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La Asamblea aplaza el visado de gastos, aunque llevará a C's al Tribunal de Cuentas

Peñalver dice que «está perfecto» el informe de la interventora, pero en el PP creen que hay un término confuso que necesita concreción

Gregorio Mármol

Martes, 26 de julio 2016, 01:55

Por un problema de forma, la Asamblea Regional bajó ayer por vacaciones la persiana de la actividad parlamentaria sin aprobar definitivamente los informes que la interventora ha elaborado sobre el uso de las subvenciones percibidas por los cuatro grupos políticos en 2015. La fiscalizadora ha dado ya su visto bueno a las facturas presentadas, pero los miembros del PP en la Mesa -reunida ayer por última vez antes de las vacaciones- pidieron tiempo para estudiar el contenido del informe al creer confuso un término y carecer de tiempo en ese momento para aclararlo.

«En general están todas perfectamente justificadas, pero algún miembro de la Mesa no ha tenido tiempo de revisarlas y hemos decidido que el primer día, nada más volver, tendrán aquí toda la documentación, que es mucha. Será entonces cuando la Mesa se pronunciará», explicó la presidenta de la Cámara autonómica, Rosa Peñalver. Lo que sí quedó claro en la reunión de ayer es que la Asamblea informará al Tribunal de Cuentas sobre los gastos electorales que Ciudadanos (C's) cargó indebidamente a la cuenta del grupo parlamentario y que ese partido subsanó, tras atribuirlo a un «error». La ley electoral prohíbe expresamente destinar ese tipo de subvenciones a cubrir gastos de campañas y obliga a informar de cualquier pago de esa naturaleza al máximo órgano fiscalizador de las cuentas públicas.

Peñalver destacó que el informe de la directora de la Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario de la Asamblea, Ana Crespo, concluye que los cuatro grupos parlamentarios han justificado «correctamente» los pagos que realizaron entre el 17 de junio y el 31 de diciembre del año pasado. Se trata de un trabajo definitivo, tras haber dado a los partidos tres prórrogas para reunir facturas y justificantes bancarios, así como un nuevo plazo para subsanar errores o apuntes confusos señalados en un estudio provisional de finales de mayo.

Pero, según la presidenta, los representantes de los grupos no lograron ponerse de acuerdo sobre algunos de los conceptos recogidos en el informe. Fuentes del PP concretaron que existe un párrafo donde la interventora deja a criterio de la Mesa una valoración de naturaleza técnica y algunos de sus miembros alegaron que ese no es su cometido.

El informe de la interventora con todas las justificaciones presentadas por los partidos será publicado en la web de la Asamblea Regional y en el Portal de la Transparencia cuando esté aprobado para su consulta pública.

'Escándalo de las facturas'

En los seis primeros meses de legislatura, los cuatro partidos percibieron 952.378 euros para sus gastos de funcionamiento interno en base a sus subvenciones fijas y por número de diputados. Cada grupo percibe una asignación fija mensual de 9.875 euros y otra variable de 2.395 euros por parlamentario, que en el segundo semestre del año pasado permitieron al PP ingresar 404.587 euros; al PSOE, 265.198; a Podemos, 156.784,33; y a Ciudadanos, 125.809 euros.

La mayor parte de todo el dinero cobrado fue transferido de las cuentas de cada grupo a las de sus respectivos partidos, para pagar alquileres e hipotecas de sedes, gastos corrientes en estas, así como el personal de confianza que las atiende, principalmente.

La polémica surgió a finales del pasado mes de abril, cuando 'La Verdad' desveló que Ciudadanos había cargado a la cuenta de su grupo en la Asamblea casi diez mil euros en gastos de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 -fechadas antes incluso de tener por primera vez representación parlamentaria-. El partido, que lo atribuyó a un «error», llegó a modificar recibos para poder pagar a sus proveedores, aun estando prohibido por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. El 'escándalo de las facturas' generó un terremoto interno en la formación naranja que aún sigue teniendo réplicas.

Será ahora el Tribunal de Cuentas quien examine la documentación que aportará la Asamblea y determine si es un error, como sostiene C's, o es un presunto delito.

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