Sorpresa en la Agencia Tributaria de Murcia por la destitución de su delegado

La sorpresa y todo tipo de conjeturas se apoderaron ayer de los funcionarios de la Agencia Tributaria en Murcia, al trascender que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaría hoy el cese del delegado regional de Hacienda, Cristóbal Osete.

Ni el motivo de la destitución ni la identidad del nuevo responsable de la Agencia habían trascendido anoche. Esta mañana se ha confirmado, como adelantó 'La Verdad', que José Manuel Alarcón, destinado en Tenerife, será finalmente el sucesor.

Cristóbal Osete llevaba poco más de dos años al frente de la Agencia Tributaria en Murcia, que cerró 2014 con los mejores resultados de su historia y por encima de los objetivos que se le habían marcado desde Madrid. Estas dos circunstancias, y su edad -menos de 50 años, muy lejos aún de la jubilación- explican la incredulidad con que los funcionarios recibieron la noticia, que Osete se negó a comentar con 'La Verdad'.

La Agencia Tributaria está jugando un papel decisivo en algunas de las investigaciones judiciales de más resonancia en la Región por su ligazón con supuestos de corrupción urbanística, como los casos 'Umbra' y 'Novo Carthago', cuyos instructores han demandado en los últimos meses a los inspectores fiscales numerosos informes patrimoniales sobre políticos y funcionarios investigados en dichas diligencias y sus respectivas familias. Algunos de ellos parecen haber determinado el curso de las diligencias y reflejan un exhaustivo trabajo por parte de los inspectores fiscales, que actúan en base a criterios profesionales y sin subordinación al delegado de la Agencia.

Investigaciones en marcha

En otras ocasiones, la labor inspectora ha merecido también -por su tardanza- el reproche de algún juez, como en el 'caso Umbra', donde están imputados, entre otras personas, el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y el presidente y propietario del Real Murcia, Jesús Samper. Pero los informes quizá más llamativos de cuantos ha emitido recientemente la Agencia Tributaria son los que han trascendido a la opinión pública a través de los autos del magistrado del TSJ Manuel Abadía, que anteayer imputó a una hija, al yerno y a un cuñado de Valcárcel y preimputó al presidente autonómico. Antes de notificar su resolución a las partes personadas en el sumario de Novo Carthago, Abadía recibió documentos de la Agencia Tributaria en los que se hace constar, por ejemplo, el «precio anormalmente bajo» de dos parcelas de Torreguil vendidas por Hansa Urbana (la promotora de Novo Carthago) a Faromur Promociones, sociedad en la que un cuñado del expresidente podría haber actuado como testaferro, siempre según las apreciaciones reflejadas en sus resoluciones por el instructor de la causa. La Agencia Tributaria dio cuenta también a Manuel Abadía, en este mismo caso, del sueldo percibido por una hija de Valcárcel durante su contratación por un despacho de abogados de Sevilla relacionado con Hansa Urbana, y de las cantidades ingresadas en su cuenta bancaria en concepto de regalos de boda y cuyo fraccionamiento -siempre según el mismo magistrado, que ha solicitado nuevos informes- pudiera esconder un intento de ocultación al fisco.