El juez Velasco afirma que se iban a usar fondos públicos para lavar la imagen de Sánchez

El juez del 'caso Púnica', Eloy Velasco, acaba de asumir como propias las conclusiones de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que a raíz de sus investigaciones afirmaron que el entorno del exconsejero de Educación y actual presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, había concertado con empresas de la trama una serie de trabajos online para mejorar la reputación de este alto cargo popular. Y que el acuerdo contemplaba que los pagos por esa labor, cifrada en 36.800 euros, iban a ser sufragados con fondos públicos procedentes, en apariencia, de la partida de Formación existente en la Consejería.

El informe de la UCO, del que 'La Verdad' informó el pasado 1 de junio, fue duramente descalificado por autoridades públicas vinculadas al PP, entre ellos el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Este, en concreto, reclamó un esfuerzo por «informarse» antes de «apuntarse a las filas del linchamiento» y aseguró que las conclusiones de los hombres bajo su mando carecían «de fundamento». Algo que causó un gran malestar en el seno de la Guardia Civil.

Ahora, la versión de los agentes anticorrupción acaba de recibir el aval del magistrado instructor, que en un auto notificado ayer atribuye a David Conesa -un hombre de la máxima confianza de Pedro Antonio Sánchez y asesor de su gabinete personal- la comisión de los supuestos delitos de fraude, malversación de caudales públicos y revelación de información reservada. Velasco sostiene que existió «concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amaño de contratos de formación para la Consejería de Educación», lo cual justificaría la atribución del delito de fraude. Que Conesa actuó «como colaborador necesario y connivente para que los trabajos particulares reputacionales 'online' de su consejero se sufragasen con dinero público proveniente de futuros contratos vinculados a Formación en el seno de su consejería»; algo que le lleva a acusar de malversación al miembro del Gabinete de Sánchez. Y que «filtró a personas no funcionarias información y documentación interna propia y precontrativa que no podía revelar», por lo que le atribuye revelación de información reservada.

Otra vuelta de tuerca

El auto del juez Eloy Velasco supone una nueva vuelta de tuerca en torno a la posibilidad de que Pedro Antonio Sánchez se vea directamente señalado a causa de la 'trama Púnica', por más que este ha venido asegurando que le fueron ofrecidos esos trabajos de reputación en internet por parte de De Pedro, pero que los rechazó «porque no me generaba confianza». Al contrario, el instructor de 'Púnica' da ya por hecho que el acuerdo entre ambas partes se cerró y que se iba a echar mano de los fondos que Educación tenía dispuestos para cursos de formación.

Tras la toma de declaración a David Conesa, que será interrogado el 4 de octubre, Velasco deberá establecer si existen pruebas o indicios de delito suficientes para perseguir penalmente a Sánchez. En ese caso, teniendo en cuenta que el presidente murciano disfruta de un fuero especial, el magistrado tendría que redactar un escrito razonado para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región.

En una situación prácticamente idéntica se encuentra la exalcaldesa del PP en Cartagena y actual senadora, Pilar Barreiro. Las investigaciones de la UCO también llevan meses cercándola, ya que existen indicios de que personas de su máxima confianza amañaron contratos de publicidad turística, que se utilizaron presuntamente para destinar fondos públicos a pagar trabajos personales de reputación en internet para esta política popular.

Velasco tampoco puede actuar directamente contra Barreiro, ya que está aforada por su condición de senadora, pero ha imputado ya a quien fue jefe del Gabinete de la Alcaldía, Francisco Ferreño, y a una de sus funcionarias, María del Mar Conesa. Ambos tendrán que declarar por los presuntos delitos de fraude y malversación de caudales públicos. En el caso de Ferreño se le suma la imputación de otro delito de revelación de información reservada.

Quien no disfruta de aforamiento especial es el exalcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, a quien el instructor de 'Púnica' ha imputado por presunto cohecho y malversación de caudales públicos. Se le atribuye haber cooperado necesariamente en un plan para distraer fondos públicos del Instituto de Turismo de Murcia -a cuyo frente estaba Mariola Martínez- para destinarlos igualmente a su supuesta promoción personal.

Por ultimo, el juez tomará declaración como imputada por malversación de caudales a una funcionaria de la Consejería de Industria y Turismo, Marta García Rivas, también por los hechos referidos.

Tranquilidad en San Esteban

Todo apunta a que los interrogatorios a estos cinco nuevos investigados y a los representantes legales de las firmas Madiva y Eico On Line constituyen los últimos pasos en la investigación de la rama murciana del 'caso Púnica', que el juez Velasco podría dar por concluida en las próximas semanas. Por su parte, la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, declaró ayer a 'La Verdad' que el Ejecutivo ha enviado toda la documentación que acredita la inexistencia de un acuerdo de Sánchez con Alejandro de Pedro, por lo que confía en que el asunto quede zanjado una vez que esos informes sean analizados por el juez Velasco.