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Viernes, 27 de junio 2014, 01:41
El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región, José Antonio Galdón, invitó a la reflexión a la Comunidad Autónoma sobre el grado de incumplimiento en el rigor de las certificaciones de eficiencia energética. Los datos de las inspecciones realizadas para verificar la idoneidad de las testificaciones son alarmantes ya que muestran que el 90% están mal hechas, según se puso de manifiesto en la jornada técnica Certificación Energética de Edificios, organizada por la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación en el Archivo Regional de Murcia.
Galdón afirmó que «ha habido 26 inspecciones para evaluar la certificación hecha en edificios y locales de uso terciario con un resultado alarmante: 23 estaban mal ejecutadas; es decir, casi el 90% no sirven para nada y han generado un gasto inútil». Y remarca que «la estadística horroriza al sentido común».
El total de evaluaciones llevadas a cabo en Murcia desde hace un año con la aplicación del Real Decreto 235/2013, de obligado cumplimiento, por el que se aprobó el procedimiento básico para certificación de los edificios, asciende a 18.500 expedientes, según los datos de la propia Comunidad Autónoma.
Para Galdón es «insultante» hacer la proyección a las cifras totales de los datos encontrados en las inspecciones, «porque indicarían que más de 16.400 son inservibles y habría que volverlas a hacer bien, mientras ha habido un esfuerzo y un gasto inútil».
El decano de Murcia, que a su vez es presidente del Consejo General de Ingeniería Técnica Industrial de España (Cogiti), señaló que «no se ha cumplido ninguno de los fines que pretendía la norma».
Galdón aseguró que el Real Decreto tenía varios objetivos. El primero, «conseguir información del estado energético de las viviendas y locales, que a su vez supusiese un criterio importante de decisión a la hora de comprar o alquilar un inmueble, pero queda acreditado que dicha información no es real».
Concienciar al ciudadano
El presidente del Cogiti incide en el segundo objetivo del Real Decreto, «concienciar a la ciudadanía de la importancia que tiene el grado de calificación energética, respecto del confort, la habitabilidad y el ahorro económico, que pudiese conllevar la realización de mejoras e inversiones oportunas para su renovación».
Un tercer objetivo de la normativa de Certificación Energética de Edificios había puesto sus esperanzas fundadas en «reactivar los sectores profesionales de la rehabilitación de viviendas y locales de uso terciario generando empleo», como manifiestó Galdón, pero se ha convertido en «una oportunidad perdida», añadió.
El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia achaca estos fallos a la «precipitación y desregulación total» con la que se puso en marcha este Real Decreto. A su juicio, «el Ministerio confunde liberalización con libertinaje, y de esta forma se fomenta, no solo el intrusismo profesional, la mala praxis y la economía sumergida, sino lo peor: que se genere inseguridad jurídica a la sociedad».
Galdón ilustró sus palabras con un ejemplo, preguntándose «qué ocurre cuando un ciudadano que ha comprado una vivienda de clase energética 'A' o 'B', y ha pagado un incremento del precio debido a dicha clasificación, y en realidad es de clasificación energética 'F'».
«Aunque denuncie este hecho, corre el riesgo de que nadie cubra los perjuicios causados, ya que en su inmensa mayoría, los certificados están hechos por supuestos profesionales que no tienen seguro de responsabilidad civil y que no cumplen sus obligaciones fiscales ni laborales», lamentó.
Para el presidente de los ingenieros técnicos industriales de España «es trágico que nuestro país penalice a los verdaderos técnicos frente a los chapuzas y oportunistas, con la desregulación total que están realizando en determinados sectores y que va en detrimento de la seguridad del ciudadano».
Desde el Cogiti y los 50 colegios que lo forman, a través de un convenio con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, se impartió formación específica a más de 7.000 Ingenieros, afirmó Galdón, «todos ellos cumplen con sus obligaciones fiscales, laborales y aseguradoras; pero ven con impotencia cómo no pueden competir con los pseudo-profesionales que, sin cumplir nada y sin visitar los inmuebles a certificar, cobran precios ínfimos por trabajos calamitosos y que no sirven para nada. Esta es la triste realidad».
El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales hizo hincapié en la falta de pedagogía previa de la Administración que ha impuesto la norma sin dar una información exhaustiva al ciudadano sobre las ventajas que le reportan y la revalorización que puede suponer para sus inmuebles.
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