La Fiscalía de Medio Ambiente advierte de que «la Red Natura es intocable»

«La Red Natura 2000 es una cosa muy seria, que quede bien claro». Son palabras del fiscal de Delitos Urbanísticos y Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ), que confía en que la tramitación que está siguiendo la Comunidad Autónoma para dotar de planificación a estos espacios protegidos cumplirá con las exigencias del Gobierno central y la Comisión Europea. En declaraciones a 'La Verdad', José Luis Díaz Manzanera califica como un «espaldarazo» al Gobierno regional el reciente informe del Ministerio en el que se contesta a las exigencias del sector económico -confederación de empresarios, cámaras de comercio, organizaciones agrarias y colegios profesionales-, que reclama una normativa más 'blanda' que no ponga límites al desarrollo.

Estas peticiones de los empresarios se sustanciaron el pasado mes de enero en diez puntos que el consejero Manuel Campos -entonces consejero de Presidencia, con las competencias de Medio Ambiente- consideró inasumibles por entender que suponen un órdago total a la política ambiental de la Comunidad y que, de plegarse a ellas, «estaría prevaricando», según sus propias palabras. Algunas de las exigencias de los empresarios: eliminar la prohibición de limitaciones al desarrollo de actividades económicas en los espacios protegidos; revisar los límites de los enclaves incluidos en la Red Natura 2000 mediante un compromiso por escrito; no considerar obligatoria la planificación ambiental integrada; que los corredores ecológicos y bandas de amortiguación no sean de obligado cumplimiento... A pesar de todo, Campos envió la carta de Croem al Ministerio, que respondió el mes pasado desmontando estas reclamaciones con argumentos legales.

«Lo que dice el Ministerio es lo que dice la Comunidad Autónoma», sostiene José Luis Díaz Manzanera, para quien «la Red Natura 2000 es intocable, guste o no guste a determinados sectores. El desarrollo es muy importante -añade-, pero la ley establece que el medio ambiente está en un nivel superior». El fiscal advierte de que «podría solicitar oficialmente» el informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que puntualiza determinados aspectos legales sobre la planificación ambiental de la Región, si bien conoce ya parte de su contenido -'La Verdad' publicó el documento el pasado 18 de abril- y de momento «no existen razones objetivas» para actuar.

«En la fase de tramitación la que debe pronunciarse es la Administración, para eso está; y en el caso de que se salte la legalidad actúa la Fiscalía», señala Díaz Manzanera, quien recuerda que el TSJ está trabajando en varias diligencias abiertas por agresiones a espacios incluidos en la Red Natura 2000 que podrían ser constitutivas de delito. El fiscal puntualiza a este respecto que «no hace falta que se produzca un hecho delictivo para que actuemos», sino que, en aplicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental, la Justicia puede adelantarse «si hay peligro manifiesto» para el medio ambiente mediante «medidas cautelares por la vía contencioso-administrativa», tanto frente a la Administración como ante particulares.

Cambio de interlocutores

El primer pronunciamiento de una instancia judicial sobre la planificación ambiental de la Región se produce en un momento delicado de las negociaciones entre la Comunidad Autónoma y la patronal Croem, que se prolongan ya durante casi un año y medio con diferentes interlocutores: las conversaciones comenzaron entre Miguel del Toro (por parte de Croem) y Manuel Campos y su director general Amador López (por la Comunidad), y ahora se retoman entre José María Albarracín, el consejero Antonio Cerdá y la nueva responsable de Medio Ambiente, Encarna Molina.

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