantienen los dictámenes que las leyes exigen como preceptivos. Es decir, obligatorios. Además, más de la mitad del total de las consultas (53%) recibidas en 2016 versaron sobre sanidad y educación.

Así lo hizo saber ayer en el acto de presentación de la Memoria de Actividades del Consejo el presidente de este organismo, Antonio Gómez Fayrén, quien señaló que prácticamente el 100% de las normativas de la Administración «se aprueban de acuerdo con el dictamen del Consejo Jurídico», lo que quiere decir que la Administración «es muy escrupulosa a la hora de elaborar su normativa siguiendo las pautas que les ha dado esta institución». Gómez Fayrén hizo estas declaraciones acompañado por el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, que encabezaba una lista de invitados en la que también figuraba una amplia representación de la plana política y judicial de la Región.

El Consejo Jurídico emitió en 2016 un total de 401 dictámenes y acuerdos, un número similar al del año anterior, con el mérito añadido de que una de las letradas se jubiló a mitad de año, lo que hace que la carga de trabajo «fuera mayor», según Gómez Fayrén. «Hemos conseguido dar más salidas a los dictámenes que entran, lo que quiere decir que iríamos acelerando más la respuesta a la solicitud de dictámenes y acuerdos, tanto por parte de la Administración regional como de las corporaciones locales», según el presidente del Consejo.

Además, indicó que las reclamaciones patrimoniales siguen aumentando año tras año y, dentro de ellas, las sanitarias representan un 50%, aunque también las hay sobre carreteras o sobre educación, lo que quiere decir que los ciudadanos «también están recurriendo a esta institución, que al fin y al cabo es la de ellos. La labor callada del día a día solo sale a la luz pública cuando un dictamen tiene una proyección mediática, como el del aeropuerto o el de Puerto Mayor», añade Gómez Fayrén, quien remarca que otros asuntos pueden ser «igual de complejos» pero no tiene esa repercusión».

Respecto al dictamen de la Renta Básica de Inserción, el Consejo Jurídico está esperando a que llegue el decreto de la Consejería. «Lo que sí que tenemos prioritario es toda la producción normativa de la Administración regional», subrayó Gómez Fayrén, que no quiere que haya un retraso en la aplicación de una norma tan necesaria por «dilaciones indebidas en el Consejo».

«Labor útil de servicio»

Pedro Antonio Sánchez, por su parte, destacó la «labor útil y de servicio a la sociedad» que realiza el Consejo Jurídico de la Región, una «importante institución que está respondiendo fielmente y con un trabajo impecable al mandato de la ley por el que se creó» y que «en los últimos cinco años ha duplicado los asuntos dictaminados».

El jefe del Ejecutivo agradeció el trabajo realizado por este organismo y expresó su compromiso de «seguir apoyando con todos los recursos que sean necesarios su vigencia y el funcionamiento». Recordó que hace unos años, con motivo de la crisis económica, «hubo algunos planteamientos que pusieron en cuestión a este organismo y, sin embargo, apostamos por él y el tiempo nos ha dado la razón», remarcó. «Se está haciendo un trabajo al servicio de la Región, avalado por un criterio riguroso y eso nos da tranquilidad a todos», remarcó el presidente de la Comunidad Autónoma.