El fraude del AVE lleva a prisión al exjefe de Infraestructuras de la línea de Levante

La 'Operación César', que investiga una monumental trama de corrupción que se habría lucrado saqueando los fondos estatales destinados a construir la línea del AVE entre Crevillente y Murcia, ha dado el salto al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ante las evidencias existentes de que al menos uno de sus altos responsables, José Luis Martínez Pombo, exjefe de Infraestructuras de la línea Madrid-Levante, habría colaborado activamente con la presunta organización delictiva.

Este directivo, que ha permanecido un tiempo en prisión como sospechoso de delitos de pertenencia a banda criminal, malversación de caudales públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, habría amasado grandes cantidades de dinero supuestamente desviadas de manera ilegal de las obras del AVE. Tanto es así que los investigadores de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil han constatado que en 2012 aprovechó la amnistía fiscal para regularizar casi dos millones y medio de euros y siguen ahora la pista de al menos un millón que tendría en bancos suizos y de otros casi 1,5 millones transferidos a Luxemburgo, Austria e Irlanda.

Las primeras informaciones sobre esta presunta trama de corrupción fueron desveladas en exclusiva por 'La Verdad' en noviembre del año pasado, cuando quedó descabezada la antigua cúpula del Juzgado de Aguas de Orihuela. El exjuez Jesús Abadía Mira; el exsecretario, Aníbal Bueno, y el ingeniero jefe José Manuel Fernández Pujante fueron encarcelados por haberse concertado presuntamente para el desvío de fondos públicos, destinados a reponer y reparar las infraestructuras de riego afectadas por la construcción de la línea del AVE por la Vega Baja del Segura. Parte de ese dinero obtenido de forma ilícita se lo habrían embolsado estas tres personas: Jesús Abadía, más de un millón; Aníbal Bueno, unos 700.000 euros, y José Manuel Fernández, hasta ocho millones.

El presunto fraude se habría cometido a través de dos vías: la sobrevaloración del coste de los proyectos para reparar la red de acequias y la emisión de facturas falsas para justificar trabajos no realizados. Unas supuestas maniobras en las que habría participado de manera fundamental la constructora murciana Obras MariMar SL, cuyo dueño, Juan Ortín García, también fue encarcelado.

Hasta cuatro cuentas en Suiza

Gran patrimonio inmobiliario

El golpe contra los exdirectivos del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y su presunto cómplice de Obras MariMar solo fue la primera andanada que lanzaron los agentes de Vigilancia Aduanera -organismo dependiente de la Agencia Tributaria- y del Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil. A lo largo de los últimos siete meses, estos investigadores, que actúan bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, han venido desarrollando un exhaustivo trabajo para tratar de demostrar la supuesta implicación en la trama de algún alto responsable de Adif, ante el convencimiento de que el saqueo a los fondos del AVE no habría sido posible sin la connivencia, o mejor, sin la activa participación de directivos de esa empresa pública.

Las gestiones practicadas por aduaneros y guardias civiles permitieron reunir un gran cúmulo de indicios delictivos contra quien fue jefe de Infraestructuras de la línea del AVE Madrid-Levante, el ingeniero José Luis Martínez Pombo, en estos momentos ya jubilado. Esas pruebas determinaron que la juez instructora, Lydia Polo, ordenara el pasado febrero su ingreso en prisión, aunque fuentes próximas al caso han señalado que el sospechoso salió en libertad bajo fianza hace unas semanas.

Una de las evidencias contra Martínez Pombo que en apariencia resultan más reveladoras es el tremendo patrimonio que este ingeniero ha acumulado y que, según las investigaciones, en absoluto se justifica por los ingresos legales que ha venido declarando desde hace años. Así, se ha constatado que en 2012 se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno y afloró más de dos millones que guardaba en dinero negro, así como otros 423.662 euros de una cartera de valores. Además existen datos que demuestran que mantiene hasta cuatro cuentas bancarias en Suiza, donde acumularía «al menos un millón de euros», y que en ese mismo 2012 se le atribuyen salidas de divisas a Luxemburgo, Austria e Irlanda por 1,4 millones.

La juez ha solicitado la colaboración internacional para bloquear esas cuentas y garantizar que el dinero queda inmovilizado, a la espera de determinar si tiene un origen ilícito, como se sospecha.

A su vez, Martínez Pombo sería el verdadero administrador de sociedades a cuyo frente figuran familiares y supuestos testaferros, como Benalake SL, Figestor SA, Fogaso SA y Transsimo Holding SA, que cuentan con un gran patrimonio inmobiliario: dos fincas y un dúplex en Toledo, una finca en Cuenca, dos pisos en Madrid, una vivienda en Águilas...

El pasado febrero, cuando el exalto responsable de Adif fue detenido e interrogado, ofreció una confusa explicación sobre el origen del dinero -habló de colaboraciones con despachos de arquitectos, pero no supo aclarar cuánto le pagaron y hasta se contradijo con las fechas- y se negó a responder acerca de las sociedades mercantiles que presuntamente administra en la sombra.

Más de 17,6 millones desviados

Reparto entre la trama

Hasta el momento, las investigaciones de Aduanas y Guardia Civil con motivo de la 'Operación César' han motivado la detención -o la imputación- de medio centenar de presuntos implicados y se ha logrado fijar el volumen del dinero público que habría sido desviado ilegalmente: 17,6 millones de euros, del total de 62,2 millones que Adif abonó entre 2011 y 2014 para arreglar los daños que la construcción de la línea del AVE causaba en las infraestructuras de riego.

En unos casos, hasta superar los diez millones de euros, el fraude se habría cometido inflando el coste real de los proyectos; en otros, una trama de hasta seis empresas 'fantasma' -sin actividad real- habrían emitido gran cantidad de facturas falsas, por importe de siete millones de euros, para justificar unos trabajos que no se habían realizado.

Esa gran cantidad de dinero habría pasado por manos del dueño de Obras Marimar SL, quien se encargaba de distribuirlo entre otros presuntos implicados en la trama, como Jesús Abadía y Aníbal Bueno, o se lo hacía llegar al ingeniero José Manuel Fernández Pujante. Al margen de la parte que en apariencia le correspondía, sería este imputado quien se habría encargado de entregar grandes cantidades de dinero al exdirectivo de Adif, Martínez Pombo. Para ello, y casi siempre los viernes, habría realizado numerosos viajes a la finca que este último tenía en Cuenca.

Las investigaciones todavía siguen abiertas sobre esta presunta trama de malversación de dinero público -una de las mayores de cuantas han sido descubiertas en el sureste español-, por lo que no se descarta que en los próximos días o semanas se produzcan nuevas imputaciones.