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El exconsejero Juan Carlos Ruiz (derecha) llegando ayer a la Audiencia Nacional acompañado de su abogado, Francisco Martínez Escribano.
Ruiz niega ante el juez de la 'Púnica' que firmara un contrato con la trama

Ruiz niega ante el juez de la 'Púnica' que firmara un contrato con la trama

El exconsejero quedó en libertad, sin medidas cautelares, pero sigue imputado por presunta malversación de caudales públicos

MATEO BALÍN

Martes, 23 de junio 2015, 01:27

Mejorar la reputación 'online' del que fuera consejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz. Ésta era supuestamente la tarea que uno de los cerebros de la 'trama Púnica', el empresario y 'conseguidor' Alejandro de Pedro, se ofreció a impulsar en algunas de las conversaciones que mantuvo a finales del año pasado con el entonces jefe de gabinete de esa consejería, José Fidel Saura, y que fueron interceptadas por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

El asunto no tendría mayor trascendencia, al menos en su vertiente penal, de no ser por la existencia de indicios que apuntan a que esa promoción de la imagen personal del popular Juan Carlos Ruiz se iba a sufragar, presuntamente, con dinero público. Se iba a hacer, en apariencia, destinando a tal propósito una parte del importe de los contratos que la compañía Madiva -propiedad de De Pedro- pretendía suscribir con varios organismos dependientes del propio consejero, como el Instituto de Turismo o el Instituto de Fomento (Info).

Esta línea de investigación es la que habría llevado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a imputar a Ruiz por presunta malversación de caudales públicos y a citarle ayer en el juzgado. Allí, acompañado de su abogado, Francisco Martínez Escribano, el exconsejero negó que diera un trato de favor De Pedro para la concesión de un contrato de 24.000 euros ofertado a su departamento. El imputado sí admitió que se reunió una vez con el empresario, pero aseguró que el acuerdo no se hizo efectivo ya que se anuló cuando se supo que había una trama detrás, según fuentes jurídicas.

Así, su línea de defensa fue similar a la que mantuvo en la rueda de prensa en la que anunció su dimisión, el pasado 2 de junio. En aquella ocasión relató que el encuentro con De Pedro fue «como uno de los miles» que se celebran en la Consejería. «No tengo nada que esconder. Pueden mirar en mis cuentas o donde quieran. De esta consejería no ha salido ni un euro para ninguna trama ni para nadie, que no sea con todos los informes favorables y para trabajar para el servicio público», afirmó. Ruiz quedó ayer en libertad sin medidas cautelares, pero de momento sigue imputado.

La ramificación murciana

La ramificación murciana del 'caso Púnica' también afecta a otros cargos supuestamente implicados, como son las exdirectoras del Instituto de Fomento, Reyes Samper, y del Instituto de Turismo, Mariola Martínez, así como del ex secretario general de la Consejería, José Fidel Saura -todos ellos dimitieron tras conocerse su imputación en el caso-. También están imputados en este proceso el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso, considerado uno de los cabecillas de la trama, y el exsecretario técnico del Instituto de Turismo de la Región, Jesús Norberto Galindo.

A la declaración de Ruiz le seguirá, este viernes, las del exconsejero de Presidencia y Justicia y exportavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y la exconsejera de Educación de esta región Lucía Figar, quienes dimitieron un día después de su imputación aunque en marzo ya avanzaron que no repetirían en la listas del PP.

Las citaciones se enmarcan dentro de las investigaciones, que permanecen secretas, sobre una «gigantesca red clientelar de tráfico de influencias» centrada en ayuntamientos y autonomías de Madrid, Valencia Murcia y León, y que buscaba el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos.

Uno de lo supuestos cabecillas de esa trama sería el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, que se encuentra en prisión provisional desde octubre junto a su socio, el empresario David Marjaliza. A ambos les investiga la Audiencia Nacional por blanquear 11 millones de euros en Suiza y Singapur procedentes, supuestamente, del cobro de 'mordidas'.

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