La juez cree que hay «fuertes indicios» de que se detuvo ilegalmente la víctima de Cala Cortina

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso que Raúl Pardo-Geijo, abogado de J.C.M., uno de los seis policías nacionales encarcelados por la muerte de un vecino del barrio cartagenero de Las 600, presentó contra su ingreso en prisión y ha respaldado la instrucción que lleva a cabo un juzgado de Cartagena.

El auto del tribunal señala que este agente, como ocurre con sus cinco compañeros, está imputado no solamente por un presunto delito de homicidio o asesinato, sino también por otro de detención ilegal.

En cuanto al primero, indica que a medida que avance la investigación se confirmarán los indicios criminales que existen hasta ahora o se disiparán, pero respecto al segundo comenta que "ninguna duda cabe" a juicio de ese tribunal y en este momento de que "sí existen fuertes indicios de participación en dicho hecho delictivo".

Y añade que el traslado de Diego Pérez a Cala Cortina por los agentes la noche en la que se perdió su rastro "no estaba amparado en norma alguna, ya que no estaba detenido".

"Nada justificaba -sigue diciendo la sala- desplazar a altas horas de la madrugada a una persona desde la puerta de su domicilio hasta las afueras de la ciudad para dejarlo abandonado a su suerte y obligarlo a volver andando a su casa."

Comenta el auto que así es como lo relatan los propios policías encarcelados, "por lo que no puede dudarse de los indicios de la comisión de la detención ilegal".

El tribunal indica en otro momento que aunque el homicidio o asesinato, si se probaran, sería el más grave, "no por ello, en modo alguno, puede ser calificada como leve la acusación por detención ilegal, pues si es cometida por funcionario público en el ejercicio de sus funciones llevaría aparejada una pena de entre 6 años y un día y 9 años de prisión".

Señala el auto que la prisión preventiva acordada por la magistrada que instruye la causa está justificada, porque, aunque los policías tengan arraigo, el riesgo de fuga existe, dada la acusación por graves delitos, "socialmente más reprochables al ser imputados a un funcionario público encargado de velar por la seguridad de los ciudadanos".

La sala coincide también con la magistrada en que en el estado actual de las diligencias, de no haberse acordado su ingreso en la cárcel, existiría igualmente el peligro de alteración de medios de prueba.