Los altos cargos estarán obligados por ley a cumplir un nuevo código ético

El Consejo de Gobierno estudiará hoy el anteproyecto de ley del Estatuto del Cargo Público, una norma con la que el Ejecutivo autónomo quiere dar un avance significativo en materia de buen gobierno, y que incluye la obligatoriedad para todos los altos cargos de la Comunidad Autónoma de cumplir un amplio código ético, so pena de destitución inmediata.

Se trata, según fuentes del Gobierno regional, del primer código ético para cargos públicos con rango de ley, por lo que trasciende las meras responsabilidades políticas y adquiere consecuencias jurídicas para los infractores, lo que aporta más rigor y objetividad a su cumplimiento.

Los preceptos que recoge el código están agrupados en varios epígrafes, que se corresponden, además, con los principios básicos de comportamiento que busca: honorabilidad y ejemplaridad, transparencia y publicidad, neutralidad y objetividad, imparcialidad y eficiencia, austeridad en la administración de los recursos públicos y dedicación plena.

Entre los mandatos relativos a la honorabilidad y ejemplaridad figura el de no invocar la condición de cargo público para obtener un trato favorable, mientras que la prohibición de usar recursos públicos con fines partidistas y no utilizar los vehículos oficiales fuera del ejercicio de las funciones propias del cargo son de las obligaciones que el código ético recoge dentro del capítulo dedicado a la eficiencia y la austeridad.

Declaración de adhesión

El alto cargo también deberá cumplir los principios de la nueva ley de Transparencia, actualmente en trámite en la Asamblea Regional, además de promover la publicidad y competencia en los procesos de contratación pública y favorecer el acceso de los ciudadanos a la información de la Comunidad Autónoma.

En su actuación habrá de prevalecer el interés general, abstenerse de actuar de forma discriminatoria, evitar influenciar en los funcionarios en la resolución de cualquier expediente y no favorecer nunca las actividades e intereses de los 'lobbies' o grupos de presión.

Otro de los preceptos del código ético señala que el alto cargo deberá asumir las responsabilidades que le correspondan sin derivarlas a sus subordinados si no hay una causa objetiva.

El anteproyecto de ley incluye un régimen sancionador para los altos cargos de la Administración regional que incumplan el código ético y el resto de obligaciones recogidas, lo que constituye otra de las novedades de la norma.

Las sanciones para las infracciones graves, que serán la mayoría de los incumplimientos del reglamento deontológico, supondrán el cese del alto cargo y la prohibición de volver a ocupar un puesto de responsabilidad en la Administración regional durante un periodo de entre dos y cinco años.

Las faltas muy graves, como incumplir el régimen de incompatibilidades, no abstenerse en un procedimiento en el que el cargo posea intereses particulares o no respetar los principios sobre transparencia, serán castigadas también con el cese y la inhabilitación para ocupar un cargo público durante un plazo de entre cinco y diez años.

Será la oficina de transparencia, que sustituirá a la actual unidad de conflicto de intereses cuando se apruebe la nueva ley regional de Transparencia, la que informará a los altos cargos antes de su toma de posesión sobre la necesidad de suscribir una declaración que le comprometerá a cumplir el código ético. La misma oficina se encargará de redactar informes periódicos sobre el grado de cumplimiento de dicho código.

Con el visto bueno de hoy del Consejo de Gobierno al anteproyecto de ley del Estatuto del Cargo Público, éste pasará a dictamen del Consejo Jurídico, tras el cual y las modificaciones a que diera lugar dicho dictamen, se trasladará a la Asamblea Regional para su tramitación y aprobación.

El nuevo Estatuto del Cargo Público regula también las limitaciones a los regalos a los cargos públicos, que solo podrán aceptar los que no superen los 90 euros de valor, y establece controles a los viajes oficiales, como la obligatoriedad de informar trimestralmente de todos los que se realicen.

El régimen de incompatibilidades y la publicación de las declaraciones de bienes e intereses al inicio y al final del mandato son otros de los preceptos recogidos en el nuevo Estatuto del Cargo Público.

La Consejería de Presidencia y Empleo, de la que es titular José Gabriel Ruiz, lleva trabajando varios meses en este proyecto de ley, así como en la ley regional de Transparencia, con las que el Ejecutivo que preside Alberto Garre, pretende convertir a la Comunidad Autónoma en una de las más transparentes de España.

El nuevo estatuto obligará no solo a los miembros del Gobierno regional, sino también a todos los cargos con contrato de alta dirección de la Administración regional.