El exalcalde de Totana admite que cometió dos delitos y acepta tres meses de prisión

Sentencias como la de ayer deberían llamar a alguien con capacidad para hacerlo a abrir un debate serio sobre la Administración de Justicia en España. Porque resulta evidente que algo grave viene ocurriendo, cualquiera que sea la opción que se maneje: o bien lo que parecían espectaculares casos de supuesta corrupción se quedan al final en poco más que en agua de borrajas a causa de un sistema judicial totalmente anquilosado e inoperante, para delectación de los sospechosos y nefasto ejemplo para otros potenciales corruptos, o bien ocurrió que se montaron descomunales operativos policiales y judiciales por hechos que no merecían tamaño despliegue ni semejante esfuerzo.

Sea cual sea la alternativa elegida, lo cierto es que la segunda pieza del 'caso Tótem', la relativa a los hechos de apariencia delictiva cometidos por quien fue alcalde de Totana durante unos pocos días, el popular José Martínez Andreo, se cerró ayer con penas tan nimias como los tres meses de prisión -sustituibles por una multa- y los 21 meses de inhabilitación que recibió el político como autor de los delitos de fraude en grado de tentativa y omisión del deber de perseguir delitos.

La razón de tan reducidas penas frente a los ocho años y medio de cárcel y 17 años de inhabilitación que en origen se solicitaban para Martínez Andreo hay que buscarla en el acuerdo alcanzado entre los letrados de la defensa y el Ministerio Fiscal, que era consciente de que la batalla la tenía medio perdida de antemano por las graves dilaciones que ha sufrido una investigación judicial que ha tardado nueve años en llegar a juicio. Esos retrasos garantizaban ya de entrada al principal sospechoso y a las otras cuatro personas que le acompañaban en el banquillo unas sustanciales rebajas de condena, en el caso de que fueran hallados culpables, debido a la segura aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, como muy cualificada.

La solución menos mala

En tales circunstancias, llegar a un acuerdo significaba la opción menos mala para todos. Por un lado, el fiscal de delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, José Luis Díaz Manzanera, se llevaba la satisfacción moral de ver confesar a Martínez Andreo que cometió dos delitos, y este a su vez lo hacía desde la tranquilidad de saber que le salía prácticamente gratis. Los tres meses de cárcel se quedaban en uno, al descontarle los dos que pasó en prisión preventiva en 2007, y además esa pena será sustituida por una multa de 720 euros, por lo que el riesgo de volver a verse entre rejas es nulo.

Por lo que se refiere a la condena de 21 meses de inhabilitación para ejercer como alcalde o similar, tampoco tendrá la menor repercusión en la práctica, ya que su carrera política está más que amortizada por más que ayer el exalcalde del PP asegurara que no descarta retornar algún día a la vida pública.

Adjudicación 'a dedo'

Uno de los dos delitos por los que Martínez Andreo ha sido condenado se refieren a la adjudicación ilegal de las obras de ampliación del colegio público San José, que Martínez Andreo otorgó 'a dedo' -sin expediente alguno de contratación- a un constructor conocido suyo, Pedro José Martínez Ruiz, administrador de la empresa Ucom 2005 SL. Unos hechos que ayer quedaron definitivamente calificados como tentativa de fraude, ya que el fiscal retiró la imputación adicional de falsedad documental, y por el que tanto el exalcalde como el constructor han sido castigados con tres meses de prisión y un año y seis meses de inhabilitación.

El segundo delito lo cometió al pedir al entonces jefe de la Policía Local de Totana, Alfonso Canales López, que dejara sin efecto el atestado levantado a un vecino de la localidad, que había sido sorprendido conduciendo con una tasa de alcohol cuatro veces superior al límite legal. Un asunto por lo que tanto Martínez Andreo como Canales han sido condenados a tres meses de inhabilitación por omisión del deber de perseguir delitos.

Otros dos acusados en esta pieza del 'caso Tótem', la secretaria municipal Laura Bastida Chacón y el empresario Pedro Sánchez Martínez, quedaron exculpados debido a la retirada de la acusación por parte del Ministerio Público.

«Nunca he metido la mano»

Emocionado casi hasta las lágrimas, el expolítico popular abandonó el Palacio de Justicia de Murcia afirmando que «la sentencia es justa y realista, porque se adapta perfectamente a lo que ocurrió. Muchas de las cosas que antes ocurrieron eran una pesadilla que no se ajustaba a lo que había pasado. He reconocido que cometí dos delitos y pido perdón por eso, porque pude haberme equivocado, pero ha quedado claro que nunca metí la mano. Lo que hice está mal hecho y así lo he reconocido, pero no supuso ningún beneficio para mí y lo hice por mi celo de ser buen alcalde y porque creía que era lo mejor para mi pueblo».

Martínez Andreo insistió en que «todos y cada uno de los delitos por los que fue encarcelado durante dos meses, el cohecho, el fraude, la malversación, la prevaricación... hoy se ha demostrado que no existían».

Recordó «a todas y cada una de las personas que han estado a nuestro lado» y tuvo palabras de reconocimiento hacia el exconcejal José Antonio Valverde Reina, que falleció en el transcurso de la investigación «y que hoy estaría absuelto».