El Congreso permite compaginar el cargo con empleos privados a 44 diputados

El Congreso permite a 44 de sus 350 diputados, un 12,5% de la cámara, que ejerzan el pluriempleo y compatibilicen la labor para la que fueron elegidos con el desempeño de sus profesiones privadas, con el único límite de que no contraten o reciban fondos de las administraciones públicas.

De hecho, prácticamente uno de cada tres diputados, con la bendición del resto, tiene ocupaciones fijas ajenas al cargo ya que a los 44 que mantienen su actividad en el sector privado se unen 66 parlamentarios que son alcaldes, concejales o diputados provinciales, en bastantes casos de capitales de provincia o de poblaciones con un importante número de habitantes y un relevante volumen de trabajo en los consistorios. La Comisión del Estatuto del Diputado, el órgano que estudia y aprueba las peticiones, que luego son refrendadas por el pleno, no les pone pega alguna para compatibilizar ambas dedicaciones siempre que renuncien a uno de los dos sueldos públicos, aunque sí que pueden percibir dietas por asistencia.

A este tercio de diputados a tiempo parcial hay que sumar los 95 parlamentarios, otro 27% de la cámara, que está autorizado también a ejercer ocasionalmente de docentes universitarios -en máster, cursos de postgrado o de verano- o a impartir conferencias, charlas, participar en tertulias o colaboraciones periodísticas, realizar creación científica y literaria, o formar parte de fundaciones sin ámimo de lucro.

Así las cosas, los diputados que no tienen más labor que su trabajo legislativo y político en el escaño se reduce a 143, el 41% del hemiciclo.

La ley de Régimen Electoral General, que es la que rige las obligaciones de los miembros del Congreso y del Senado, dice que deben ejercer su labor «con dedicación absoluta» y que el cargo es, como regla general, «incompatible» con el ejercicio de cualquier otro «puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o de cualquier otra forma».

¿Excepción o regla?

La norma, no obstante, deja la puerta abierta a que la Comisión del Diputado autorice alguna excepción que, con el paso de los años, se han convertido en la regla. De igual manera, las limitaciones que se ponen para la aceptación de estas compatibilidades, como la imposibilidad de contratar con las administraciones públicas o no descuidar la función representativas, son un puro acto de fe porque ni el Congreso ni la comisión correspondiente tienen capacidad alguna para comprobar que las condiciones se cumplen ni de hecho lo hacen.

Este es el motivo por el que José Bono y Javier Rojo, presidentes de ambas cámaras la legislatura pasada, con el aplauso de todos los grupos y en una declaración institucional, instaron a respetar de forma estricta la «dedicación absoluta» y a reducir al mínimo las excepciones, «que son una suerte de regla general no querida por el legisladores». Estas nobles palabras, nacidas en junio de 2011 al calor del movimiento indignado 15M, que en esos días tomaba plazas y exigía transparencia y rigor a los políticos, no han tenido recorrido alguno en la presente legislatura, cuando los pluriempleados, alcaldes y concejales del Congreso son exactamente los mismos, 110, que hace cuatro años.

La ausencia de cambios es coherente si se tiene en cuenta que 34 de los 44 diputados que compatibilizan cargo y empleo privado son del PP, que tiene la llave de la reforma con su mayoría absoluta. Otros cinco son del PSOE, dos de CiU y de Amaiur, y uno de UPyD.

El parlamentario pluriempleado tipo es un abogado, con 28 diputados ejercientes, el 63% de todos los autorizados. También hay cinco empresarios de hotelería, turismo y prestación de otros servicios, cuatro médicos, dos economistas, un farmacéutico, una periodista, un consultor, un ingeniero técnico industrial y una 'bertsolari'.

Entre los muy ocupados están el diputado José Beneyto, abogado, catedrático y asesor; Miguel Ángel Cortés, abogado, conferenciante y miembro de 14 patronatos, fundaciones o consejos asesores; o José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras y gerente de centros médicos privados.