La Justicia procesó a solo cuatro políticos y altos funcionarios por corrupción en un periodo de 15 meses

Solo cuatro políticos o altos funcionarios de la Región resultaron procesados o se vieron conducidos al banquillo de los acusados, entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, a consecuencia de procedimientos judiciales por delitos de corrupción. Un dato que sitúa a Murcia como la segunda comunidad española con menos servidores públicos encaminados a juicio en ese periodo por presuntas desviaciones de poder, aunque la estadística ofrecida ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene que ser por fuerza engañosa, ya que solo comprende un lapso de tiempo reducido (quince meses comprendidos entre los años 2015 y 2016) y solo se refiere a las diligencias cuya instrucción ya ha concluido y da paso a la fase de vista oral.

De tal forma que, aunque parte de la clase política murciana pudo respirar ayer aliviada por la bondad de la cifra, esta no parece responder tanto a la escasez de investigaciones judiciales sobre casos de corrupción como a la incapacidad de la Administración de Justicia para tramitarlos con la necesaria agilidad. No en vano, y pese a que las diligencias por delitos contra la Administración Pública se cuentan por decenas en los juzgados de la Región desde hace una década larga, en los quince meses que son objeto de este primer informe del CGPJ solo se dictaron dos autos de procedimiento abreviado -el equivalente al procesamiento- o de apertura de juicio oral.

Algo que explica que el número de cargos públicos y funcionarios señalados en esta estadística haya quedado reducido a cuatro.

Tres encausados por día

Por lo que se refiere a los datos nacionales, cada día los jueces y tribunales españoles sientan en el banquillo a una media de tres personas acusadas por delitos relacionados con la corrupción política o administrativa. Son fundamentalmente «funcionarios públicos, gobernantes y políticos», pero también los ciudadanos que los corrompían.

Se trata del dato más relevante de los contenidos en esta primera radiografía oficial de la corrupción en España, que es fruto de dos años de intenso trabajo del Poder Judicial para recopilar los datos dispersos por todo el país. La nueva base de datos da buena muestra de la envergadura de este problema y de la ingente labor de la Administración de Justicia en España para tratar de atajarlo. Pero también revela que, a pesar de los esfuerzos, el castigo a los corruptos no es especialmente duro y pocos son los que acaban entre rejas.

La nueva herramienta solo incluye por el momento los datos de cinco trimestres: los ya reseñados, que son los que se extienden desde el 1 de julio de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2016. El propósito es ir actualizando las estadísticas cada tres meses, lo que permitirá al cabo de un tiempo tener una visión bastante certera de la dimensión de los delitos relacionados con estas desviaciones de poder.

Pero la primera hornada de cifras ya abruma. En esos 457 días analizados, los juzgados y tribunales dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento por delitos relacionados con la corrupción contra 1.378 personas. O sea, mandaron al banquillo a más de 90 personas cada mes acusadas de algún ilícito de los que el Poder Judicial ha escogido como indicativos de esta lacra: principalmente, la prevaricación urbanística y administrativa, la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos y el fraude, además de otros cuantos mucho menos habituales en la práctica judicial cotidiana.

Esos 1.378 funcionarios y cargos públicos y quienes los corrompían (1.060 hombres y 318 mujeres) fueron encausados en 166 procedimientos distintos que quedaron concluidos en esos cinco trimestres.

Las cifras reveladas por el Poder Judicial permiten hacer el primer mapa oficial de la corrupción por comunidades autónomas, por más que sea muy poco riguroso por el escaso periodo de tiempo sometido a examen. Cataluña encabeza esta primera y muy provisional clasificación de la corrupción con 303 procesados. Le siguen Andalucía, con 153, y Madrid, con 145.

En el otro extremo, sin duda, resalta Navarra, ya que en la Comunidad Foral en esos quince meses objeto de estudio los tribunales no sentaron a un solo político en el banquillo, ni concluyeron una sola investigación sobre corrupción. Lo cual no supone que se trate de una región libre de cualquier mácula, sino solo lo reseñado: que no se cerró investigación alguna en ese periodo. Igualmente, números muy bajos de imputados presenta Murcia, con los únicos cuatro individuos que se vieron procesados en ese tiempo; Extremadura, con cinco; Aragón, con siete, y Castilla y León, con nueve.

Casi cien sentencias

Lo que no puede negarse es que los jueces instructores -a la vista de estas estadísticas- estuvieron bastante acertados en la manera en que llevaron adelante sus diligencias de investigación. Así, de las 99 sentencias dictadas en procedimientos por delitos de corrupción en los cinco trimestres estudiados, 72 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que supone un porcentaje muy elevado, de casi el 75%, de acusaciones que se vieron confirmadas tras la vista oral.

En estos cinco trimestres que el Poder Judicial ha sistematizado fueron condenadas por delitos relacionados con esta práctica delictiva un total de 399 personas.

Sin embargo, toda esta actividad de jueces y tribunales, tanto a la hora de investigar como de juzgar y condenar, no tuvo un especial reflejo en las penas de prisión. A 1 de enero de este año había en España solo 82 presos cumpliendo condena con sentencia firme (penados) por este tipo de delitos que tantas repulsa social provocan. A estos hay que sumar otros cinco altos cargos y funcionarios públicos que estaban en ese momento entre rejas de forma preventiva.

A la vista de estos datos, el presidente Lesmes rechazó ayer que se pueda efectuar una descalificación genérica de la clase política, mientras que la vocal del órgano de gobierno de los jueces, Mar Cabrejas, indicó que la principal conclusión, a la espera de que la existencia de más datos permita apreciar la evolución del problema en el tiempo, es que se trabaja contra la corrupción en todos los juzgados, y no solo en la Audiencia Nacional.

Así, de los procesados, solo 272 lo fueron por la Audiencia Nacional (es decir, en alguno de los grandes sumarios por corrupción que este órgano instruye), mientras que a los 1.106 restantes se les abrió juicio en juzgados ordinarios. En su comparecencia, Carlos Lesmes definió el archivo como un depósito de datos de acceso público para que los ciudadanos puedan conocer la lucha de la Justicia contra este fenómeno criminal que amenaza las instituciones y atenta contra la confianza de los ciudadanos en los gobernantes. Resaltó la lucha de los jueces contra este problema y garantizó su imparcialidad pese a las «críticas interesadas» que apuntan a su politización. «Lo que ofrecemos aquí es la respuesta judicial a la corrupción», resumió. «Una foto fija sobre los casos de corrupción que llegan a procesamiento o juicio y sobre las condenas o absoluciones».