Alonso cobró 2 millones por intermediar en la venta de Novo Carthago

El hecho de que Hansa Urbana no haya llegado a poner un solo ladrillo de la macrourbanización Novo Carthago, que pretendía levantar a orillas del Mar Menor, no implica que ese proyecto urbanístico no fuera un negocio redondo para algunas personas. Y por encima de todos los beneficiados bien podría situarse a José Antonio Alonso, exalcalde socialista de Cartagena e íntimo amigo de la exalcaldesa y senadora electa por el PP Pilar Barreiro, pues no en vano se embolsó más de dos millones de euros -a través de sociedades que compartía con su hermano Agustín- por su labor de intermediación en la compraventa de esos terrenos.

José Antonio Alonso habría conseguido hacer un pleno con esa operación inmobiliaria, pues la Agencia Tributaria ha podido constatar que cobró cantidades millonarias de los vendedores de los terrenos, de los compradores y hasta de los comisionistas, tal y como se refleja en un informe pericial que el Servicio de Inspección de Hacienda acaba de entregar en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, que coordina las diligencias sobre el 'caso Novo Carthago'.

La investigación sobre las cantidades percibidas por José Antonio Alonso en relación con este asunto tiene su origen en unas informaciones publicadas por 'La Verdad' el pasado junio, en las que se recogían las declaraciones de dos testigos que apuntaban a que tanto el exalcalde como un exconcejal de Turismo del PP en Cartagena, Juan Martínez García, actuaron como intermediarios en la compra por parte de la promotora Hansa Urbana de cuatro fincas, situadas junto al saladar de Lo Poyo, a orillas del Mar Menor.

Diez mil casas y hoteles

Esas tareas de intermediación se iniciaron casi un año antes de la presentación por parte de esa empresa de su plan de construcción de 10.000 viviendas, un campo de golf y dos hoteles, que la Justicia investiga ahora por irregularidades en la tramitación, supuestamente cometidas por políticos y funcionarios municipales y de la Comunidad.

El propio exconcejal Martínez García reconoció a este periódico que había percibido por esa labor unos 45 millones de pesetas (unos 270.000 euros), pero afirmó desconocer cuánto había percibido José Antonio Alonso.

A instancias del Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, la juez instructora ordenó a la Agencia Tributaria que averiguara si José Antonio Alonso y Juan Martínez García habían cobrado dinero por sus labores de intermediación. Y el resultado de esas gestiones acaba de conocerse ahora.

Los inspectores fiscales han podido constatar que la promotora Hansa Urbana realizó pagos por un importe total de 666.855 euros a la sociedad Centro Audiovisual de Inversiones SL, propiedad de los hermanos José Antonio y Agustín Alonso, entre los años 2002 y 2006, coincidiendo con la tramitación de todo el macroproyecto urbanístico.

Entre los conceptos por los que los hermanos Alonso emitieron sus facturas figuran los de 'servicio de consultoría compra finca', 'servicio venta Miramar', 'intermediación finca Derramadores', 'proyecto urbanístico Novo Carthago', 'intermediación compra Miramar', 'gastos de representación CV finca Miramar' e 'intermediación'.

Curiosamente, la misma sociedad de los Alonso percibió entre 2002 y 2005 otros 962.945 euros, pero esta vez procedentes de la parte vendedora de las fincas Miramar y Derramadores.

El 'triplete' lo lograron al conseguir otros 387.856 euros de otros intermediarios en la operación de compraventa, con los que habían montado sociedades como Derramadores del Mar Menor SA, en la que Centro Audiovisual de Inversiones SL tenía el 30%. A su vez, una mercantil del exconcejal de Turismo Juan Martínez García, denominada Consulting Nasema SL, también poseía el 10% de Derramadores del Mar Menor SA, siempre según el informe de los expertos de Hacienda, al que ha tenido acceso este periódico.

El doble de lo previsto

Documentación intervenida por la Agencia Tributaria pone de manifiesto que la compraventa de los terrenos próximos al Mar Menor a la sociedad promotora Hansa Urbana, que lideraba el empresario Rafael Galea, constituyó un pingüe negocio para un puñado de personas.

Así, en el 'Memorando' de una reunión celebrada el 10 de junio de 2002, dos de los intermediarios que estaban asociados a los hermanos Alonso y al exconcejal Martínez García informan al propietario de los terrenos de que sus gestiones, fueren las que fueran, han dado un magnífico resultado. «Por fin, después de muchas reuniones, estamos en condición de informarte de una manera definitiva de que hemos conseguido que se realice la compra de las fincas rústicas Miramar por parte de la sociedad Hansa Urbana SA. El precio fijado para la venta se eleva a 18.121.350 euros, justo el doble de los 1.500 millones de pesetas (9 millones de euros) establecidos inicialmente».

Los inspectores de Hacienda afirman en su informe que las comisiones por la compraventa de esos terrenos ascendieron a nueve millones de euros, equivalentes al 50% del precio total de venta.

Por lo que respecta a la compraventa de otra finca en ese mismo entorno, denominada 'finca Derremadores', los intermediarios consiguieron que el precio de venta ascendiera a más de dos millones de euros, lo que les reportó una comisión de 1,2 millones.

El exconcejal también se lucró

En lo referente a los pagos que el exconcejal de Turismo Juan Martínez García habría recibido por su intermediación, los inspectores han constatado que los vendedores de los terrenos le habrían entregado 745.207 euros entre los años 2002 y 2004, lo que se sitúa muy por encima de los 270.000 que aseguró a 'La Verdad' haber percibido. Pero es que, además, Martínez García habría ingresado otros 330.183 euros a través de su sociedad Consulting Nasema, procedentes de los intermediarios con los que, al igual que los hermanos Alonso, estaba asociado.

El anterior instructor del 'caso Novo Carthago', Manuel Abadía, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ya expuso en un auto dictado el pasado marzo su convicción de que el propietario de Hansa Urbana, Rafael Galea, había recibido garantías absolutas de que esos terrenos que estaba adquiriendo, y que estaban calificados como rústicos, iban a ser urbanizables. De otra forma, señalaba el juez, no se entiende que hubiera desembolsado nada menos que 18 millones de euros.