Gobierno y Tribunal de Cuentas se enfrentan por los muertos con pensión

A 31 de diciembre de 2014 existían deudas por cobros indebidos de prestaciones de la Seguridad Social que ascendían en España a 328 millones de euros, según el último informe sobre la Seguridad Social realizado por el Tribunal de Cuentas, que ayer lo dio a conocer. En la Región, esa deuda era de 9,2 millones, el 2,8% del total nacional. El 90% de los cobros indebidos obedece a múltiples causas que modifican o extinguen el derecho a percibirlas, siendo la principal la revalorización de pensiones con concurrencia y complemento por mínimo. Pero también por incompatibilidad de prestaciones económicas, cambios de la situación del beneficiario o de la unidad familiar, sentencias de los Juzgados de lo Social...

Ocurre, de forma sorprendente, que cada mes hay un número indeterminado de españoles que siguen cobrando una pensión pese a haber fallecido hace tiempo. Esa suma se la suelen quedar sus familiares, al menos hasta que la Administración reclama su devolución... si es que lo hace a tiempo de que la infracción prescriba. Pero, ¿cuántos casos son realmente?

En su último informe de fiscalización sobre los deudores de la Seguridad Social (al cierre de 2014), el Tribunal de Cuentas dispara la cifra en toda España hasta las 29.321 personas, que seguirían recibiendo tras su muerte un total de 25,3 millones de euros en pensiones, lo que supone un impacto anual de 300 millones para las arcas públicas. Unos datos que, como admite el Ministerio de Empleo, «generan lógicamente una alarma muy seria en esta entidad gestora, convencida hasta ahora de la eficiencia actual del sistema de control».

Por eso, la Seguridad Social revisó de forma pormenorizada las conclusiones del tribunal hasta descubrir que «en más del 93,25%» de los casos «únicamente coincide entre la base de datos de fallecidos (se ha tomado la del Instituto Nacional de Estadística) y el fichero de nóminas de pensionistas el número del presunto DNI, y nada más». «No coincide ni el nombre ni ningún apellido, y -añade- tampoco las fechas tienen similitud alguna».

Entonces, ¿cómo es posible una discrepancia numérica tan grande entre el Ejecutivo y el órgano encargado de revisar las cuentas públicas? Parte de la explicación se encuentra en una colaboración más que mejorable entre los distintos órganos implicados. Así, el Tribunal apunta primero al INE, junto a los registradores y notarios, por la pobre información que remiten a la Seguridad Social. Pero luego reprocha a esta última que no tenga establecido «un control de vivencia de los beneficiarios de una pensión».

La respuesta del Ministerio es que, desde que en 2009 empezó la informatización de los registros civiles, su principal sistema de detección es el intercambio diario de datos con el departamento de Justicia y luego, ya mensual, con el INE. El Tribunal, sin embargo, replica que en el primer caso apenas obtiene información del 31% de los casos.

La Seguridad Social, a la que curiosamente el organismo contable reprocha también que sus criterios para actuar sobre fallecidos «resultan excesivos», tacha de «desproporcionado» establecer «costosos controles de vivencia». Alega los «graves perjuicios» que sufrirían los 1,2 millones de pensionistas de más de 85 años.