Los candidatos apuestan por pactos puntuales en lugar de acuerdos de gobierno

Los candidatos del PP, PSRM, Podemos, Ganar la Región, UPyD y Ciudadanos a la presidencia de Murcia descartaron este jueves en un debate electoral pactos de legislatura, no así sobre cuestiones concretas, aunque los socialistas no pensarán en ello hasta conocer las cifras salidas del urnas el 24 de mayo.

Salvo el del PP, Pedro Antonio Sánchez, en el acto organizado por la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado (Ucomur) con temas pactados antes y minutados, todos rechazaron expresamente acuerdos con partidos que lleven imputados en sus listas electorales o los propongan para cargos públicos si llegan a formar Gobierno.

En un repaso a sus propuestas sobre transparencia, corrupción, paro, educación, modelo de región, agua o economía social, destacó la propuesta de los candidatos del PP y Ciudadanos, Miguel Sánchez, de suprimir el impuesto de sucesiones, a la que el primero ha añadido la rebaja del 20 % del tramo autonómico del IRPF a la mitad de la población.

En cambio, para José Antonio Pujante, de Ganar, que cifró en mil millones lo perdido para las arcas públicas murcianas por la supresión del impuesto sobre el patrimonio, hay que subir el IRPF con una reforma fiscal progresiva para generar más ingresos con los que incrementar la inversión pública y mantener el de sucesiones.

También los candidatos del PSOE, Rafael González Tovar, y Podemos, Óscar Urralburu, defienden una "crucial" reforma fiscal hacia la progresividad, dado que "la crisis la paga la clase media mientras los ricos son más ricos", en palabras del candidato de la nueva formación.

Ambos coincidieron también en dotar de más medios a la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal con la creación de una unidad específica en Hacienda (Tovar), dado que mejorar la recaudación en ese aspecto dos puntos porcentuales significaría unos ingresos de 75 millones (Urralburu), a lo que Pujante añadió el incremento de la plantilla de inspectores de trabajo.

Tras apostar por una reforma del impuesto de sucesiones en algunos casos en los que llega hasta el 48%, en el capítulo económico, el candidato de UPyD, César Nebot, se mostró partidario de incrementar la "ridícula" inversión en I+D+i y en formación para apartarnos del "modelo chino" que según sus palabras propone el PP, con "más devaluación salarial y precariedad laboral".

Para C's, el empleo indefinido se incentivaría con un único modelo de contrato, un cheque de formación directamente en manos de los trabajadores para evitar el fraude y la exención del pago de la Seguridad Social a los autónomos con ingresos por debajo del SMI.

Una de las propuestas más importantes del PSRM es que logre un empleo algún miembro de las 20.000 familias que en la Región tienen a todos sus integrantes en paro -"cohesión social que no deje a nadie tirado", reclamó Tovar, quien quiere reformar el Icref y el Info-, mientras que Pujante apuesta una banca pública basada en el Icref que haga que el crédito fluya hacia las empresas.

Por su parte, Urralburu, quien, parafraseando al poeta Miguel Hernández, habló de que "Murcia es dinamita tras 20 años de Gobiernos murcianos del PP, con expolio de territorio y de mano de obra con un modelo destructivo de expectativas y posibilidades", propone un plan de reindustrialización basado en las energías renovables y la economía social.

En el resto de temas, en general todos coincidieron al defender medidas contra la corrupción y por la transparencia, cláusulas sociales en los contratos de obras y servicios públicos, el trasvase Tajo-Segura, un pacto por la educación -aunque solo el PP defiende la Lomce- y armonizar la oferta formativa con la demanda laboral.

Las mayores discrepancias surgieron sobre un hipotético trasvase del Ebro, con ataques del resto de partidos al PP por su demagogia electoralista con este asunto, al disponer esta legislatura de mayoría absoluta en los Gobiernos central, aragonés y murciano y no retomarlo, le recriminaron mayormente.

También con los centros educativos concertados, que para Pujante debe pasar a ser públicos, junto con sus trabajadores, tras un plan negociado, para Urralburu tienen tener carácter subsidiario y para Sánchez (C'S), excepcional.