López Bernal conmociona la vida política al denunciar amenazas y presiones a fiscales

Liberado del peso de ser el máximo representante del Ministerio Fiscal en la Región, Manuel López Bernal se despojó ayer de ataduras y habló con relativa libertad, por primera vez en una década, permitiendo que sus palabras desvelaran una parte de sus sentimientos y de sus pensamientos. «No puede ser que los perseguidos seamos los fiscales por delante de los corruptos», expuso en tono tan sereno como firme, resumiendo en esa frase los intentos de intimidación sufridos, las amenazas más o menos veladas, los ataques y descalificaciones -muchos de ellos procedentes del ámbito político- que solo buscaban el descrédito de quienes desde la Fiscalía se han implicado durante largo tiempo en una desigual batalla contra las desviaciones de poder. Y la vida política nacional, que llevaba ya un par de semanas bastante caldeada por razón de las supuestas injerencias sufridas por la Justicia -entre ellas, el impedimento a las dos fiscales del 'caso Púnica' para que pudieran dirigir su acusación contra el presidente Pedro Antonio Sánchez, además del relevo acometido en las fiscalías más incómodas para el Gobierno, como la de Murcia- acabó por estallar definitivamente en llamas.

Aunque López Bernal aclaró que con su denuncia sobre presiones -«tipo mafia años 20», reconoció- no se estaba refiriendo a la Fiscalía General ni al Ministerio de Justicia, sino a «las descalificaciones públicas que a veces llegan de miembros de algún partido político», ello no frenó la destemplada respuesta del titular de Justicia, Rafael Catalá, que contribuyó a avivar aún más el fuego. Así, en vez de esbozar algún mensaje que sonara a apoyo o solidaridad, reprochó al todavía fiscal superior en funciones que no hubiera denunciado tales presiones ante la Fiscalía General, «para ser tutelado en sus derechos».

Una reacción poco solidaria, que no solo venía a sumarse a su conocido intento de deslegitimar la postura de las dos fiscales de 'Púnica', sino que además partía de una premisa errónea: que López Bernal no había alertado a las autoridades de esas presiones e intentos de intimidación.

«Se han denunciado ante la Fiscalía General del Estado y ante la Policía», le desmintió López Bernal, quien a la pregunta de Antonio García Ferreras, periodista de La Sexta, acerca de si Catalá estaba mintiendo, se limitó a señalar que «yo solo digo que no tiene la información correcta».

Podía haber recordado asimismo que ya en 2014, el Consejo Fiscal tuvo que salir en su defensa a causa de las descalificaciones que lanzó el entonces diputado nacional del PP, Vicente Martínez Pujalte.

Nuevas comparecencias

La dura denuncia del fiscal murciano y la desairada respuesta del ministro movilizaron al unísono a prácticamente todos los partidos de la oposición, que salieron en tromba a exigir de nuevo las comparecencias públicas de Rafael Catalá y del fiscal general, José Manuel Maza, por sospechar que han permanecido impasibles frente a las descalificaciones e intentos de intimidación sufridos por miembros del Ministerio Público. Del mismo modo, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y Compromís reclamaron explicaciones sobre el relevo del propio López Bernal al frente de la Fiscalía Superior de Murcia y el acometido en la Fiscalía Nacional Anticorrupción, donde ha sido designado Manuel Moix por delante de los seis especialistas que optaban al cargo.

Unidos Podemos y Compromís añadieron a sus demandas al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de quien reclaman información sobre las medidas policiales que se adoptaron tras las denuncias interpuestas por el fiscal Anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, quien sufrió dos extraños asaltos a su domicilio, y de un subinspector de la Agencia Tributaria que investiga casos de corrupción, cuya vivienda también fue objeto de un allanamiento.

Los portavoces de las distintas formaciones en la oposición no ahorraron adjetivos para definir la situación. Antonio Hernando, del PSOE, afirmó que los hechos son «gravísimos» y consideró «absolutamente escalofriante» que un fiscal se haya visto «acosado» sin que, al parecer, sus superiores hayan hecho nada. Enric Bataller, de Compromís, advirtió de que «España puede acabar tomando un camino similar a la Italia de Berlusconi». Y el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Justicia, Jaume Moya, criticó la «masiva sustitución de fiscales incómodos que instruyen causas de corrupción».

En medio de la tormenta política, el presidente del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy, se vio obligado por segunda vez en una semana a pronunciarse sobre un terremoto político que tiene su epicentro en la Región de Murcia. Durante la rueda de prensa ofrecida ayer junto al presidente de Argentina, Mauricio Macri, fue preguntado por el relevo del fiscal superior de Murcia, que ha coincidido con la investigación al presidente de Murcia por el llamado 'caso Auditorio'. Por toda respuesta aseguró que las decisiones de la Fiscalía General le parecían «muy bien», que se enmarcaban en el ámbito de sus competencias y que no tenía «nada más que añadir».

Tampoco las asociaciones de fiscales se quedaron al margen de la polémica. La mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF) defendió los nombramientos y pidió que «se deje trabajar a los fiscales». Pero el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García Ortiz, alertó de las designaciones «suponen un claro retroceso en la pretendida autonomía del Ministerio Fiscal».