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Ricardo Fernández
Martes, 9 de diciembre 2014, 11:22
«Uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en una intervención policial». «Alteración y/o falsedad de un acta de aprehensión de drogas». «Presunta tenencia ilícita de armas». Un informe ampliatorio elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía, que acaba de ser entregado al juzgado que dirige la investigación sobre el supuesto asesinato del vecino de Las Seiscientas Diego Pérez, acaba de confirmar los indicios existentes contra policías por supuestas irregularidades en el desempeño de su labor.
Las primera de las presuntas ilegalidades se refiere a los hechos ocurridos en la madrugada del 19 de junio, cuando los integrantes de una patrulla del 091 de Cartagena identificaron a un joven que estaba haciendo autostop. Tras conminarle uno de los agentes, el imputado José Luis S.A., a que entregara todas las sustancias estupefacientes que portara, le asestó presuntamente un fuerte bofetón, a la vez que le advertía: «Eso por decirme que no llevabas 'na' más».
Una situación que quedó perfectamente registrada por el sistema de grabación que Asuntos Internos había instalado en ese coche 'zeta' para investigar la muerte de Diego Pérez.
Con el fin de esclarecer si el agente José Luis S.A. hizo «un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza», los especialistas del Cuerpo Nacional de Policía localizaron al chico que en apariencia había sido «agredido sin justificación». Y éste, identificado como F.M.S., de 20 años, relató que «tras encontrarle en un bolso cierta cantidad de hachís, los policías le preguntaron si llevaba más cantidad de esas sustancias, respondiendo el deponente que no, pese a lo cual continuaron con el cacheo, siéndole encontrada una pequeña cantidad de cannabis. Que en ese momento uno de los policías le propinó un bofetón, advirtiéndole que volvería a agredirle cada vez que le encontrara más sustancias estupefacientes».
Una declaración que se corresponde fielmente con la grabación y con una posterior conversación entre los dos agentes, en la que José Luis S.A. admitió, a preguntas de su compañero, que no le había dado «un gomazo», sino «un tortazo».
La conclusión de Asuntos Internos es que «no existe nada que haga presumir la necesidad del uso de la fuerza» en esta intervención, «ya que el ciudadano al cual se le incauta la droga no parece oponer resistencia en ningún momento, evidenciándose así un empleo de la fuerza injustificado y desproporcionado».
Más todavía, afirman que el policía, «a falta de un estudio psicológico, muestra un perfil violento».
Un asunto «aún más grave»
«Más grave» todavía le resulta a los investigadores de la Policía Nacional «que el acompañante de José Luis S.A. mencione a continuación que su intención es dividir en dos la sustancia incautada para confeccionar una segunda propuesta de sanción a un tercero, que no ha tenido participación alguna en los hechos».
Después de analizar el contenido de la grabación, Asuntos Internos concluye que «se aprecia con claridad que la intención es colocar parte de la sustancia estupefaciente antes incautada a una tercera persona, con la finalidad de levantar dos actas». De ahí las expresiones del agente, que señala que «así hago un dos por uno», y aunque admite que tal acto le resulta «repugnante», se excusa asegurando que «es a lo que me obligan, tío».
Para comprobar si los indicios de supuesta falsificación de actas se confirmaban o no, los agentes de Asuntos Internos localizaron a D.C.G., que fue la persona a quienes los integrantes del patrulla acabaron levantando un segundo acta por incautación de droga. Y éste les expresó que «nunca llevo drogas, porque no consumo esas sustancias». Razón por la cual negó conocer que se le hubiera levantado un acta de sanción por llevar estupefacientes.
«Una relación de circunstancias que hace presumir, en efecto, que la segunda de las actas extendidas esa noche fue fraudulenta», asegura Asuntos Internos.
Un nuevo imputado
Estos investigadores realizaron gestiones seguidamente para identificar al acompañante de José Luis S.A. en el turno de la madrugada del 19 de junio y, tras analizar los partes de servicio y hacer un análisis de voz, llegaron a la conclusión de que se trataba del agente Jorge Jesús B.C..
La juez que instruye el 'caso Cala Cortina' acaba de deducir testimonio para que se persiga a estos dos agentes por un presunto delito de falsificación de documento oficial.
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