Sánchez pide la vuelta a Lorca del 'caso Auditorio' para que no lo asuma el TSJ

El presidente del Ejecutivo murciano y exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, está tratando de evitar que la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región asuma la competencia sobre el 'caso Auditorio', ya que ello podría derivar en su imputación por los presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude.

De esta forma, su defensa ha aprovechado la oportunidad que le ha otorgado ese tribunal al instarle a personarse ante este órgano judicial y, en el escrito redactado con ese motivo, ha reclamado la devolución de esas diligencias por presunta corrupción al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca, con el argumento de que debe acabar por completo la investigación.

Sánchez sostiene que la instrucción está todavía incompleta, al no haberse practicado determinadas diligencias de prueba que considera imprescindibles para no sufrir indefensión. Igualmente añade que el juzgado de Instrucción de Lorca que ha investigado los hechos no ha cumplido el mandato de la Sala de lo Civil y de lo Penal, que en marzo de 2015 acordó enviarle la querella presentada por la Fiscalía Superior.

Así, afirma el abogado del presidente de la Comunidad que la magistrada Consuelo Andreo, en su exposición razonada, no recoge de forma individualizada qué hechos o indicios presuntamente delictivos atribuye a Sánchez, como ordenaba el alto tribunal murciano.

Por otra parte, comenta que la decisión de la magistrada de abrir una pieza separada para averiguar el destino 'paralelo' que se dio a una subvención de seis millones de euros, concedidos por la Comunidad Autónoma para financiar las obras del auditorio, demuestra que la investigación está inconclusa.

La defensa de presidente regional, que ejercía como alcalde de Puerto Lumbreras cuando se adjudicó y construyó el edificio, aprovecha de esa forma la invitación a personarse para reiterar que es necesario requerir al Ayuntamiento lumbrerense para que envíe el expediente de liquidación de las obras de ese edificio.

Y recuerda que la práctica de esa diligencia le fue denegada por la instructora, en una decisión que ha sido apelada ante la Audiencia Provincial de Murcia. Considera que ese expediente es «fundamental» para el esclarecimiento de los hechos, ya que el mismo debe incluir los datos relativos a las mediciones, certificaciones, informes y cualquier otro documento que exista en el Consistorio.

De lo contrario -añade-, resultaría imposible determinar si, como asegura la magistrada, se ha podido incurrir en los delitos de malversación de caudales públicos y fraude.

Y ello, señala en otro momento la defensa de Sánchez, porque sin la documentación requerida y denegada por la instructora no sería posible conocer qué obras se ejecutaron realmente, el importe de las mismas, la existencia del aval del constructor y la consecuencias del mismo.

De manera subsidiaria se pide que se acuerde la devolución al juzgado de la exposición razonada para que en la misma se contenga una relación concreta y específica de los hechos que se atribuyen indiciariamente a Sánchez. Sobre este extremo, alude a un reciente auto de la Audiencia Provincial, en el que se recuerda a la magistrada su obligación de informar a los encausados de las imputaciones concretas antes de tomarles declaración.