El PSOE pedirá que el Tribunal de Cuentas revise la gestión de los convenios de Cascales

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Ignacio Gras, tiene previsto proponer este jueves, en el seno de la Comisión Especial de Cuentas, que la gestión económica en materia de convenios y subvenciones deportivas durante el último período del concejal del Partido Popular, Miguel Cascales, sea revisada por el Tribunal de Cuentas. Una revisión e inspección que pueda determinar la posible responsabilidad patrimonial y el alcance a las cuentas públicas de esa gestión, según explicaron en un comunicado de prensa.

A juicio de Gras, y a la vista de las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre la Gestión de las Instalaciones Deportivas, "lo mínimo que podemos hacer es exigir una reprobación pública y política, así como determinar si las arcas públicas se han visto perjudicadas por este tipo de gestión económica arbitraria y ejemplo de una manera de entender la política que no tiene nada que ver con la transparencia, la participación y la eficiencia".

Esta petición también se quiere trasladar a la gestión, explotación y uso de las instalaciones deportivas, ya que la Comisión constató comportamientos irregulares en el sistema de gestión. "Lo grave de este asunto", indicó el portavoz socialista, "es que ha habido una dejación de funciones por parte del Ayuntamiento, como la explotación económica irregular de las instalaciones por los clubes y la ausencia de control en la gestión económica de las mismas", entre otras cuestiones.

Por todo ello, el Grupo Socialista elevará una reprobación pública y política a la gestión que en materia deportiva vino desarrollando en los últimos años los sucesivos gobiernos del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia, de la mano de Miguel Cascales. En materia de convenios y subvenciones se acudió de forma generalizada al sistema de concesión directa frente al de concurrencia pública.

A esa reprobación política y a la petición del Tribunal de Cuentas, el PSOE se suma a la propia Comisión de Investigación que instó a que los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento informen sobre las responsabilidades administrativas y penales que puedan derivarse de las actuaciones realizadas.