El fiscal acusa a Cámara de resolver todos los problemas legales en favor de Samper

«Cámara fue un directo conocedor de todos los pormenores del proyecto y quien impulsó y removió los distintos obstáculos municipales que se fueron alegando, en beneficio del señor Samper, incluido el criterio de valoración del 10% (del aprovechamiento urbanístico)». El Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, lo tiene claro. El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, faltó a la verdad en su declaración como imputado en el 'caso Umbra', el 15 de junio de 2012, cuando para tratar de defenderse insistió en su total desconocimiento sobre los aspectos urbanísticos del 'convenio Nueva Condomina' y alegó que se limitó a seguir las indicaciones que los técnicos realizaban al respecto.

El representante del Ministerio Público pone en entredicho los argumentos del primer edil murciano en un extenso informe -85 folios- que acaba de presentar en el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia y que ha sido redactado a modo de resumen de todo lo investigado, a lo largo de más de seis años, sobre el macroproyecto urbanístico -supuestamente trufado de ilegalidades- impulsado por el empresario y desde hace largos años presidente del Real Murcia, Jesús Samper.

El documento, al que ha tenido acceso 'La Verdad', puede ser interpretado como el antepenúltimo acto de esa pieza concreta del 'caso Umbra', a la que -si las diligencias no acaban archivadas, que no parece que vaya a ocurrir- solo le faltarían ya el auto de procedimiento abreviado por parte del instructor y la calificación de las distintas partes del proceso -fiscal, acusaciones particulares y defensas- para que el asunto se lleve a juicio. Unos trámites que podrían ser completados en el plazo de unos pocos meses, según fuentes próximas al 'caso Umbra'.

El Fiscal Anticorrupción llega a tales conclusiones en virtud de lo investigado desde 2008, fecha en que el magistrado David Castillejos abrió las diligencias previas del llamado 'caso Umbra', pero se basa además en nuevas pruebas, surgidas del análisis del material informático intervenido a varios de los imputados, fundamentalmente documentos interceptados a Jesús Samper.

Si el alcalde siempre defendió que sus contactos con Samper para la tramitación del proyecto urbanístico fueron prácticamente inexistentes, dejando todas esas cuestiones en manos de los servicios jurídicos y urbanísticos municipales, el análisis de las cartas, archivos informáticos y correos electrónicos que guardaba Samper en sus ordenadores muestran ahora a Cámara -a los ojos del Ministerio Público- como el primer valedor y garante.

Carta a Miguel Cascales

Unos de los documentos citados por el fiscal anticorrupción es una carta que Samper remitió al concejal de Deportes, Miguel Cascales. La misiva desvela que antes incluso de la firma del 'protocolo secreto' que Cámara suscribió con el Real Murcia el 12 de julio de 1999, por el que se comprometió a impulsar un gran proyecto urbanístico que sirviera para financiar la construcción de un estadio de fútbol y para garantizar la viabilidad económica del club deportivo, el primer edil ya había mantenido para ese momento varias reuniones privadas con el empresario.

Así, Samper recuerda a Cascales que «desde la primera toma de contacto con el señor alcalde, manifestamos cuál era el contenido de nuestro proyecto». Y más adelante insiste en que «cuantas conversaciones públicas y privadas se han mantenido por nuestro grupo, siempre se ha expuesto el contenido del proyecto en idénticos términos y sin dobleces ni reservas».

Más todavía, el hoy presidente del Real Murcia advierte de que en ese asunto «siempre hemos actuado de manera discreta y con la previa comunicación y asentimiento del señor alcalde y del responsable municipal de Deportes -el propio Cascales-, y siempre de manera directa y no por terceras vías».

«Apreciado amigo»

No es la de Cascales la única misiva mencionada por el fiscal en su informe-resumen. También incorpora otras, en apariencia no menos relevantes, de Jesús Samper al propio Cámara, que vendrían a demostrar que el alcalde estaba perfectamente al tanto de los obstáculos urbanísticos que iban surgiendo y que se resolvieron, prácticamente en todos los casos, a favor del empresario.

Una de esas cartas es la remitida el 30 de marzo de 2001, en la que Samper informa a Cámara, entre otras cuestiones, de su particular interpretación del pago del 10% del aprovechamiento urbanístico al que le obligaba la ley. El empresario consideraba que solo debía abonar ese porcentaje sobre un aprovechamiento del 0,09 m2/m2, y no en base a una tasa cuatro veces mayor, del 0,4 m2/m2, que era la que realmente se le había concedido.

La diferencia entre un cálculo y otro estribaba en que Samper se ahorraría 18 millones de euros, que lógicamente, y de aceptarse su propuesta, el Ayuntamiento dejaría de ingresar. Y que fue lo que finalmente acabó pasando, pues el Consistorio hizo una interpretación favorable a Samper -y supuestamente ilegal- y solo acabó cobrando esos 18 millones de euros años más tarde, y después de que una empresa particular presentara una demanda en los juzgados por sentirse discriminada.

«Estimado alcalde y apreciado amigo», comenzaba la carta en la que Samper informaba al alcalde de sus pretensiones. Y ponía de manifiesto que sus argumentos, con los que pretendía ahorrarse esos 18 millones de euros, «pueden ser tenidos en cuenta al tratarse de 'criterios de aplicación' que no están impedidos por norma alguna». Razón por la cual «me atrevo a pedirte un esfuerzo personal, en orden a tu comprensión y ayuda, para una mejor viabilidad del proyecto».

Samper se despedía «dándote como siempre las gracias por la atención y cariño con que acoges nuestras propuestas y esperando que puedan ser solventadas de la mejor manera posible».

Criterio «clarificado»

El fiscal se permite ironizar en su informe al señalar que «Cámara debió aceptar la propuesta del señor Samper y el criterio municipal quedó clarificado», pues un mes después el gerente de Urbanismo, el también imputado Pedro Morillas, redactó un documento entendiendo aceptable la interpretación del promotor.

Más todavía, el fiscal recuerda que en su declaración como imputado, el alcalde aseguró que solo conoció lo relativo al 10% de aprovechamiento cuando se le presentó, ya completamente redactado, el convenio urbanístico. «Algo que queda desmentido por las supuestas cartas contenidas en los archivos informáticos ya expuestos», argumenta, poniendo en entredicho la veracidad de las palabras del responsable municipal.

El 11 de mayo de 2001, Samper volvió a escribir a su «apreciado Miguel Ángel» para mandarle un informe jurídico redactado por el profesor García Enterría, sobre determinadas garantías que se le exigían. «Quiero expresarte mi gratitud por la buena acogida y comprensión que siempre nos dispensas a cuantas inquietudes y solicitudes te planteamos».

Otra misiva a la que se refiere el informe es la enviada por Samper a uno de sus entonces socios, en la que le explica que el asunto de las garantías, «como ya te comenté telefónicamente, está solventado por iniciativa del propio alcalde».

Son todas esas razones, y algunas otras decisiones municipales que en todos los casos beneficiaron al promotor, las que llevan al fiscal a la conclusión de que «parece haber sido el señor Cámara quien en todo momento impartió las instrucciones concretas necesarias, incluso en contra de su concejal de Urbanismo, Ginés Navarro, a fin de hacer viable el proyecto de Nueva Condomina, garantizando el cambio del Plan General».

Si llega el momento de tener que redactar su escrito de acusación sobre la 'pieza separada Nueva Condomina', será este informe el que sirva de guía al fiscal anticorrupción.