La 'trama Ninette' desvió 3,7 millones de las obras del Ayuntamiento para repartirlos en comisiones

Paradójicamente, el círculo perfecto de la corrupción en la Administración pública suele adoptar forma de triángulo. Y es que si del mismo empeño delictivo llegan a comulgar altos cargos, técnicos y adjudicatarios de contratos públicos, el éxito de la empresa suele estar garantizado. Ejemplos los hay por doquier. Como también de la premisa que apunta a que sin una de esas patas, el banco de tambalea.

Las investigaciones derivadas de la 'Operación Ninette', una de las primeras grandes redadas contra la corrupción que se desencadenaron en la Región, con el asalto al Consistorio de Los Alcázares en enero de 2008 por parte de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, apuntan a que el municipio marmenorense alcanzó en época del socialista Juan Escudero una de esas casi perfectas comuniones delictivas. Un triángulo equilátero en cuyos vértices supuestamente se situaban el alcalde, el jefe de Urbanismo y un constructor de confianza, que era quien a la postre resultaba adjudicatario de la inmensa mayoría de las grandes obras.

Con las tres patas de la estructura bien asentadas en apariencia en el lodazal, el maná del dinero público supuestamente desviado fluía incesante en todas direcciones, como traslucen los datos del 'caso Ninette': el empresario Valero Garcerán se hacía con los principales proyectos municipales, que le eran adjudicados por un equipo de gobierno presidido por Juan Escudero y con el apoyo de los informes del arquitecto municipal, Mariano Ayuso; a su vez, el propio Ayuso trabajaba de forma particular para Garcerán, haciéndose así merecedor de elevadas retribuciones, y si Escudero necesitaba acondicionar una academia de enseñanza, eran el propio Ayuso quien realizaba los proyectos a través de su despacho privado y Garcerán quien los ejecutaba. Las facturas eran cargadas presuntamente, en todo o en parte, al coste de las grandes obras municipales, que estaban preñadas de partidas infladas o inexistentes y que, por supuesto, ningún reparo hallaban por parte de la Administración local. Las arcas públicas todo lo aguantaban. Y el dinero supuestamente desviado, que ascendió a millones de euros, daba de sobra para repartir.

Un documento trascendental

El procedimiento abreviado 787/2005, popularmente conocido como 'caso Ninette', es de esos que nacen gafados. Iniciado hace once años por el Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier, uno de los más colapsados de España y con mayor índice de relevo de los jueces llamados a servirlo, ha dormido durante años enteros el sueño de los justos sin que diligencia alguna haya venido a perturbarlo. De forma que, con tan prolongados periodos de hibernación, no solo parecía que nunca fuera a concluir la investigación, sino que incluso durante algunas largas épocas ha llegado a borrarse de la memoria.

Tal cosa parece haber ocurrido en los dos últimos años, desde marzo de 2014 en que el juez de turno solicitó un informe pericial de vital importancia para la suerte de ese asunto. No en vano, el arquitecto designado a tal efecto debía establecer cuál era el coste real de algunas de las principales obras realizadas en Los Alcázares entre los años 2000 y 2005, como el propio Edificio Consistorial, el Auditorio y Centro de Congresos y el Centro Cultural Alcazareño, y determinar si existían partidas hinchadas o inventadas que hubieran podido servir para desviar fondos públicos para el enriquecimiento particular de los miembros de la trama.

La espera ha merecido la pena. Las conclusiones del perito en los ocho informes que suscribe vienen a confirmar, punto por punto, las sospechas de corrupción que florecían a lo largo y ancho de las diligencias judiciales. Y, según afirman fuentes del caso consultadas por 'La Verdad', dejan el asunto a la espera de que la juez pueda dictar en breve un auto de procedimiento abreviado, en el que se concreten las supuestas responsabilidades penales de los distintos imputados y abra la vía al fiscal para formular su acusación.

Las conclusiones alcanzadas por el experto designado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia (COAMU) desvelan presuntas irregularidades tan burdas y de tal calibre que llaman al sonrojo.

Un sobrecoste del 186%

La 'joya de la corona' de las supuestas ilegalidades es el Edificio Consistorial. Casi deviene en metáfora: un inmueble construido sobre una montaña de presuntos delitos y destinado a acoger a algunos de los principales sospechosos de cometerlos. El informe pericial sobre estas obras, al que este periódico ha tenido acceso, pone de relieve que el proyecto fue adjudicado a la UTE formada por Garcerán Construcciones y Construcciones Urdecón en julio de 2000, por un importe de 5,8 millones de euros. Lo cierto es que las obras acabaron costándole al municipio 10,8 millones (186% de incremento), de los cuales 3,7 millones no encuentran explicación alguna en la documentación oficial analizada y responden a presuntos incrementos injustificados de diversas partidas.

Las irregularidades detectadas por el perito, y que nadie desde el Consistorio atajó en su día, son tan zafias como haber facturado por la demolición de 11.637 m3 de pavimento de hormigón de la plaza en la que se ubica el Ayuntamiento, «¡¡un volumen doce veces mayor que la plaza!!», como el experto expresa en su informe con indisimulado estupor.

