La Audiencia avala que los policías de Cala Cortina sean juzgados por homicidio

Sus posibilidades de no acabar siendo juzgados por la muerte de un vecino de Las Seiscientas de Cartagena se han reducido prácticamente a cero. Los seis agentes del Cuerpo Nacional de Policía, pertenecientes a la plantilla de la Comisaría de Cartagena, que están acusados de la supuesta detención ilegal y del presunto homicidio de Diego Pérez en Cala Cortina, acabarán sentados con toda probabilidad ante un jurado popular por los dos cargos mencionados. No en vano, la Audiencia Provincial acaba de rechazar un recurso presentado por cuatro de los seis imputados, cuyos abogados reclamaron la nulidad de un auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, María Antonia Martínez Noguera, con el que abría el procedimiento del jurado popular por los dos delitos citados.

Los recursos de los letrados defensores se basaban, fundamentalmente, en la supuesta falta de motivación de la resolución y en la inexistencia de indicios suficientes para mantener que se produjo un homicidio doloso. También en la circunstancia de que, al tratarse la detención ilegal y el homicidio de dos delitos conexos, los hechos no eran competencia de un jurado popular.

Sin embargo, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, ha rechazado todos y cada uno de los argumentos de los letrados y ha avalado que los agentes acaben ante un tribunal formado por nueve ciudadanos por los hechos ocurridos en la madrugada del 11 de marzo de 2014. Esa noche, los policías nacionales Gregorio Javier G.M., José Carlos M.L., Raúl A.R., Rubén Manuel F.S., José Antonio C.G. y José Luis S.A. acudieron a la barriada de Las Seiscientas con el propósito de prestar ayuda a Diego Pérez, un vecino que se sentía amenazado.

La instructora considera que, en lugar de auxiliarle, lo que supuestamente hicieron fue introducirlo en un coche patrulla y trasladarlo hasta Cala Cortina -«la guarida», como se habría referido uno de los policías-, con el aparente propósito de dejarlo allí para que se le pasara el estado de excitación que presentaba. Además de ello, y basándose en un informe pericial que asegura que Diego fue asesinado mediante el retorcimiento de su cuello, la instructora les atribuye haberlo matado presuntamente y haber arrojado su cuerpo al agua. El cadáver apareció semanas más tarde, cuando el mar lo arrojó a la playa.

Aunque los agentes vienen manteniendo desde su detención que Diego se les escapó al llegar a la cala y que no volvieron a verlo, y pese a que las defensas disponen de informes periciales que aseguran que la muerte fue accidental, la juez decidió mantenerles la imputación de homicidio.

Ahora, la Audiencia acaba de avalar la decisión de la magistrada: asegura que el auto está motivado suficientemente y que el asunto es competencia de un jurado popular, como ocurre cada vez que lo que debe ser enjuiciado es un presunto homicidio.