La fiscal reclama 150 años a Cuenca y los dos rumanos por el ‘caso Visser’

Es un aséptico escrito de calificación provisional de una fiscal, pero bien podría ser confundido con el guión de una película de terror. El 'caso Visser', que es como ha venido a denominarse el asesinato de una pareja de holandeses en Murcia, tiene ya establecidos los hechos que serán juzgados en los próximos meses, como también los cuatro acusados que finalmente se sentarán en el banquillo y las penas que se solicitarán para cada uno de ellos.

La fiscal Arancha Morales considera que las muertes de la pareja formada por Lodewijk Severein y la exjugadora profesional de voleibol Ingrid Visser deben ser calificadas como sendos delitos de asesinato, al concurrir la circunstancia agravante de ensañamiento, y solicita que se impongan penas de 50 años de prisión a cada uno de los tres supuestos autores materiales del espantoso crimen: el valenciano Juan Cuenca, exgerente del Club de Voleibol Murcia 2005, y los ciudadanos rumanos Constantín Stan y Valentín Ion. También ha sido finalmente acusado el extrabajador de Hacienda Serafín de Alba, a quien la fiscal atribuye un delito de encubrimiento y por el que le reclama una condena de tres años de cárcel.

Es su escrito de calificación, al que 'La Verdad' ha tenido acceso, la representante del Ministerio Fiscal realiza un exhaustivo relato acerca del desarrollo de los macabros acontecimientos, desde el momento en que Ingrid, que estuvo jugando en el citado club de voleibol entre los años 2009 y 2011, y su compañero Lodewijk conocieron a Juan Cuenca.

Recuerda la fiscal que el club deportivo comenzó a sufrir problemas económicos graves, que determinaron su disolución en julio de 2011, y que ello supuso que varias jugadoras quedaran pendientes de recibir cantidades de dinero, que en el caso de Ingrid Visser ascendían a unos 60.000 euros.

Lodewijk, que actuaba en la práctica como representante de su novia, estableció relaciones comerciales con Cuenca para reclamarle ese dinero, lo que concluyó con la constitución de la sociedad Granmar Stone Trade Limited, con sede en Gibraltar. El objetivo era canalizar a través de la misma los cobros pendientes de la ficha, así como los beneficios generados por otros negocios, «que no han podido ser concretados», admite la fiscal.

Trataban de tener un hijo

Mientras se producían esas negociaciones, Ingrid y Lodewijk decidieron someterse a un tratamiento de fertilidad para tratar de ser padres. De esa forma, en marzo de 2013 la mujer acudió a una clínica de Murcia para que le implantaran un óvulo fecundado.

La necesidad de someterse a una revisión ginecológica llevó a la pareja a programar su viaje a Murcia para el 13 de mayo de 2013, con retorno a Holanda previsto para el día 15, para lo cual contrataron una habitación en el hotel Churra de Murcia.

Relata la fiscal que los días previos, en concreto los 7, 8, 9 y 11, Lodewijk y Juan Cuenca hablaron en numerosas ocasiones y concertaron una cita para la noche del día 13, con el fin de saldar la deuda que aún se mantenía vigente con Ingrid Visser.

«Juan Cuenca decidió acabar con la vida de su acreedor, Lodewijk Severein, trazando un plan consistente en la contratación de personas que acabaran con su vida. Para ello debía alquilar una casa rural apartada y, debido a la altura y corpulencia de la víctima, planificó el descuartizamiento del cadáver para facilitar su enterramiento». Añade la fiscal que cuando fue consciente de que a la cita acudiría también Ingrid Visser, «se decidió a matarla a ella también».

Para ejecutar supuestamente sus siniestros planes contactó con Valentín Ion, quien a su vez llamó a su compatriota Constatín Stan, un hombre «con antecedentes penales por delitos muy violentos en su país de origen y con formación militar, para que le auxiliase en la ejecución de las muertes».

Paraje de La Hurona

Cuenca contactó con una antigua conocida suya, María Rosa Vázquez, a la que solicitó que le alquilara una casa rural apartada. La vivienda elegida fue la llamada 'Casa Colorá', situada en el paraje de La Hurona del término de El Fenazar, en Molina de Segura.

