El Gobierno regional descarga en el Tribunal de Cuentas la investigación sobre la desaladora

El Gobierno regional no ha nombrado un instructor ni ha abierto un expediente para comprobar si hubo responsabilidad contable por parte de los responsables del Ente Público del Agua (EPA) en la desaladora de Escombreras, desoyendo así la recomendación de la Intervención.

"El máximo órgano competente" para llevar a cabo ese tipo de investigaciones "es el Tribunal de Cuentas, a quien se ha remitido toda la documentación e informes de la Intervención", explicó este miércoles la portavoz del Ejecutivo, Noelia Arroyo, durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno.

'La Verdad' desveló este miércoles que el interventor de la Comunidad recomendó en septiembre a la Consejería de Hacienda abrir un expediente de responsabilidad contable tras apreciar posibles daños para el erario público en la desaladora de Escombreras.

Según explicó Arroyo, el Consejo de Gobierno decidió el pasado 30 de septiembre "elevar al Tribunal de Cuentas toda la información y expedientes" sobre la desaladora. "Es el máximo órgano competente, el único órgano contable" competente para llevar a cabo esta investigación, aseguró Arroyo. El Ejecutivo esperará a que el Tribunal de Cuentas se pronuncie, insistió.

La consejera se refirió también a las dudas del Tribunal sobre la apertura del aeropuerto de Corvera y sobre la rentabilidad del proyecto. "Se está trabajando para que el aeropuerto pueda abrir con todas las garantías legales", manifestó Arroyo. Destacó que la Justicia ha respaldado las decisiones del Gobierno, y afirmó que el informe del Tribunal no ha sido valorado en el Consejo de Gobierno de este miércoles. En ese documento, el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto el solapamiento entre los aeropuertos de Corvera, San Javier y Alicante, lo que podría dar lugar a "excesos de capacidad y poca rentabilidad".

En su reunión de este miércoles, el Consejo de Gobierno aprobó el plan contra la siniestralidad laboral, que tiene como objetivo reducir un 10% el número de siniestros y que fue consensuado con los sindicatos el pasado mes de diciembre.

Además, se declararon de "emergencia" las obras para la extracción de lixiviados y el sellado de los vasos del vertedero de Proambiente en Abanilla. La consejera de Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, reconoció que la Administración se ha visto sorprendida por el volumen de lixiviados en la zona, que suponían un "peligro inminente" ante el que ha sido necesario actuar con la máxima celeridad. La inversión ascenderá finalmente a 2 millones de euros, frente al 1,3 millones inicialmente previstos.