La infiltración de la 'trama Púnica' en la Administración se lleva por delante a Ruiz

Los malos vientos de la 'Operación Púnica' se llevaron ayer por delante a Juan Carlos Ruiz, consejero de Industria, Empresa, Turismo e Innovación en funciones, que ya ni siquiera llegará a alcanzar la cercana meta del final de legislatura. Tras conocerse su imputación por parte de Eloy Velasco, el magistrado de la Audiencia Nacional que coordina la investigación sobre esa descomunal trama de corrupción nacional, el alto cargo del Gobierno de Alberto Garre apenas tardó cuatro horas en presentar su renuncia. Una dimisión en un tiempo récord que, en contraste con otros compañeros del PP gravemente imputados que se aferran al sillón desde hace años, bien podrá enarbolar desde ahora como blasón de coherencia y responsabilidad políticas.

Lo cierto es que, aunque siempre le quedaba la opción límite de intentar enrocarse, Juan Carlos Ruiz no tenía otras alternativas válidas. De un lado, porque de haber apostado por mantenerse en el cargo habría frustrado, muy probablemente, cualquier intento del PP de alcanzar un acuerdo con Ciudadanos que le permita seguir gobernando.

Además, su estrecha ligazón política con Alberto Garre le había convertido, frente a posturas mucho más laxas que venían imponiéndose en el PP, en un firme defensor del principio de que no puede haber encausados ocupando cargos públicos.

Por último, y unido a todo lo anterior, difícilmente habría podido justificar el seguir ejerciendo como consejero cuando hace ocho meses aceptó/forzó las dimisiones de dos de sus más estrechas colaboradoras, la directora general del Instituto de Turismo, Mariola Martínez, y la directora del Instituto de Fomento (Info), Reyes Samper, y de su jefe de gabinete, José Fidel Sánchez, después de que todos ellos se vieran igualmente imputados por el 'caso Púnica'.

Ya entonces, el pasado octubre, Ruiz aseguró que no se planteaba dimitir pese a la presunta implicación de esos colaboradores, pero añadió que «lo haría si me afectara a mí». Una situación que ayer acabó dándose, cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, lo citó a declarar como imputado, el próximo 22 de junio, «en la causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, que fueron destapadas a través de la 'Operación Púnica'».

Lo que el magistrado investiga en el caso concreto de Ruiz es un presunto delito de malversación de caudales públicos, según fuentes conocedoras del proceso. Las sospechas se dirigen a constatar si se planificó el desvío de dinero público de unos contratos con la Consejería para otros fines presuntamente ilícitos, como serían los de promocionar la imagen personal de este alto cargo en las redes sociales e internet.

«Completamente inocente»

La noticia de su imputación se conoció hacia las nueve de la mañana y apenas pasaban unos minutos de la una de la tarde cuando Juan Carlos Ruiz, con el gesto adusto y la voz todo lo serena que permitían las circunstancias, compareció públicamente para anunciar su renuncia. «Lo hago con la conciencia tranquila; soy absolutamente inocente», comenzó su breve alegato, tras lo cual afirmó desconocer qué cargos concretos se le atribuyen «por parte de un órgano -sostuvo, alertando de su condición de aforado- que no tiene capacidad para imputarme».

Pese a todo ello, insistió, había tomado la determinación de renunciar a su cargo público y a sus privilegios como diputado regional, con el objetivo prioritario «de que toda esta situación se aclare cuando antes, con la máxima rapidez», y para que «no se alargue más la duda sobre mi honradez».

El ya exconsejero afirmó que «pueden mirar mis cuentas, pueden mirar donde quieran, porque no tengo nada que esconder y no puede haber dudas sobre ello. Soy honrado y quien me conoce lo sabe».

En el disparadero

La imputación de Juan Carlos Ruiz parecía ser una cuestión de tiempo desde el pasado febrero, cuando 'La Verdad' desveló que uno de los líderes de la 'trama Púnica', Alejandro de Pedro, había sido grabado mientras mantenía una conversación telefónica con el jefe de gabinete de la Consejería de Industria, José Fidel Sánchez, en la que el primero se ofrecía a mejorar la imagen personal de Ruiz en internet y las redes sociales.

Una campaña de promoción, al estilo de las que la trama acordó con otros muchos cargos políticos de varias provincias, que presuntamente habría de sufragarse con dinero público. En concreto, siempre según las sospechas de los investigadores, destinando a tal propósito una parte del importe de los contratos que la compañía Madiva -propiedad de De Pedro- pretendía suscribir con varios organismos dependientes del propio consejero, como el Instituto de Turismo o el Instituto de Fomento (Info).

El hecho de que esa empresa ya hubiera firmado un contrato con Turismo en octubre, cuando se desató la 'Operación Púnica', y estuviera en trámites de obtener otro con el Info contribuyó a afianzar esas sospechas sobre las pretensiones de la trama y sus maniobras para penetrar en la Administración regional.

Según todos los indicios, la irrupción de De Pedro en la Consejería de Industria y Turismo se produjo a través del jefe de gabinete, el cartagenero José Fidel Saura, quien mantenía una estrecha relación con otro de los presuntos cerebros de la 'trama Púnica', el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso.

Saura, que años atrás estuvo empleado en una empresa de Alonso, habría presentado a éste a los altos cargos de la Consejería, y seguidamente habría ayudado a introducirse a Alejandro de Pedro.

«Tuve una reunión con él»

Aunque el ya exconsejero se mostró ayer reacio a ofrecer detalles acerca de los contactos y relaciones que habría mantenido con esos relevantes miembros de la red investigada, tuvo que reconocer a preguntas de este periódico que recibió «en una ocasión» a Alejandro de Pedro en su despacho, «como a miles de personas que recibo». No quiso revelar, sin embargo, quién le había pedido que atendiera a este 'conseguidor'. «Son cuestiones que prefiero responder en el juzgado», se excusó.

Respecto de la supuesta oferta que habría recibido para impulsar su reputación 'online', se limitó a señalar que «no sé qué tendría que mejorar de mi imagen por internet», y recordó que el único contrato que se llegó a firmar fue por importe de 24.000 euros para captar turistas británicos. «Aquí no se ha hecho nada de todo eso -lo de la reputación en internet- con dinero público. Fue un contrato que se firmó con todos los informes técnicos favorables y que se anuló cuando se supo que había una trama detrás».

No habla de otros imputados

Ruiz tampoco quiso entrar en valoraciones sobre el hecho de que algunos compañeros de su partido sobre los que pesan graves cargos judiciales, como el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, o el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, se aferren a sus cargos públicos a lo largo de años. «Que cada uno haga lo que crea que debe hacer», señaló. «Yo he tomado la decisión que mis valores y mis principios me piden». Y explicó que Garre había entendido su decisión «perfectamente».

Cuando se le preguntó acerca de si su dimisión había estado motivada por la voluntad de no interferir en las negociaciones que el PP tiene en marcha con otras formaciones políticas para tratar de seguir en el poder, fue contundente: «Si hubiéramos obtenido 45 diputados hubiera hecho exactamente lo mismo».

Ruiz se despidió con unas palabras de agradecimiento a sus colaboradores y funcionarios - «sois lo mejor que tiene esta región»-, algunos de los cuales no pudieron contener las lágrimas. «Nos veremos en otra situación», trató de consolarlos.