El día 13, hacia las 13.15 horas, la pareja de holandeses llegó al aeropuerto de Alicante y se trasladó a Murcia en un Fiat Panda de alquiler, con el que llegaron hasta el hotel Churra. A su vez, hacia las 16.00 horas, Cuenca salía de Valencia, acompañado por los dos rumanos, y se dirigía a Murcia en el Volkswagen Passat de su padre.

De camino a Murcia envió un mensaje a María Rosa en el que le pedía que adquiriera «bolsas de basura grandes y pequeñas, aguafuerte y una radial», unos productos que -siempre según el relato de la fiscal- «pensaba utilizar para el desmembramiento y embalaje de los cuerpos y para la limpieza de la casa rural».

Una vez instalados en la 'Casa Colorá', Juan Cuenca pidió a su amiga que se acercara a Murcia a buscar a la pareja de holandeses, a lo que ella accedió. Los recogió junto al pabellón Príncipe de Asturias y los condujo hasta la vivienda rural en su propio coche, en el que también viajaban sus dos hijas de corta edad.

Una vez dejaron a Ingrid y Lodewijk en el lugar señalado, María Rosa se marchó, «sin tener conocimiento de los planes mortales».

«Sin posibilidad de defensa»

La fiscal admite que no es posible concretar el momento exacto de las muertes, pero da por hecho que se produjeron en las horas siguientes a la llegada de la pareja a la casa rural. Así, relata que «Juan, Constantín y Valentín, o los dos ciudadanos rumanos, procedieron a golpear, al menos con dos objetos, uno romo sólido y grande y otro como de cristal, a Ingrid y Lodewijk, con el fin de causarles la muerte y llevando a cabo su agresión sin que las víctimas tuvieran una posibilidad de defensa, tanto por lo sorpresivo del ataque como por las circunstancias del lugar donde se produjo la agresión».

Tanto sobre Ingrid como sobre Lodewijk, refiere la fiscal que los acusados les golpearon en repetidas ocasiones en la cara y en la cabeza, con una gran violencia, y asegura que «además de matarles querían aumentar deliberadamente su dolor». Razón por la cual considera que existe la circunstancia agravante de ensañamiento.

El resto del relato de la representante del Ministerio Fiscal es especialmente duro, por los detalles que ofrece acerca de las innumerables lesiones que la pareja sufrió y, más tarde, sobre la forma en que fueron descuartizados en la misma casa rural donde habían encontrado la muerte. Sin entrar en más datos, hay que reseñar que Juan Cuenca se desplazó hasta un hipermercado para adquirir una sierra mecánica, que utilizó en el desmembramiento junto a un hacha.

En el huerto de Serafín

Después de limpiar a conciencia la vivienda, y como no sabían que hacer con los cadáveres, señala la fiscal que Juan Cuenca se puso en contacto con un viejo amigo, Serafín de Alba, a quien supuestamente contó lo ocurrido y a quien pidió permiso para enterrar los cadáveres en un huerto de limoneros de su propiedad. Serafín no solo habría accedido, sino que «les ayudó para realizar el enterramiento de los cadáveres en su finca, auxiliándoles así para que no fueran descubiertos».

Juan Cuenca y los dos presuntos sicarios fueron detenidos el 25 de mayo, días después de que los familiares de Ingrid y Lodewijk se hubieran puesto en contacto con la clínica ginecológica y hubieran comprobado que nunca llegaron a acudir a la cita. Motivo por el cual denunciaron su desaparición.

Indemnizaciones a la familia

La fiscal Arancha Morales considera que los hechos son constitutivos de dos delitos de asesinato, con la concurrencia de ensañamiento, por lo que reclama la imposición de condenas de 50 años de reclusión para cada uno de los tres presuntos autores materiales: Juan Cuenca, Constantín Stan y Valentín Ion. Además les reclama el pago de indemnizaciones por importe total de 200.000 euros para los familiares de la pareja.

A Serafín de Alba le imputa un delito de encubrimiento, por el que solicita tres años de cárcel. La fecha del juicio aún no está fijada.