Se facturó por un estudio geotécnico que ya debía constar en el proyecto de ejecución, se cobró por una dirección de obra que debía ser asumida por el promotor, se certificaron importes de 212.710 euros, de 199.360, de 163.216, de 304.040 y de 300.721 euros sin asignar a ningún capítulo y sin respaldo alguno, se cobró tres y cuatro veces el recálculo de la cimentación y de los muros pantalla sin justificación objetiva, no se localizaron 6.560 m2 de cerramiento de ladrillo, se certificaron 12.694 m2 de cerramiento doble pese a que la fachada no tiene ni 3.000 m2, se facturó por 170 butacas del salón de actos aunque solo se instalaron 120, se cobró la estructura del lucernario a un precio tres veces mayor del real, se facturó por persianas enrollables que no existen en ninguna ventana, se pavimentó la plaza con mármol de calidad media-baja y no con el terrazo de mayor calidad contratado, se cobró por 50 farolas. Pero el colmo de toda esa aparente desvergüenza es que incluso se facturaron 48.000 euros por colocar primero una estructura de acero y luego por retirarla. Es decir, por no hacer nada en realidad. «¡¡Sofisticada manera de enmascarar un exceso de facturación!!», denuncia el perito en su informe.

El desbarajuste en el control de la obra pública es de tal calibre que, en otras partidas, se da incluso la llamativa circunstancia de que el constructor facturó por cantidades inferiores a las que realmente había invertido. Como si no existiera el más mínimo rigor y todo se hiciera «a ojo de buen cubero», en la convicción de que nadie desde el Consistorio iba a expresar el menor reparo.

El perito, que a medida que avanza en su informe aparenta estar más sorprendido y hasta indignado, llega a asegurar que el capítulo de 'Pinturas' es «el más caótico e impresentable de todos los analizados» y que la descripción de las partidas «parece redactada por un inepto».

«Las mediciones son tan contradictorias entre sí que a veces resultan superficies negativas», afirma.

Y acaba concluyendo que «lo más penoso de esta situación es que haya sido aceptada y conformada por el director de obra».

Claro, que este hecho quizás no resulte tan sorprendente si se tiene en cuenta que quien firmaba todas las certificaciones, como director de obra, no era otro que Mariano Ayuso, que en este asunto actuó siempre como juez y parte. No en vano, lo mismo participó en la Mesa de Contratación que adjudicó el proyecto a Garcerán, que actuó como director de obra y que facturó más de 400.000 euros al propio contratista por redactar sus proyectos o recalcular los mismos. Una circunstancia que el perito califica, graciosamente, solo como «anómala».

Respecto del incremento del presupuesto del Edificio Consistorial en un 186%, pasando de los 5,8 millones previstos inicialmente a más de 10,7 millones, «no existe justificación documental alguna que autorice ese exceso de gasto». Todo apunta, según el perito, a que fueron Ayuso y Garcerán quienes alcanzaron entre sí -sin encomendarse a nadie más- «el acuerdo para elevar el precio de la obra a 10,7 millones».

Las conclusiones a las que llega el experto respecto de las obras del Edificio Consistorial son que «las certificaciones no se fundaban en mediciones y presupuestos del proyecto, sino en precios posteriormente pactados entre la Dirección de Obra (Mariano Ayuso) y la empresa adjudicataria (Valero Garcerán); un acuerdo que incrementó el presupuesto final de la obra en una cantidad que oscilaría entre un mínimo de 3,7 millones y que probablemente ascendería a 4,2 millones de euros».

Pero la afirmación más contundente es que «este incremento no obedecía a aumentos o mejoras en la obra, puesto que se destinó al desvío de cantidades para el pago de obras privadas a cargos municipales o para el reparto de comisiones previamente acordadas».

'Academia Escudero'

Con la referencia al pago de obras privadas de altos cargos, el perito se refiere a la reforma que Garcerán le hizo a Juan Escudero en unos locales de su propiedad, que fueron acondicionados como academia de enseñanza y residencia escolar. Los indicios del 'caso Ninette' apuntan a que el coste de esas obras fue cargado, en todo o en parte, a la partida del Edificio Consistorial. Pues bien, en la misma línea apuntan las conclusiones del técnico del juzgado, que indican que la reforma costó en torno a 186.695 euros, pese a que Escudero aseguró que solo ascendió a 102.457 euros y que los pagó con dos cheques y tres entregas en efectivo.

El perito desconfía de esa versión del exalcalde socialista y recuerda que documentos incluidos en las diligencias apuntan a que Garcerán cargó 184.871 euros a las obras del Consistorio, bajo el concepto 'Albergue'.

Si se tiene en cuenta que en el momento en que se acometió esa reforma de los locales, en el año 2000, Escudero era el primer edil de Los Alcázares, resulta sorprendente que las obras que se ejecutaron «no se correspondan en absoluto con el proyecto básico por el cual se obtuvo la licencia municipal de obras» y, más todavía, que ni siquiera llegara a redactarse el obligatorio Proyecto de Ejecución.

Sea como fuera, el informe pericial deja en una situación especialmente complicada a estos imputados.