Los 'Toreros' afrontan dos siglos de cárcel

Desde el barrio de Lo Campano, quizás el de la droga más célebre de la Región de Murcia, manejaban (y sus sucesores en el clan puede que aún lo hagan) buena parte del tráfico de drogas en Cartagena. Ahora, diecisiete presuntos miembros, colaboradores y socios del detenidos hace tres años por la Policía Nacional en una espectacular operación con 110 agentes se sentarán ante un tribunal por presuntos delitos que, para la Fiscalía, merecen penas que suman 193 años y tres meses de cárcel y multas valoradas en 13,4 millones de euros.

La sala de vistas de la sección quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, será el escenario en el que se sentará en el banquillo de los acusados el supuesto jefe del clan, Juan Salazar Pelegrín, Juan . El Ministerio Fiscal pide para este hombre de 45 años (como el resto, en prisión provisional) que pase 17 años y 3 meses entre rejas: 16 años y multa de 1,5 millones de euros por un delito contra la salud pública y un año y tres meses por tenencia ilícita de armas.

Para otros catorce acusados, reclama 11 años de prisión para cada uno por delitos contra la salud pública; para dos imputados, 21 años y dos meses por el mismo delito; y para un último, dos años por tenencia ilícita de armas.

Condenado en cinco ocasiones, de 1981 a 1996, por utilización ilegítma de vehículos de motor, salud pública, homicidio, prostitución y resistencia, se dedicó según la Fiscalía «a la explotación del local sito en la calle Tenerife número 10 del barrio de Lo Campano» para vender «diversas sustancias estupefacientes: cocaína, éxtasis, anfetaminas, hachís y marihuana.

Según el escrito de acusación ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena, al que ha tenido acceso , el presunto narco se apoyaba en una red de inmuebles y de personas para amasar una fortuna multimillonaria que la Justicia investiga en una causa aparte: vendedores, «aguadores, custodios del material, contables, y «hombres de confianza».

'Aguadores' y contables

Los vendedores se encargaban de «despachar» la droga a los clientes; los aguadores vigilaban «por turnos, las inmediaciones del inmueble alertando de la presencia policial a las personas que realizaban la venta de estupefacientes [a gritos y con transmisores], en el , así como captar a posibles compradores»; los custodios vigilaban un depósito de material; y los contables «realizaban de forma diaria e inexcusable en la medianoche la contabilidad de la venta».

Dos lugartenientes

Los «hombres de confianza» (J. P. S., y A. R. B., ) debían contactaban con «terceros que pudieran suministrar drogas», organizaban los turnos de venta y «rendían cuentas» al jefe.

La Fiscalía busca un castigo ejemplar poniendo el acento en que se aseguró la «colaboración» de dos hijos menores de edad (J. y A.) para «contactar con terceros que pudieran suministrar drogas al local, detectar presencia policial y reponer droga».

La acusación pública también se refiere a otros familiares del jefe del grupo, que le habrían prestado su ayuda para guardar dinero pero respecto a los que «no ha quedado acreditada su participación» en la explotación del negocio.

A partir de las diligencias de la (la Policía desplegó a agentes antidisturbios y usó un helicóptero), la Fiscalía señala que la madre de Juan tenía en su casa 133.700 euros en 23 fajos de billetes y otros 210.650 euros en una caja fuerte. También cita a la hija y el yerno del principal acusado, a quienes decomisaron 8.500 euros en metálico y otros 896.470 en una caja de seguridad.