Proambiente afronta otro juicio por vertidos en zonas protegidas

La juez de Cieza que investiga los presuntos vertidos de Proambiente a zonas del LIC de la Sierra de Abanilla y la Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) de las Sierras del Sur de Alicante, ha culminado la fase de instrucción y abre un procedimiento que enfrenta de nuevo a los responsables de la mercantil, entre ellos quien fue su administrador único, el empresario oriolano Ángel Fenoll, así como a otros miembros de su familia y trabajadores de la planta, a sentarse en un banquillo. Este es el paso previo a la apertura de juicio oral que ahora deberá determinarse por parte de la magistrada.

En el auto, de fecha 12 de julio, se indica que los vertidos alcanzaron estas zonas protegidas pese a que los responsables de la empresa conocían la ubicación del vertedero. Así, se establece que hay indicios de que, aunque solo existía autorización para verter en las zonas denominadas vaso inicial y los vasos 1, 2 y 3, los responsables rebasaron su espacio para llegar hasta el LIC, además de depositar basura en otros dos vasos, los número 4 y 5 y otros enclaves que afectaban a la zona protegida. El auto es demoledor en tanto que indica que aunque el vaso inicial se colmató a principios de la década del 2000, la basura casi duplicó la superficie permitida, además de reactivar el vaso «sin contar con las autorizaciones preceptivas para dicha actividad, realizándose vertidos directamente sobre la capa de impermeabilización».

Acusa a Proambiente de superar igualmente la superficie establecida para el vaso 3 y de ejecutar el 4 sin autorización y en la zona LIC de la Sierra de Abanilla -aunque no consta que se hayan realizado en él depósitos de residuos-. Con respecto al vaso 5, que se recuerda que descubrieron agentes del Seprona e inspectores de la Región de Murcia, se establece que no tenía ni autorización administrativa ni ambiental, y que también afecta en parte al LIC.

Dos millones en daños

La juez dice que la mercantil incumplió la suspensión de la actividad decretada en septiembre del 2011, «de manera deliberada en diversas ocasiones», como consta en las actas levantadas por el Seprona tras sorprender a camiones realizando estos trabajos. El auto relata los problemas que han tenido los agentes para desempeñar su labor, así como la aparición de lixiviados en ramblas cercanas, y suma el impacto sobre el terreno protegido y la totalidad de su cubierta vegetal, por lo que considera la juez que la gestión de la planta «ha generado de manera continuada en el tiempo un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas», con daños en el LIC de más de 2 millones de euros.