Morillas defiende la legalidad de su actuación en el convenio de Nueva Condomina

El exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia Pedro Morillas defendió la legalidad de su actuación en la preparación del convenio Nueva Condomina y recurrió la imputación de prevaricación hecha por el Juzgado que investiga el 'caso Umbra', sobre presunta corrupción urbanística.

Así se recoge en el recurso que Morillas presentó contra el auto del Juzgado de Instrucción número Ocho que le atribuyó ese delito en la pieza separada abierta para investigar todo lo relacionado con este convenio urbanístico.

El recurso, además de rebatir varios extremos del auto, señala que dos sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ampararon el contenido del convenio, ya que solo anuló la cláusula que se refería al aprovechamiento municipal. Esa cláusula, añade Morillas, se refería a una determinada alternativa de aprovechamiento, cuando los jueces determinaron que debía hacerse por otra.

Pero determina, acto seguido, que conocida la sentencia, el consistorio la ejecutó, "aprobando la cesión de fincas para completa el diez por ciento de aprovechamiento, quedando las misma de titularidad municipal y debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad".

Expone también el exgerente de Urbanismo que "el ayuntamiento, por razón de ese diez por ciento, una vez cumplida la sentencia, recibió en dinero 6,1 millones de euros y fincas valoradas en 17,6 millones, haciendo un total de 23,7 millones de euros". Indica, asimismo, que si el convenio se decidió por la alternativa que aplicó fue por entender que la diferencia de edificabilidad con la alternativa que debió considerarse, según los jueces, "estaba contraprestada por el mayor coste de construcción del estadio".

Morillas rebate varios extremos del auto, como el referido a que el convenio fue aprobado sin saber lo que costaría el estadio. "Sorprende esta manifestación del auto -dice-, por cuanto el convenio, en su página 16, estima de forma expresa el coste en la cantidad de 4.516.440 pesetas", estima. También rechaza que el entonces concejal de Urbanismo, Ginés Navarro, se opusiera al acuerdo, ya que afirma que votó a favor de su aprobación "en su integridad".

Con respecto a Navarro, añade que la resolución judicial vuelve a equivocarse cuando dice que fue cesado el uno de abril de 2001, durante la tramitación de la revisión del Plan General y antes de su aprobación definitiva. "Tampoco ello es así -dice el apelante-, puesto que la aprobación definitiva de la revisión, que fue el gran reto político de Ginés Navarro y cuyo objetivo logró, se produjo el 31 de enero de 2001".

Respecto a sus contactos con Jesús Samper, dueño del Real Murcia y promotor del convenio urbanístico a través de una de sus empresas, comenta que no mantuvo relación alguna con él, "salvo las reuniones públicas de elaboración del convenio", concluye.