Costas agrupará 800 barcos en tres zonas del Mar Menor para aliviar el fondeo ilegal

La lucha contra uno de los principales problemas turísticos, ambientales y económicos que sufre desde hace años el Mar Menor, el fondeo ilegal de barcos, experimentará un nuevo impulso en los próximos dos años gracias a un plan del Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con la Comunidad Autónoma, los cuatro ayuntamientos ribereños, los clubes náuticos y particulares. El Gobierno central, a través de la Demarcación de Costas del Estado en la Región, prevé concentrar en tres fondeaderos legales de nueva creación en torno a ochocientas embarcaciones cuyos propietarios las anclan a diario al fondo de la laguna cerca de las zonas de baño en una veintena de playas.

Tras lograr que los dueños hayan retirado en el último lustro unas dos mil embarcaciones que estaban dispersas por el Mar Menor, así como una cantidad similar de 'muertos' o anclajes del fondo marino, tras la imposición de multas de hasta 12.000 euros y con la simple amenaza de sanciones, las autoridades apuestan ahora por tres infraestructuras. El objetivo es concentrar los barcos cuyos titulares carecen de punto de amarre en puertos deportivos.

Aceite, combustible y espuma

En primer lugar, habrá 'polígonos temporales de fondeo', una suerte de muelles flotantes que evitan el uso de hormigón y donde los barcos utilizan anclajes ecológicos (por los materiales de fabricación). En segundo lugar, se está proyectando la construcción de las marinas secas, parcelas de almacenamiento en tierra para las épocas en que las naves no son usadas. Si están cerca del mar, pueden verse complementadas por rampas de lanzamiento para facilitar el traslado.

Y en tercer lugar, se ha planificado la creación de fondeaderos de visita en puntos de interés ambiental o turístico. En este caso, se piensa en facilitar el acceso ordenado a entornos como Isla Grosa y el Farallón, entre otras cosas para no dañar las praderas de posidonia.

La medida más avanzada por el Estado es la puesta en marcha de los polígonos, que funcionarán como concesiones o autorizaciones por un número determinado de años (en principio serán diez); y que dispondrán de un plan de gestión de residuos y de contingencia por contaminación marina.

El director de la Demarcación de Costas, Andrés Martínez, anunció a 'La Verdad' que el próximo año estarán listos los fondeaderos legales de La Puntica, en Lo Pagán (San Pedro del Pinatar), y de El Atalayón (San Javier). El primero tiene como promotor al Club Náutico de La Puntica, ocupará 77 hectáreas y su capacidad será de 194 embarcaciones de 4 a 8 metros de eslora. Y el segundo será gestionado, para empezar, por el Ayuntamiento, y podrá albergar 179 embarcaciones en una zona que tiene como ventaja que está excluida en la actualidad como área de baño.

Salvo imprevistos, para el verano de 2017 estará disponible el 'polígono' de La Ribera, uno de los principales lugares de conflicto debido a las quejas de los bañistas por prácticas como el vertido de aguas residuales, aceite y combustible; la limpieza de los barcos con productos que generan bancos de espuma; y el abandono de anclajes de hierro, piedra, cemento y hasta neumáticos, que originan cortes en el cuerpo, sobre todo en los pies.

Para el resto del litoral de San Javier, sobre todo debido a los problemas en La Manga, Costas mantiene conversaciones en el Ayuntamiento de cara a implicar a clubes náuticos y particulares en la presentación de proyectos de fondeaderos. La idea es que, a cambio del pago de un canon a la administración pública, el gestor de estas instalaciones obtenga el derecho a alquilar los puntos de atraque. En el punto de mira están las playas de El Pedruchillo, Los Alisios, El Galán, Veneciola y Punta Cocedor.

«Buena sintonía»

En la misma situación están las playas que pertenecen al municipio de Cartagena, tanto en La Manga como en la ribera sur del Mar Menor. Ejemplos son El Vivero, Playa de Los Alemanes, Los Nietos, Mar de Cristal, Los Urrutias, Islas Menores y Punta Brava. Andrés Martínez destacó la «buena sintonía» con el nuevo equipo de gobierno local, y recordó que en un reciente encuentro para repasar los principales proyectos conjuntos en la zona pidió al alcalde, José López, que sondeara a particulares dispuestos a cooperar con las instituciones públicas para solventar la problemática del fondeo irregular.

«Hay que tener en cuenta que, de los 2.700 embarcaciones censadas hace tres años en el Mar Menor [el Ministerio no ha dispuesto de presupuesto para actualizar sus datos con otra batida], cerca de mil están repartidas en La Manga, tanto en la parte que depende de San Javier como en la de Cartagena», subrayó el jefe de Costas.

En cuanto al municipio de Los Alcázares, esta invasión de embarcaciones (que en ocasiones ocupan los canales navegables habilitados para el paso de embarcaciones de emergencias y para otros usos) tiene un 'punto caliente' en la playa de La Concha.

Pegatinas que disuaden

Para esta zona, los responsables del departamento estatal de Costas piensan en un fondeadero temporal con capacidad para sesenta embarcaciones. Al igual que en el caso de Cartagena, el Gobierno de la Nación también ha pedido la ayuda del alcalde, Anastasio Bastida, para agilizar las soluciones.

Andrés Martínez añadió que la reordenación completa podría durar en torno a una década, incluyendo no solo la laguna interior, que tiene unos 170 kilómetros cuadrados, sino también las decenas de barcos en una situación similar a lo largo de los 170 kilómetros del litoral mediterráneo en la Región, de San Pedro a Águilas, pasando por Mazarrón y Lorca.

Como ejemplos, el problema afecta a La Azohía e Isla Plana, que pertenecen a Cartagena; y a Punta Vela y La Ermita, en Mazarrón, donde Costas y la Comunidad Autónoma han tratado de aliviar la situación con la concentración de barcos, aunque por ahora no hay 'polígonos'.

Hace dos años, además, en Isla Plana se multó a 200 dueños de barcos por meterse en las zonas balizadas para el baño. Y en 2014, en Punta Brava, el Ayuntamiento colocó pegatinas en un centenar de barcos con la advertencia de la retirada inmediata o la sanción.

Las multas, que dependen del número de días de fondeo y de la superficie ocupada (Costas tiene a una decena de inspectores), suelen oscilar entre los 3.000 y los 12.000 euros, aunque la ley recoge sanciones de hasta 180.000 euros para los casos muy graves. A ello hay que sumarle el coste que supone para la administración remolcar la nave para que deje de estorbar.

En la actualidad, con la ayuda de Capitanía Marítima en tareas como la comprobación de las matrículas, Costas tiene en trámite cerca de sesenta sanciones. La burocracia genera retrasos, pero en el Ministerio recuerdan que van «en serio para defender el interés general y devolver el orden» al litoral de la Región.