La fiscal es partidaria de exculpar a Barreiro por el 'caso Novo Carthago'

El delito de prevaricación solo se comete cuando la legalidad se vulnera de manera «patente, grosera, evidente, flagrante y clamorosa», según la jurisprudencia, y por el momento no se han hallado datos suficientes como para considerar que la alcaldesa de Cartagena y diputada en el Congreso, Pilar Barreiro, actuó con tal desprecio por las normas legales en la tramitación del proyecto urbanístico Novo Carthago. De tal manera que, en opinión de la Fiscalía del Tribunal Supremo, lo que procede es ordenar el sobreseimiento de los cargos de prevaricación existentes contra esta política del PP; aunque -eso sí- solo de manera provisional, a la espera de si la investigación que se lleva en Murcia sobre ese asunto ofrece nuevos datos que obliguen a reconsiderar esa decisión.

Tal es el sentido de un informe redactado por la fiscal Illana Navia-Osorio, que ayer fue notificado a las partes y en el que se reclama del juez instructor del Alto Tribunal, José Ramón Soriano, que archive la causa abierta contra Barreiro.

La representante del Ministerio Público considera que, después de que la parlamentaria nacional prestara declaración como imputada el mes pasado, se han «desvirtuado» los indicios de delito contra ella enumerados por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel Abadía, que fue quien remitió la causa al Supremo.

Así, la fiscal señala que la cuestión a debatir era si el Ayuntamiento de Cartagena, con su alcaldesa a la cabeza, se había plegado a las pretensiones de la promotora Hansa Urbana, que pretendía que se le recalificaran unos terrenos protegidos para destinarlos a la construcción de parte de una macrourbanización: Novo Carthago, con más de 10.000 viviendas, campos de golf, centro de convenciones, hoteles...

No hubo reparos técnicos

Para ello, recuerda, era necesario que la Administración municipal solicitara a la Comunidad Autónoma la preceptiva autorización para destinar esos suelos protegidos a usos deportivos, como reclamaba la empresa constructora. Pues bien, señala la fiscal que está demostrado que el Consistorio cartagenero requirió los necesarios informes a la Consejería de Medio Ambiente, a lo que se suma el hecho de que tampoco los técnicos municipales pusieron reparo alguno al cambio de usos urbanísticos.

Además, recuerda la fiscal, incluso el expediente fue aprobado por buena parte de la oposición en el Ayuntamiento de Cartagena, ya que le dieron el visto bueno 23 de los 25 concejales de la Corporación y solo se abstuvo uno y se opuso otro.

Unos hechos, todos ellos, que probarían que la vulneración de la legislación, de haberse producido, no sería tan manifiesta y burda como exige la jurisprudencia para perseguir el delito de prevaricación. En palabras de la representante de la acusación pública, «todo ello sugiere que no pudo cometerse una flagrante infracción administrativa».

También razona la fiscal que «los órganos autonómicos competentes en materia de medio ambiente finalmente acordaron que no se podían destinar a zonas deportivas los espacios integrados en la Red Natura, como pretendía la empresa constructora». Aunque no menciona que fue la intervención de la Unión Europea, que amenazaba con sanciones, la que impidió que el proyecto, que ya contaba con la aprobación definitiva, se llevara a efecto.

Pese a todo, el informe aboga por que el archivo sea provisional, debido a que la mayor parte de la causa sigue siendo investigada en Murcia y ello podría provocar que surjan nuevos datos que obliguen a reconsiserar la decisión. Bien para hacer que el sobreseimiento sea definitivo o para reactivar las sospechas de prevaricación contra Barreiro.