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El PP aprueba en solitario la Ley del Suelo con duras críticas de la oposición

PSOE e Izquierda Unida califican la norma de «caciquil» y creen que permitirá «pasar por encima de la normativa local y regional» justificando «poder construir en cualquier sitio en base a un supuesto interés superior»

efe

Miércoles, 25 de marzo 2015, 14:18

El PP aprobó este miércoles en solitario y con duras críticas de la oposición la nueva ley regional del Suelo, que salió adelante en la Comisión de Política Territorial de la Asamblea Regional y no en el Pleno de la Cámara como estaba previsto para la tarde, ya que fue cancelado como señal de luto por el accidente aéreo ocurrido en Los Alpes.

Dado que el periodo ordinario finaliza esta misma semana con motivo de la convocatoria de las elecciones autonómicas, la Junta de Portavoces trasladó el debate a la citada Comisión, que se celebró sin público y sin la asistencia de los miembros del Gobierno.

La norma, cuya denominación oficial es Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, permitirá adaptar la legislación regional a la estatal de los años 2006 y 2013, explicó el diputado del PP Juan Guillamón. Además, según indica su exposición de motivos, servirá para "agilizar los trámites en el ámbito de ordenación territorial", para lo que restringe al máximo el uso de las licencias de obra, que se sustituirán por declaraciones responsables.

Asimismo, modifica la figura de las actuaciones de interés regional, una de las cuestiones más criticadas por PSOE e IU-V, que consideran que lo que debería ser una figura excepcional se generalizará y permitirá "pasar por encima de la normativa local y regional" justificando "poder construir en cualquier sitio en base a un supuesto interés superior". La norma acomete también una "regulación más precisa" de los convenios urbanísticos "a fin de evitar los problemas y distorsiones" de la regulación actual.

«Desregulación de los convenios urbanísticos»

Sin embargo, para los diputados Joaquín López (PSOE) y José Antonio Pujante (IU-V), lo que realmente se produce es una mayor "desregulación" y "flexibilización" en la puesta en marcha de esos convenios, con los que han estado ligados numerosos casos de corrupción en la región.

Otro de los objetivos de la ley es el de adaptase a la normativa nacional sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, algo que era obligatorio y que dará seguridad y garantía jurídica, a la vez que clarificará todos los trámites.

La ley, insistió Guillamón, cuenta con el amplio respaldo y consenso de todos los agentes sociales implicados en ella, y reiteró su negativa sobre las supuestas presiones que, según la oposición, el PP habría recibido del "lobby del ladrillo" para aprobar esta ley con una tramitación apresurada. Al mismo tiempo, "incrementa la seguridad jurídica de todas las prácticas urbanísticas" y permitirá "avivar el sector de la construcción, que es un motor clave para la economía regional", subrayó.

Además de las citadas críticas al fondo de la ley, López y Pujante atacaron duramente la forma en que se ha tramitado, como proposición de ley del grupo Popular y no como proyecto de ley del Ejecutivo, lo que evitó que el texto se someta al análisis de los órganos consultivos de la Región, como el Consejo Jurídico y el Consejo Económico y Social.

López tachó el proceso de "caciquil" y consideró que se trata de "una forma lamentable de acabar la legislatura" con este trámite apresurado, en el que tampoco se ha consultado a los ayuntamientos o a los agentes medioambientales.

"Han tenido tiempo de sobra en los últimos ocho años para plantear un debate sereno y riguroso" sobre esta materia, subrayó, como también ha hecho Pujante, que calificó de "infame" el proceso a través de una "imposición que no reúne en absoluto el consenso necesario de la sociedad".

En su opinión, la ley está "directamente dictada por el lobby del ladrillo" y permitirá que se repitan los mismos errores que han llevado a numerosos casos de corrupción.

El texto salió adelante con 57 enmiendas parciales, 52 formuladas por el PP, lo que también criticó duramente la oposición, que considera que los propios redactores de la norma han tenido que arreglarla.

Este será previsiblemente el último debate parlamentario de esta legislatura, puesto que la actividad ordinaria de la Cámara quedará suspendida mañana con motivo de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 24 de mayo.

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