La acusación particular asegura que no habrá acuerdo si no reconocen un asesinato

El Ministerio Fiscal mantiene penas que suman más de 150 años de cárcel para los cuatro acusados de haber matado, descuartizado y enterrado en cal viva en un huerto a Ingrid Visser y Ludewijk Severein, la pareja holandesa que desapareció en mayo de 2013 en Murcia, mientras que los abogados de la defensa mantienen la petición de absolución, después de no haber alcanzado un acuerdo de conformidad este miércoles.

De esta forma, las partes mantuvieron su versión original en sus respectivos escritos de acusación y defensa, a pesar de haber negociado este miércoles 'in extremis' un acuerdo de conformidad que, finalmente, no prosperó debido, al parecer, a la negativa de algunos de los acusados, entre ellos Serafín de Alba, acusado por un delito de encubrimiento.

La ley por la que se regula este procedimiento contempla que en el momento en que uno de los inculpados no llegue a un acuerdo el juicio se celebraría, independientemente de que el resto de procesados hayan consensuado un pacto de conformidad que conlleva la consiguiente rebaja de las penas, en este caso por el delito de asesinato a homicidio.

No obstante, a la hora de aplicar las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal, y una vez el magistrado-presidente del Jurado Popular redacte la sentencia, se tendría en cuenta quiénes se declinaron por un acuerdo, para hacerse efectiva dicha rebaja de las penas. Ello pasaría porque esos acusados reconocieran los hechos que se le imputan.

El juicio arrancó pasado el mediodía con la constitución del jurado popular, seis mujeres y cinco hombres (nueve miembros y dos suplentes), tras un proceso de elección que se alargó durante más de cuatro horas.

La secretaria judicial dio lectura a los escritos de calificación de la fiscal, Verónica Celdrán, la acusación particular (en nombre del hermano y la madre de la fallecida y las dos hijas del fallecido) y los letrados defensores de los cuatro acusados: los dos individuos de nacionalidad rumana, Ion Valentín y Constantín Stan; el presunto 'cerebro' del doble crimen, Juan Cuenca; y Sefarín de Alba, el propietario de los terrenos donde se hallaron semienterrados en cal viva a la pareja.

Para la fiscal y la acusación, los dos individuos rumanos y Cuenca son culpables de dos delitos de asesinato, por el que piden 50 años para cada uno, mientras que Serafín de Alba, propietario de la finca donde se encontraron los cuerpos, lo es de un delito de encubrimiento, por el que procede imponer tres años de cárcel. Solicitan indemnizaciones que oscilan desde los 50.000 a los 100.000 euros para los familiares de las víctimas.

Por su parte, Fidel Pérez, el letrado de Serafín de Alba, niega que los hechos sucedieran como relata la fiscal y las acusaciones, y solicita la absolución.

Mientras que José María Caballero, que defiende a Cuenca, disconforme con la calificación jurídica, considera que "a lo sumo", los hechos serían constitutivos de un delito de encubrimiento, que llevaría una pena de seis meses de prisión.

Fermín Guerrero, el letrado de Ion, también niega los hechos y considera que los hechos responden a un delito de lesiones y otro de encubrimiento, con las eximentes de legítima defensa y miedo insuperable. Pide su absolución o, alternativamente, tres meses de prisión por cada delito.

Por último, Melecio Castaño, que defiende a Stan, también niega los hechos y considera que responden a un delito de encubrimiento, con la eximente, igualmente, de miedo insuperable y por embriaguez, solicitando su absolución o la pena de tres meses de prisión.

Los escritos de los letrados defensores volvieron a hacer referencia a una persona, que recibe el nombre de 'Danko', al parecer de nacionalidad rusa y sobre el que la Justicia no ha dado con su paradero ni se sabe si su existencia es real u obedece a un plan ideado por los procesados. Aseguran que es el autor material de este doble crimen y señalan una posible relación del fallecido con la mafia rusa.

«Un golpe tremendo» para la familia de Visser y Lodevijk

El letrado Javier Martínez, que ejerce la acusación particular en el crimen de los holandeses, remarcó, al término de la vista de este miércoles, que para la familia de las víctimas, Ingrid Visser y Severein Lodevijk, este crimen "ha sido un golpe tremendo".

Subrayó que el acuerdo entre las partes "es difícil" y que "nosotros nos mantendremos siempre en una calificación jurídica de asesinato, no bajaremos homicidio nunca". Martínez hizo hincapié en que "las defensas tendrán que llegar antes a una calificación de asesinato para que nosotros entendamos que se puede agilizar esto". El letrado se mostró convencido, además, de que los procesados "son los autores del doble asesinato" y remarcó que su versión "es bastante burda y absurda".

Por su parte, el abogado José María Caballero, defensor de Cuenca, remarcó que "en estos momentos no hay ningún acuerdo de conformidad", aunque no descartó que finalmente se pueda producir este pacto. El letrado Fermín Guerrero, que se encarga de la defensa de Valentín Ion, explicó que en principio ese acuerdo no tiene visos de cerrarse.

Melecio Castaño, letrado defensor del rumano Constantín Stan, remarcó que su cliente "considera que no ha hecho nada y va a luchar hasta el final, defendiendo con ahínco su inocencia". El abogado Fidel Pérez, que representa a Serafín de Alba, hizo hincapié en que su cliente "es inocente y quiere que se haga valer su condición".