El juez de 'Púnica' procesa a toda la rama de Murcia, excepto a los aforados Sánchez y Barreiro

El juez Eloy Velasco ha sacado a relucir su vena de cazador implacable y se ha asegurado de que el afán por abatir dos grandes piezas no vaya a privarle de cobrarse las otras veinte que ya da por metidas en el morral. De forma absolutamente sorpresiva, el titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional dictó ayer un auto de procedimiento abreviado (PA), el equivalente al procesamiento, en el que enumera todos los presuntos delitos que atribuye formalmente a veinte imputados de la pieza murciana del 'caso Púnica', que quedan de esta manera situados a un solo paso de sentarse en el banquillo. Los únicos que se han librado de ser señalados formalmente por el dedo acusador de Eloy Velasco son los dos políticos del PP que aparecen como presuntos beneficiarios de los conciertos ilícitos para la mejora de su reputación, la exalcaldesa de Cartagena y hoy senadora, Pilar Barreiro, y el exconsejero de Educación y actual presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Y es de suponer que no por falta de determinación, sino porque su condición de aforados los sitúa fuera de su jurisdicción y le obliga, para poder perseguirlos, a dictar sendas exposiciones razonadas, dirigidas respectivamente al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia.

Todo apunta a que la inesperada resolución dictada por el instructor del 'caso Púnica' tiene su explicación en los acontecimientos sucedidos en los últimos días en torno a la Fiscalía General del Estado, que impidió que las dos fiscales anticorrupción reclamaran -como era su voluntad- la apertura de una investigación penal contra Pedro Antonio Sánchez por los presuntos delitos de cohecho, fraude y revelación de información reservada.

La posición exculpatoria respecto del presidente murciano adoptada por el Fiscal General, José Manuel Maza, parece haber despertado la desconfianza del juez Velasco sobre la suerte que podría correr la 'Pieza Separada número 3' de la 'Operación Púnica' si cayera al completo en manos del Supremo y del TSJ, de forma que ha optado por tratar de asegurarse de que el resto de los imputados, contra los que sí puede actuar, no salgan indemnes del trance.

De esta forma, en vez de remitir las dos exposiciones razonadas que parecía tener previstas -una para el Supremo, 'colgada' de la figura de Barreiro, y la otra al TSJ, de la mano de Sánchez-, dictó ayer auto de procedimiento abreviado contra los restantes veinte encausados, para quienes da por cerrada la investigación y a quienes atribuye formalmente un amplio listado de delitos.

Previsiblemente, en los próximos días enviará las exposiciones razonadas exclusivamente contra Barreiro y Sánchez, y quedará a la espera de lo que decidan los dos altos tribunales: si aprecian indicios suficientes de delito y aceptan investigar a los dos altos cargos del PP o, al contrario, si consideran que se debe sobreseer la causa respecto de ellos. En ese caso, Velasco continuaría el procedimiento ya solo contra los no aforados y previsiblemente acabará abriendo juicio contra ellos.

Un exconsejero y un exalcalde

En su auto de ayer, el instructor del 'caso Púnica' dirige formalmente la acusación contra el exconsejero de Turismo e Industria, Juan Carlos Ruiz, de quien afirma que autorizó la contratación de los servicios de dos presuntos líderes de la trama, José Antonio Alonso y Alejandro de Pedro, para que le hicieran trabajos de mejora de su reputación en internet. Todo ello en el contexto de la carrera política por suceder a Ramón Luis Valcárcel como candidato del PP al Gobierno regional, en la que competía con el entonces consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez.

Para ello, supuestamente, se simuló un contrato de publicidad para la captación de turistas británicos, cargados al Instituto de Turismo que dirigía Mariola Martínez, y se preparó otro para la promoción de la imagen del Instituto de Fomento (Info), a cuyo frente estaba Reyes Samper. Las supuestas maquinaciones habrían contado con la activa colaboración del jefe de gabinete de Ruiz, Fidel Saura, y del secretario de esa consejería, Jesús Norberto Galindo.

En el mismo 'paquete', el juez ha incluido al exalcalde del PP en Molina de Segura, Eduardo Contreras, ya que presuntamente se iba a crear un diario digital en su localidad con cargo al contrato del Instituto de Turismo, también con el aparente propósito de vender una mejor imagen suya en internet.

Consistorio de Cartagena

Por lo que respecta al Ayuntamiento de Cartagena, el magistrado da por hecho que la hoy senadora del PP habría contratado los servicios de mejora de su imagen con su amigo José Antonio Alonso y el socio de este, Alejandro de Pedro, y que se habrían abonado 4.840 euros por los trabajos realizados de junio a septiembre de 2014. Un dinero que, presuntamente, se cargó a las arcas públicas de Cartagena, facturado como «Campaña de publicidad Turismo Cartagena 2014».

Esos trabajos de reputación 'online' habrían consistido en apariencia en la creación de un periódico digital, cartagenanoticias.es, con el propósito de publicar exclusivamente noticias favorables a Barreiro. Y aunque el juez no puede actuar contra la hoy senadora, sí ha procesado a quien era su jefe de gabinete, Francisco Ferreño, y a la funcionaria Mar Conesa, a quienes acusa de participar en el amaño.

Su auto se dirige finalmente contra un amplio grupo de trabajadores de las empresas Madiva, Duravit, Linkatic y Mistral, vinculadas a José Antonio Alonso y a De Pedro.

El juez insta al fiscal, a las acusaciones particulares y populares y a las defensas a formular sus escritos de acusación o exculpación. Si alguna de esas partes decide acusar, como es previsible, todo apunta a que el instructor abrirá juicio oral.