La nueva ley permite recalificar antes de 30 años los terrenos incendiados

A partir del próximo 21 de octubre, tres meses después de la publicación este martes de la Ley de Montes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se podrá modificar el uso del suelo incendiado antes de 30 años siempre que sea por «razones imperiosas» de interés general.

La reforma de la Ley de Montes aprobada por el Gobierno introduce la posibilidad de cambiar el uso de los terrenos forestales incendiados si existen «razones imperiosas de interés público», una excepcionalidad a la que se opusieron con fuerza los grupos de la oposición, los grupos ecologistas y los sectores ambientales. El artículo 50 mantiene la prohibición del cambio de uso forestal «al menos durante 30 años» y de toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal. Permite, sin embargo, a las comunidades autónomas acordar «excepciones a estas prohibiciones» siempre que antes del incendio forestal el cambio de uso estuviera ya previsto en un instrumento de planeamiento previamente aprobado; un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación o bien por una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o de ganadería extensiva en montes no arbolados en estado de abandono.

La ley hasta ahora vigente, que aprobó en 2006 la entonces ministra socialista Cristina Narbona, impedía construir en zonas afectadas por el fuego durante los 30 años posteriores al siniestro, salvo que hubiera ya trámites aprobados. Según explicó la titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, durante la aprobación de la nueva norma, se establece la excepción de cambios de usos para evitar que incendios provocados puedan «impedir actuaciones de interés general». Según la ministra, la reforma persigue tres objetivos: mayor protección de la biodiversidad, prevención de los incendios y lucha contra el cambio climático, y facilitar el aprovechamiento económico de los recursos de los montes.

Zonas de alto riesgo

El texto modifica otros aspectos sobre terrenos incendiados, de modo que aquellos en los que la frecuencia o virulencia de los incendios y la importancia de los valores amenazados hagan «necesarias» medidas especiales de protección, podrán ser declaradas zonas de alto riesgo de incendio o de protección preferente.

El responsable de Medio Ambiente del Partido Socialista, Enrique Ayuso, denunció ayer que la nueva Ley de Montes «da la espalda al mundo rural y a la defensa del medio ambiente para hacer negocio con los montes y los bosques quemados». Ayuso subrayó que «la recalificación de los terrenos forestales quemados perjudica seriamente a la Región con una alta probabilidad de incendios, una gran presión urbanística y con más de 5.000 kilómetros cuadrados de superficie forestal». El responsable socialista de Medio Ambiente remarcó que «más que una ley de montes, es una ley contra los montes de nuestro país».

Ayuso sostuvo que la reforma de la Ley de Montes «supone un retroceso en la política medioambiental de España y nos aleja de los países más avanzados de Europa, ya que permite a las comunidades autónomas recalificar terrenos que han sido pasto de los incendios». Incidió en que «éste es un mensaje gravísimo para los pueblos y vecinos que cuidan los montes con escasos recursos porque ahora llega el Gobierno a sugerir que si se incendia un monte, alguien puede hacer negocio».

El responsable de Medio Ambiente en el PSOE murciano aseguró que «parece que al PP no le preocupa intensificar las medidas presupuestarias para prevenir los incendios, fomentar la limpieza de los montes y la biomasa o aumentar las inversiones en las zonas rurales y forestales; sino que sus amigos puedan comprar terrenos baratos».