La 'trama de los convenios' arrastra a juicio a 18 funcionarios y promotores

El daño que causa la corrupción no se deriva tanto del dinero sucio que pudieran haberse embolsado algunos políticos y funcionarios públicos sino del descomunal perjuicio que pueden llegar a provocar al bien común. Y la pieza separada del 'caso Umbra' en la que se investigan supuestas ilegalidades cometidas en cinco convenios urbanísticos de Murcia constituye un magnífico ejemplo de ello.

Al margen del presunto enriquecimiento personal de quienes durante años estuvieron al frente del urbanismo de Murcia, con el entonces concejal Fernando Berberena a la cabeza, seguido por el jefe de la Gerencia, Alberto Guerra, y el jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, entre otros, las irregularidades cometidas en la tramitación de esos cinco planes urbanísticos, situados en el norte del municipio, habrían supuesto un perjuicio a las arcas públicas que la Fiscalía estima en 311 millones de euros. Si se tiene en cuenta que el presupuesto del Ayuntamiento de Murcia para todo 2016 asciende a 404 millones, la magnitud del 'agujero' creado por un grupo de altos funcionarios presuntamente desleales resulta mucho más que evidente.

Aunque el asunto es técnicamente complejo, podría resumirse en que el supuesto trato de favor que el entonces alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, dio en su día al hoy presidente del Real Murcia, Jesús Samper, a la hora de desarrollar el macrocomplejo comercial y urbanístico Nueva Condomina, habría llevado a que un grupo de empresarios con grandes áreas de terreno en esa misma zona acabaran exigiendo 'café para todos'.

De tal manera que parecidas ilegalidades a las que se van a juzgar dentro de la pieza 'Nueva Condomina' se cometieran también, presuntamente, en esta otra pieza separada del 'caso Umbra', que investiga cinco convenios que en 2005 siguieron al impulsado por Samper.

Básicamente, la Gerencia de Urbanismo habría autorizado aprovechamientos urbanísticos muy superiores a los permitidos por la ley -de hasta 0,5 m2/m2 en zonas de mínima densidad donde el tope estaba en 0,25 m2/m2), y además habría calculado muy a la baja las compensaciones que los promotores debían hacer al Consistorio: con un precio estimado del terreno en 120 euros/m2, cuando en realidad se situaba en esa época en torno a 600 euros/m2. Unas prácticas presuntamente prevaricadoras y malversadoras que habrían causado un descomunal daño a las arcas municipales; más de 300 millones.

Así se recoge en el auto de Procedimiento Abreviado (PA) que ayer notificó el magistrado del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, con el que coloca a 18 encausados a un paso del banquillo por un total de 64 presuntos delitos.

Las supuestas actuaciones ilegales desarrolladas desde la Gerencia de Urbanismo no habrían sido desinteresadas, teniendo en cuenta que el propio exconcejal, Fernando Berberena, y el exjefe de la Gerencia, Alberto Guerra, están acusados de varios delitos de cohecho. Ambos habrían recibido dádivas o regalos, procedentes de intermediarios de los promotores, con el fin de hacerlos más sensibles y proclives a favorecer sus intereses.

El magistrado cita expresamente las fotos que se descubrieron con motivo de un registro domiciliario y que muestran a Fernando Berberena y al entonces jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, disfrutando en 2004 de una fiesta en un yate de lujo, propiedad del promotor Ramón Salvador Águeda, y en compañía del intermediario Renato del Noce.

El instructor también atribuye a Del Noce haberle regalado un reloj de lujo a este político del PP.

Por lo que se refiere a quien era el gerente de Urbanismo, Alberto Guerra, este y su esposa, Isabel Fernández Guerras, habrían estado participando en lucrativos negocios inmobiliarios con dos de los representantes de las promotoras, Renato del Noce e Higinio Pérez Mateos, en las mismas épocas en las que estaba tramitando los convenios urbanísticos. Unos hechos por los que se les imputa cohecho.

El auto también incluye las circunstancias que rodearon la rehabilitación del Casino de Murcia con fondos públicos, en la que se habría cometido una malversación al permitir que Del Noce se embolsara dos millones como aparente director de las obras e intermediario.

En esta resolución, que es susceptible de recurso, el magistrado exculpa a varios de quienes estuvieron imputados en esta pieza, como el exalcalde Miguel Ángel Cámara -quien sigue acusado por la pieza 'Nueva Condomina'-, Isabel Parra, José Antonio Martínez Madrid, Sandra Díaz García y Ana Luisa López.

Por último, archiva por falta de pruebas la investigación por supuesto delito de cohecho que abrió para intentar determinar si por parte de la empresa constructora Villegas, que se encargó de las obras del Casino, podrían haberse entregado unos 200.000 euros a Berberena de forma ilegal. El magistrado indica que las gestiones realizadas «no han prosperado en indicios sólidos».