La reforma de la ley electoral descarta las consultas populares y las listas abiertas

Que esté siendo cocinada a fuego muy vivo -hay quien opina que incluso de manera arrebatada- no impedirá que la nueva ley electoral de la Región de Murcia esté al gusto de todos. Así se desprende de la aprobación del dictamen del texto definitivo que será debatido en Pleno por la Asamblea Regional pasado mañana, ultimado y condimentado en la Comisión de Asuntos Generales del Parlamento celebrada ayer. La mayoría que logran PSOE, Podemos y Ciudadanos (C's) cada vez que suman sus votos impidió que prosperaran las doce enmiendas presentadas por el Partido Popular (PP). Aun así, los representantes de la formación que gobierna en la Región terminaron aceptando el plato, entre otras razones, obligados por el acuerdo con C's que permite a Pedro Antonio Sánchez ser presidente de la Comunidad.

La nueva ley llevará cuatro ingredientes básicos que, en general, gustan a todos los partidos: la circunscripción única en lugar de las cinco actuales, la rebaja del 5 a 3% del total de los votos que permiten a una formación obtener representación parlamentaria, la incompatibilidad de ser alcalde y diputado regional, así como la celebración de debates en medios de comunicación públicos. Cuando comience en septiembre el primer periodo ordinario de sesiones de la novena legislatura, PSOE, Podemos y C's quieren promover una ponencia para seguir mejorándola con aportaciones ciudadanas, de órganos consultivos y de organizaciones ciudadanas.

El PP, sin opción

De momento, la reforma básica de la ley electoral saldrá adelante en el Pleno con el texto consensuado por las tres fuerzas de la oposición y una sola enmienda del PP, de carácter técnico y carente de sustancia política. Concretamente, supone la eliminación de un término redundante en el apartado 1 del artículo 26, relativo a la propaganda electoral y los debates en medios públicos.

Las tres fuerzas rechazaron en la Comisión de Asuntos Generales las otras once enmiendas, que incluían iniciativas como las consultas populares, la aceptación de listas abiertas y la garantía de la representación territorial tras la desaparición de las actuales cinco circunscripciones.

Los diputados Miguel Sánchez (C's), María Giménez Casalduero (Podemos) y Joaquín López (PSOE) coincidieron en que todas las enmiendas descartadas excedían las competencias autonómicas y podrían ser objeto de futuros recursos de inconstitucionalidad. Citaron las relativas a la posibilidad de establecer listas abiertas y organizar una consulta ciudadana sobre la reforma de la ley. Sánchez recordó sobre la primera cuestión que está pendiente de ser regulada a nivel nacional, mientras que sobre la segunda destacó que la Comunidad carece de competencias para convocar votaciones populares.

Fuera del debate

Otras propuestas fueron excluidas por considerar la mayoría que no eran objeto del actual debate. El PP proponía que existiera una reseña biográfica de todas las personas que vayan en las listas, la publicación de los programas electorales con antelación y que haya un control de los gastos de cada partido. También la creación del Instituto de Estudios Electorales, dependiente de la Junta Electoral Provincial (un Centro de Investigaciones Sociológicas a la murciana), que controlaría todos los sondeos y encuestas que se realicen para garantizar su credibilidad.

La diputada Giménez Casalduero recordó que el cambio promovido por Ciudadanos no afecta a la totalidad de la ley y se limita casi exclusivamente a reducir las cinco circunscripciones actuales a una sola y rebajar del 5 al 3% el umbral de votos obtenidos para lograr representatividad. «El PP intenta utilizar este periodo extraordinario de debate para añadir cuestiones que trascienden las normas autonómicas», dijo Giménez, advirtiendo de una maniobra dilatoria.

La diputada de Podemos y el portavoz del PSOE, Rafael González Tovar, coincidieron que los asuntos planteados ahora por el PP podrán tratarse más adelante, en esa ponencia anunciada para seguir enriqueciendo la norma electoral.

El portavoz del PP, Víctor Manuel Martínez, lamentó que ahora el «tripartito», como llama él a la alianza del resto de formaciones, rechace unas propuestas que iban encaminadas a «enriquecer la ley y hacerla más participativa, novedosa, moderna y vanguardista». A Martínez y a sus compañeros les parece contradictorio que partidos que defienden la necesidad de garantizar la participación ciudadana rechacen propuestas, como la de consultas ciudadanas, en base a una posible inconstitucionalidad. «Eso tendrá que dictaminarlo un tribunal, pero no los partidos», argumentó.

Pero a pesar del desmantelamiento de todos sus puntos de vista durante una Comisión que se extendió durante hora y media, el PP terminó votando de manera favorable al dictamen de la ley. Salvo sorpresa, la propuesta de aprobación en pleno saldrá adelante por unanimidad.

En menos de un mes

Cuando llegue ese momento habrá ocurrido algo insólito en el Parlamento murciano: un cambio normativo en un periodo extraordinario de sesiones y, además, en tiempo récord. La proposición fue presentada el pasado 25 de junio por el portavoz de Ciudadanos. Desde entonces, este asunto ha pasado por la Mesa y la Junta de Portavoces, ha sido discutida en Pleno por todos los grupos parlamentarios, tramitadas sus enmiendas en la Comisión de Asuntos Generales y aprobada en Pleno en menos de 30 días.

En el ambiente político regional impera la sensación de que Pedro Antonio Sánchez puede convocar elecciones en cualquier momento para tratar de obtener una mayoría absoluta que se le escapó el pasado 24 de mayo. El PSOE y los dos partidos emergentes pretenden aprovechar su momento. No quieren sorpresas.