Las negociaciones para evitar el juicio contra el exalcalde Andreo acaban sin acuerdo

Los contactos mantenidos hoy en la Audiencia Provincial de Murcia entre el fiscal y las defensas del ex-alcalde de Totana José Martínez Andreo y de otros cinco acusados en un caso de corrupción para tratar de llegar a una conformidad han acabado sin acuerdo.

En la reunión mantenida entre ambas partes, no ha sido posible alcanzar un pacto de conformidad que habría evitado la celebración del juicio, según han indicado a Efe fuentes judiciales.

Las mismas fuentes han señalado que no se descarta que ese acuerdo pueda conseguirse en los contactos que se van a mantener próximamente.

De no se así, la vista oral de este caso, en el que Martínez Andreo se enfrenta a solicitudes de condena que suman nueve años y medio de prisión por los delitos de falsedad, fraude e infidelidad en la custodia de documentos, se celebraría en mayo de 2016.

El fiscal solicita también para él dos multas que suman treinta meses, con una cuota diaria de doce euros.

Entre los otros cinco acusados se encuentran la secretaria municipal, Laura Bastida, y el oficial de la Policía Local, Alfonso Canales.

Estas actuaciones judiciales fueron abiertas en 2010 como una pieza separada del caso Tótem, que investigó un caso de corrupción urbanística que tuvo como principal acusado al ex alcalde del mismo municipio Juan Morales.

En esta pieza separada se trata de juzgar si los acusados cometieron las actuaciones delictivas que se les atribuye y el grado de participación de cada uno de ellos.

Una de esas actuaciones sería la intervención presuntamente delictiva desarrollada por Martínez Andreo en lo relativo al concurso público que fue convocado para la construcción de dos aulas en un colegio y que se llevaron a cabo en su etapa de concejal, cuando aún no había llevado a la alcaldía.

El segundo hecho tiene que ver con las gestiones emprendidas dentro de un proyecto de reparcelación de un plan parcial industrial que, para el fiscal, fueron fraudulentas.

Finalmente, la acusación del ministerio público contiene las actuaciones llevadas a cabo, presuntamente, tanto por Martínez Andreo como por el oficial de la Policía Local para retirar una denuncia que se había extendido contra un conocido del primero por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.