Familiares y compañeros del policía fallecido se concentran esta tarde en protesta por su muerte

Habrá un antes y un después de ayer en el caso Cala Cortina, como probablemente lo habrá en lo que se refiere al uso que se hace de la figura de la prisión preventiva. La muerte anoche de Gregorio Javier G.M, uno de los seis policías nacionales encarcelados como sospechosos del caso Cala Cortina, amenaza con provocar una tremenda conmoción en ámbitos judiciales y policiales de Cartagena, donde el ambiente ya era especialmente tenso desde que, hace un año, una juez tomó la decisión de ingresar en prisión a estos funcionarios.

Fuentes policiales contrastadas y de absoluta solvencia confirmaron a 'La Verdad' el fallecimiento del agente de la escala básica Gregorio Javier G.M., que se produjo en apariencia a causa de una pancreatitis, que sufrió en el centro penitenciario de Madrid en el que desde hace doce meses estaba ingresado junto a José Carlos M.L., su compañero de patrulla. Los otros cuatro policías nacionales implicados en el 'caso Cala Cortina', José Antonio C.G., José Luis S.A., Raúl A.R. y Rubén Manuel F.S., están a su vez internados en un centro penitenciario de Castellón destinado a funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Los familiares y amigos de Gregorio Javier y de los otros cinco policías acusados del crimen preparan una concentración este martes por la tarde para pedir la liberación de todos los agentes y en protesta por el fallecimiento en prisión. Además, un centenar aproximado de personas se manifestó anoche en Cartagena con velas ante el monumento al Ángel Custodio.

Los seis funcionarios ingresaron en prisión el 8 de octubre de 2014 por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, María Antonia Martínez, quien les atribuyó los supuestos delitos de asesinato y detención ilegal. Los policías habían sido detenidos unas horas antes por sus propios compañeros de la Unidad de Asuntos Internos, después de una investigación que se había prolongado por espacio de siete meses.

Las gestiones se iniciaron a finales del mes de marzo de ese año, cuando apareció flotando en Cala Cortina, a pocos kilómetros del casco urbano de Cartagena, el cadáver de un vecino de Las Seiscientas, Diego Pérez, que había desaparecido quince días antes. Este hombre, que padecía esquizofrenia y tenía problemas de drogodependencia, había alertado a la Policía, en la madrugada del 11 de marzo, de que estaba siendo amenazado y de que unos desconocidos trataban de acabar con su vida.

En esa línea se orientó la investigación hasta que la aparición de un testigo protegido, que dijo haber visto cómo los integrantes de tres coches patrulla se llevaban a Diego Pérez esa madrugada, cambió el curso de las gestiones. En los primeros días de octubre, los seis funcionarios del turno de noche de la Comisaría de Cartagena fueron detenidos como sospechosos de la muerte y desaparición de ese vecino y, seguidamente, ingresaron en prisión preventiva.

Esta circunstancia hizo que el ambiente se enrareciera sobremanera en el propio seno de la Policía y en la relación de este cuerpo con los ciudadanos, al punto que llegaron a registrarse algunos incidentes en forma de insultos y desplantes.

La crispación era, además, muy elevada entre familiares y amigos íntimos de los seis policías, que días atrás comenzaron a celebrar manifestaciones semanales en demanda de su excarcelación.

También los abogados de las defensas llevaban meses reclamando la puesta en libertad provisional de los seis sospechosos.

Las fuentes mencionadas señalaron que Gregorio Javier empezó a sentirse mal el domingo y que ayer empeoró sensiblemente, lo que llevó a la dirección de la prisión de Estremera, en la que estaba encarcelado, a ordenar su traslado al hospital Gregorio Marañón, a unos 70 kilómetros. Cuando llegó a este centro, sin embargo, su situación era ya irreversible y el fallecimiento se produjo poco después. Todo apunta a que se trató de una pancreatitis aguda.

«Se habrán quedado tranquilos»

A medianoche, la familia de Gregorio Javier escribió en Facebook un mensaje en el que da cuenta del fallecimiento, que atribuye a la pancreatitis que sufrió el domingo, pero en el que añade que «no recibió la asistencia sanitaria debida en la prisión de alta seguridad de Estremera». «Javi -añade la familia- es una víctima de nuestro poder policial y jurídico, corrupto hasta los tuétanos». «El empecinamiento de un poder judicial omnímodo que no atendió a pruebas, sino al dictado de la política al uso -agrega la nota- han acabado con la vida de un servidor de la Justicia y de los ciudadanos. Javi será ahora una nota en un expediente judicial. Nunca se restablecerá su honor». La familia concluye con una alusión («ahora se quedarán tranquilos») a «la juez que lleva el caso, el forense que lo acusó y el resto de la maquinaria», a los que consideran «responsables de una vida joven que ellos truncaron».