La juez del 'caso Novo Carthago' ya apunta a la «estrecha relación» de Alonso y Barreiro

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Mirian Marín, que coordina el 'caso Novo Carthago' sobre presunta corrupción urbanística, investigará por qué el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso, y el que fue concejal de Turismo de la misma corporación por el PP, Juan Martínez, actuaron como mediadores en la compraventa de terrenos por la empresa Hansa Urbana, y las razones, oficiales u ocultas, por las que recibieron cantidades millonarias por sus gestiones.

Así lo hace saber en un auto por el que desestima un recurso de la empresa Hansa Urbana. Fue hace justo un año cuando la magistrada ordenó a los inspectores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que comprobaran si, entre 2002 y 2007, tanto Alonso como Martínez recibieron dinero de la citada mercantil. La conclusión fue que Alonso había percibido en torno a 1,6 millones de euros tanto de la parte compradora como de la vendedora, mientras que el exedil de Turismo se embolso 45 millones de pesetas de la época (270.000 euros).

Las buscaron y las vendieron

La actual resolución señala que es preciso insistir en esa línea debido a que el propio exconcejal reconoció haber recibido esos 270.000 euros por su labor de intermediación. Asimismo, de las declaraciones del dueño de los terrenos comprados por Hansa Urbana se deducen indicios que podrían apuntar a la supuesta intervención de ambos políticos en la búsqueda de estas parcelas. La juez muestra su sorpresa por el hecho de que Hansa Urbana, que proyectaba construir 10.000 viviendas, dos campos de golf y dos hoteles de lujo, adquiriera en primer lugar una finca que sabía que no era urbanizable por afectar al espacio natural protegido de Lo Poyo. La instructora confirma además su competencia para investigar este asunto, «porque los hechos se circunscriben a la presunta participación como mediadores que pudieron tener Alonso y Martínez en la venta suscrita en julio de 2002 con la citada empresa».

Especialmente relevante es el párrafo en el que la juez indica que «si Hansa Urbana realizó un gran desembolso por unos terrenos sobre los que no se podía urbanizar fue porque los señores Alonso y Martínez le ofrecieron suficientes garantías sobre la viabilidad del proyecto», que solo podía salir adelante «con el concierto de diversos funcionarios y autoridades del Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma».

La tarjeta de la diputada

Más todavía, recuerda que «la vinculación de los señores Alonso y Martínez con el Ayuntamiento de Cartagena deriva de sus funciones como exalcalde y exconcejal, y del hecho de que en la 'Operación Púnica' se hallase en poder del señor Alonso una tarjeta de la alcaldesa Pilar Barreiro, lo que ofrece indicios de una estrecha colaboración entre ambos».

La tarjeta a la que se refiere es la que la Guardia Civil encontró a Alonso cuando lo detuvo, en octubre de 2014, y que era la que el Congreso había facilitado a Pilar Barreiro, entonces diputada, para abonar algunos gastos. Alonso explicó que solían volver juntos desde Madrid a Cartagena y que la política del PP se la había dejado para pagar la autopista, ya que él no llevaba suelto.

Por todas esas razones, la magistrada cree necesario esclarecer «qué compromisos pudieron adquirir esos mediadores y la influencia que los mismos pudieron desarrollar sobre los funcionarios o autoridades del Ayuntamiento o de la Comunidad para obtener las garantías que precisaba Hansa Urbana para realizar la compra de los terrenos y promover la urbanización».

Por otra parte, el mismo juzgado ha desestimado el recurso presentado por la investigada en estos hechos, María Antonieta Fernández, exasesora del que fue consejero de Agricultura y también encausado, Antonio Cerdá. En el recurso, Fernández había pedido que re revocara una resolución anterior, de febrero de 2015, por la que se añadió al delito de prevaricación, por el que ya estaba investigada, el de cohecho.

El auto del juzgado, dictado ayer, señala que Maria Antonieta Fernández no ha ofrecido ninguna explicación sobre el origen de los casi 180.000 euros que fueron ingresados en sus cuentas bancarias.