El Supremo cierra a Iberdrola la última posibilidad de urbanizar la Marina de Cope

Adiós definitivo al ladrillo en la Marina de Cope: la última posibilidad de urbanizar en el litoral deshabitado de Águilas y Lorca ha quedado desechada con la sentencia del Tribunal Supremo que desestima un recurso de Iberdrola y la Asociación Colaboradora de Propietarios para seguir adelante con su proyecto inmobiliario en el Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre. El fallo judicial, emitido el pasado día 21 y notificado hoy mismo a las partes, y al que ha tenido acceso LA VERDAD, reconoce la integridad del espacio protegido y confirma el 'efecto cascada' de todas las anulaciones en los tribunales desde el histórico dictamen del Tribunal Constitucional de diciembre de 2012, que devolvía sus límites originales al parque tras la desprotección por el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel de 21 millones de metros cuadrados en la llanura litoral en 2001 para edificar «el mayor resort del Mediterráneo».

La decisión del Supremo no es una sorpresa tras los fallos sucesivos del Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que en los últimos años han anulado la disposición adicional octava de la Ley del Suelo regional (en 2012), la Actuación de Interés Regional (AIR) promovida por la Comunidad Autónoma (en 2013) y la adaptación de los planes urbanos de Águilas y Lorca para albergar en sus términos municipales 9.000 viviendas, hoteles, centros deportivos, campos de golf y una marina interior (en 2016).

Sin embargo, tanto Iberdrola como la Asociación Colaboradora de Propietarios de la AIR (formada por empresas constructoras y grandes inmobiliarias que compraron suelo en la Marina de Cope), se agarraban a una última posibilidad para sacar adelante su proyecto turístico: insistieron en su recurso de casación en que la Marina de Cope no es un espacio protegido porque el parque regional «no tiene validez jurídica» ya que, transcurrido un año de su declaración, en 1992, no se aprobó su Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Al menos en esto tienen razón: casi treinta años después, el parque no cuenta con plan de gestión ni normativa, aunque el Gobierno regional espera aprobarla en 2022, en el marco de la planificación ambiental de la Red Natura 2000.

Esta caducidad estaría reflejada en dos leyes: en el artículo 15.2 de la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre, y en el 36.2 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

La parte demandante alegó igualmente que con la anulación de la Actuación de Interés Regional no tiene por qué decaer también la modificación del planeamiento urbanístico de Águilas y Lorca; y que, puesto que siguen vigentes las Directrices de Ordenación del Litoral, estas normas serían suficientes para avalar jurídicamente la urbanización de la Marina de Cope.

Pero el Tribunal Supremo desestima estas pretensiones con el argumento de que el parque regional, por haber sido declarado mediante una ley, conserva toda su validez jurídica aunque no se hayan desarrollado sus planes de uso y gestión, y mantiene que todas las modificaciones urbanísticas en la Marina de Cope provienen de la Actuación de Interés Regional aprobada en Consejo de Gobierno; y que, al anularse en los tribunales esta figura legal, dejan de tener efecto todas sus consecuencias administrativas.

Este diario ha pedido una valoración de la sentencia a Iberdrola Inmobiliaria, pero la compañía prefiere no hacer declaraciones.

Esta sentencia del Tribunal Supremo vuelve a dar la razón a la plataforma Iniciativa Ciudadana y Profesional para la Defensa Juridica del Litoral (Prolitoral), que siempre se opuso a los planes del Gobierno regional para construir junto a las playas desiertas de la Marina de Cope y que ha conseguido doblar la mano en todas las instancias judiciales tanto a la Comunidad Autónoma como a Iberdrola y al resto de promotores inmobiliarios. Ya no caben más recursos.