Una juez impone una fianza de 1.592 millones a 8 exdirectivos de la CAM por el 'caso Saqueo'

A veinticuatro horas asciende el plazo que la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, otorgó ayer a ocho exdirectivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para depositar la que, si no es la mayor fianza impuesta en la historia de la Justicia española, figura desde luego entre las más elevadas: 1.592 millones de euros. Si no la depositan hoy, que es lo más probable, se procederá al embargo de bienes suficientes como para cubrir esa cuantía.

La imposición de esa fianza quedó establecida en el auto por el que abrió juicio contra la antigua cúpula directiva de la CAM, a la que la Fiscalía Anticorrupción atribuye haber falseado las cuentas de la entidad bancaria para poder fijarse suculentos sueldos y bonificaciones que, de haberse conocido la situación financiera real, no habrían tenido derecho a percibir. En concreto, quienes serán juzgados en los próximos meses son el expresidente de la caja, Modesto Crespo; los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores López Amorós, y los ex altos cargosTeófilo Sogorb Pomares (ex director general de Planificación y Control), Francisco José Martínez García (ex director general de Inversiones y Riesgo), Juan Luis Sabater Navarro (exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez), Salvador Ochoa Pérez (exdirector de Información Financiera) y Vicente Soriano Terol (ex director general de Recursos).

Media docena de delitos

El juicio oral se les abre por presuntos delitos societarios continuados, falsedad de las cuentas anuales, estafa agravada, delito relativo al mercado y a los consumidores, manipulaciones informativas y apropiación indebida. Unos cargos por los que el fiscal reclama penas de hasta siete años y medio de prisión para López Abad y López Amorós y que llevan a alguna de las acusaciones particulares a elevar hasta 17 años de cárcel las peticiones contra los principales ex altos cargos, entre ellos Modesto Crespo, para quien la Fiscalía reclama sin embargo el sobreseimiento.

Las presuntas ilegalidades cometidas por la cúpula de la CAM se detectaron a raíz de la intervención -en julio de 2011- de la caja de ahorros por el Banco de España, que relevó a sus administradores y aprobó una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Fue este organismo el que elaboró los primeros informes en los que se relataban las numerosas irregularidades que habrían cometido los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la autorización de pensiones vitalicias a la cúpula directiva.

El FROB tuvo que abrir además una línea de liquidez por otros 3.000 millones a la CAM, a fin de que la fuga de depósitos de los clientes que estaba produciéndose no la llevara a la desaparición. La entidad acabó siendo adquirida por Banco Sabadell por el precio simbólico de un euro.

Beneficios ficticios

El análisis de las cuentas presentadas por los anteriores directivos desveló que la situación era bien diferente a la que habían pintado. Si en marzo de 2011 habían cifrado en 38,9 millones los beneficios de la caja de ahorros, apenas tres meses más tarde se descubrió que el agujero ascendía a 1.136 millones.

Las investigaciones iniciadas a partir de ese momento por la Audiencia Nacional desvelaron que, con su gestión, los hoy acusados «no pusieron objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad», básicamente en lo referido a los negocios inmobiliarios en los que se implicó, y además se comprobó que los falsos beneficios declarados habría permitido a los directivos percibir elevadas gratificaciones.

En los meses previas a la intervención de la caja por el Banco de España, López Abad y otros cuatro altos ejecutivos se concedieron suculentas prejubilaciones, que ascendían en total a casi 13 millones de euros, a la vez que María Dolores Amorós, se puso un sueldo de 600.000 euros al año y se fijó una pensión vitalicia de 370.000. Todo ello, en apariencia, con el visto bueno del entonces presidente de la caja, Modesto Crespo.

Ahora, la juez ha ordenado la apertura de juicio contra los tres principales exdirectivos, Crespo, López Abad y López Amorós, y otros cinco ex altos cargos, y les ha impuesto una fianza de 1.592 millones de euros, de la que deberán además responder como responsables civiles subsidiarios el Banco Sabadell y la Obra Social CAM, además de hacerlo la aseguradora Caser de forma directa.

Con preocupación, Banco Sabadell se movilizó ayer para evitar el pago de la fianza, dado que la cantidad es inalcanzable para los antiguos gestores de la CAM. Envió un escrito a la juez pidiendo una aclaración, ya que considera que no es responsable, sino un perjudicado más por la mala gestión de los exdirectivos de la caja. El banco que preside Josep Oliu sufrió una caída en Bolsa del 2,38%. La entidad quiere saber los motivos de la magistrada y espera que conteste con agilidad. Caser solo pondría 15 millones por la póliza que cubría a los encausados. Se ignora cuánto correspondería a la Fundación CAM. Si al final paga, el Sabadell tendrá que provisionar ese dinero.