El TSJ emplaza a Martínez-Cachá a personarse en el 'caso Guardería'

El 'caso Guardería' ya está en manos de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y cuenta incluso con un ponente para la instrucción de las diligencias: el presidente del máximo órgano judicial en la Región, Miguel Pasqual del Riquelme.

La Sala dictó ayer una providencia en la que queda constancia de la recepción de la causa que hasta ahora había investigado la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, Ana Isabel Navarro Prieto, quien hace un mes envió el asunto al TSJ por considerar que debía tomarse declaración como imputada a la exconcejal del Ayuntamiento de Murcia Adela Martínez-Cachá. El hecho de que esta política del PP disfrute de un fuero especial, debido a su condición de consejera de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, es la que determinó a la juez a mandar hacia arriba las diligencias.

El tribunal, constituido por el mencionado Pasqual del Riquelme y los magistrados Julián Pérez-Templado y Enrique Quiñonero, no solo no ha procedido a devolver la causa al juzgado de Instrucción, sino que ha abierto el procedimiento 9/2016 como 'diligencias indeterminadas' y ha designado al primero de los jueces citados como ponente en virtud de las normas de reparto de la Sala.

La providencia deja constancia de que Adela Martínez-Cachá está aforada por su pertenencia al Consejo de Gobierno, como acredita un certificado del jefe del Secretariado de la Comunidad, ya aportado a las diligencias, de tal forma que considera que no es necesario hacer más gestiones para comprobar que está aforada ante ese órgano judicial.

La Sala no se pronuncia todavía sobre la posibilidad de imputar a la hoy consejera de Agricultura y Medio Ambiente, y se limita a pedir a todas las partes que se personen en esas diligencias, y especialmente a la representación procesal de Martínez-Cachá. Es previsible que el letrado de la consejera pueda realizar alguna alegación antes de que el tribunal decida sobre esa imputación.

Tal y como publicó 'La Verdad' el 14 de octubre, la juez Navarro Prieto consideró entonces que se hacía necesario interrogar a Adela Martínez-Cachá en calidad de imputada, para poder de esa forma concluir su investigación sobre el derribo presuntamente ilegal de la guardería del barrio de La Paz en 2007. Algo que la magistrada no podía hacer porque la actual consejera disfruta de un aforamiento especial. De ahí que se decidiera por pasar el asunto al TSJ.

En su resolución, la instructora señalaba que «Adela Martínez-Cachá fue uno de los miembros de la Junta de Gobierno que participó y votó favorablemente las resoluciones de traslado y posterior demolición de la escuela infantil», por lo que tenía que ser interrogada al respecto. Y añadía, en la línea de lo que estableció en su día la Audiencia Provincial, que «algunos datos significativos dan a entender que el acuerdo de demolición de la escuela infantil del barrio de La Paz, adoptado en la sesión del 24 de octubre de 2007, pudo haber sido una decisión estrictamente política del alcalde y de su Junta de Gobierno». Es decir, que pudo tratarse de una «decisión política», como apunta el hecho de que «el asunto no estaba incluido en el orden del día, una circunstancia que no casa demasiado bien con una decisión exclusivamente técnica».