El fiscal del Tribunal de Cuentas abre otras diligencias sobre la desaladora

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas lo tiene claro y ha actuado de 'motu proprio' abriendo diligencias para averiguar si se produjo daño al erario público y si existen responsabilidades contables en la desaladora de Escombreras imputables a personas que tomaron decisiones que comprometen a las arcas de la Comunidad Autónoma. La sección de enjuiciamiento abrió días atrás las diligencias 80/16, según ha podido saber 'La Verdad', tras analizar las irregularidades detectadas en la desaladora en el informe de fiscalización de la Comunidad Autónoma del año 2013, el último aprobado por este organismo.

La actuación propia de la Fiscalía significa que no hay que convencer al Ministerio Público de la necesidad de investigar posibles responsabilidades contables en la modalidad de alcance (malversación), lo cual refuerza la línea de enjuiciamiento. Lo más probable es que estas diligencias se unifiquen con las que abrió el Tribunal de Cuentas el año pasado (181/15). Bien porque ambas se acumulen, o porque se archive la segunda.

Duplicidad

Esta duplicidad se ha producido porque la sección de enjuiciamiento tiene varios departamentos que han actuado por separado. Uno de ellos recibió el año pasado los informes que le envió el Gobierno regional sobre el supuesto daño al erario público (en especial el de la Intervención General) que se tradujo en la apertura inmediata de diligencias; y por lado el fiscal ha tomado el mismo camino, actuando de oficio, tras examinar las cuentas regionales y la quiebra financiera de la desaladora de Escombreras, así como las cargas financieras que tienen que asumir los contribuyentes.

El Gobierno regional decidió personarse recientemente para defender los intereses de la Comunidad Autónoma, ya que hay en juego 570 millones de euros a causa de los contratos que suscribió el Ente Público del Agua con empresas del grupo ACS, más los impagos de los últimos años. Estos intereses estaban confiados al abogado Andrés Arnaldos Cascales, que fue secretario del EPA y después apoderado de Desaladora de Escombreras. Es decir, una persona que es administrador de la empresa pública y a la vez abogado de la misma.